CDE negoció pago al PC de $ 5.950 millones por imprenta confiscada durante régimen militar
Diputados de la Alianza solicitarán una sesión especial de la Cámara, ya que cuestionan la transacción extrajudicial en un año en que habrá elecciones municipales. Fuentes ligadas al Consejo de Defensa del Estado defienden la indemnización argumentando la existencia de un fallo de la Suprema, en 2000, que resultó adverso para los intereses del Fisco.
Andrés López y Patricia Zvaighaft
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Una sesión especial de la Cámara solicitarán en marzo diputados de la Alianza para indagar los alcances del acuerdo económico extrajudicial suscrito entre el gobierno y el Partido Comunista (PC) -avalado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- por la confiscación de la imprenta Horizonte durante el régimen militar.
La transacción, que implica un costo fiscal de $ 5 mil 952 millones según confirmó el Ministerio de Bienes Nacionales, generó una serie de cuestionamientos en la oposición, quienes sospechan que el pago busca favorecer a la colectividad, dirigida por Guillermo Teillier, con miras a las elecciones municipales de octubre próximo. "Me parece que el gobierno no debiera, bajo ninguna circunstancia, cerrar un acuerdo extrajudicial sin que al menos se informe de manera transparente a la Cámara de Diputados", advirtió el diputado RN Nicolás Monckeberg.
Para el parlamentario genera desconfianza que el acuerdo se produzca en momentos en que el Ejecutivo impulsa un pacto electoral con el PC para intentar desbancar a la oposición de una veintena de municipios emblemáticos.
En el mismo sentido, la senadora Evelyn Matthei (UDI) señaló que lo primero que se debe despejar es la manera en que se fijó el precio de la compensación, para determinar si se trató de un acuerdo razonable o no.
"Se van a tener que dar todas las explicaciones al país, para verificar si de verdad se trata de una indemnizacion o de un pago político producto de un acuerdo para las municipales", dijo la senadora.
El diputado gremialista Iván Moreira agregó que "el gobierno debería preocuparse de defender el patrimonio del Estado y no de los intereses del Partido Comunista".
Las suspicacias de la oposición se suman a la extrañeza que causó entre algunos abogados de la plaza el hecho de que el CDE -como contraparte del juicio- accediera a llegar a un acuerdo económico de envergadura en una causa en que aún no se fallaba en primera instancia.
Fuentes ligadas al CDE explican, sin embargo, que en el proceso sí existe un fallo relacionado de la Corte Suprema que es adverso para el Estado chileno y que, por lo mismo, lo recomendable era buscar un arreglo extrajudicial con el PC.
Se precisó que en 2000 y tras seis años de litigio, la Suprema decretó como ilegal la confiscación de la imprenta Horizonte y que debido a que el PC y el CDE no lograron acordar el monto reparatorio, en 2004 el partido inició un juicio civil para valorizar la propiedad y el lucro cesante que significó su paralización por más de 30 años.
Fue justamente en este último proceso en que el CDE visó un arreglo extrajudicial. "El caso estaba perdido para nosotros", señala una fuente ligada al ente estatal.
Otras fuentes que conocen la causa explican que, teniendo como precedente el fallo de la Suprema, lo mejor para el CDE había sido pactar una cifra y no arriesgarse a lo que podría haber decretado el juez, teniendo en cuenta que en la querella inicial el PC demandaba una reparación de $ 30 mil millones.
El timonel del PC, Guillermo Teillier, explicó a su vez que accedieron a buscar un acuerdo para no esperar otros diez años de juicio. "Desde el gobierno anterior que comenzamos a negociar esta transacción", agregó, descartando que el acuerdo se relacione con las elecciones municipales.
LA HISTORIA DE LA DEMANDA
El largo litigio comenzó en 1996, cuando el gerente de la imprenta Horizonte, Luis Barría, interpuso un recurso de nulidad de derecho público ante el 29° Juzgado Civil de Santiago, para impugnar y declarar inconstitucional la confiscación de la empresa en 1973.
En esa instancia, designó al fallecido abogado Gonzalo Bulnes Aldunate para que lo defendiera y lograra que el Estado pagara cerca de $ 30 mil millones solicitados como indemnización en la demanda inicial.
Seis años después, la Corte Suprema acogió el recurso de Barría y del PC, al declarar que no se ajustaba a derecho lo obrado por el régimen militar y anuló las confiscaciones decretadas. El máximo tribunal ordenó que el CDE tasara los bienes que al momento de ser confiscados estaban valorados en US$ 1 millón.
Finalmente, el partido no quedó conforme con la propuesta del organismo y decidió recurrir nuevamente a la justicia en 2004, para que el tribunal valorizara los bienes. Este año se logró el acuerdo en $ 5 mil 950 millones.
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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