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Contraloría detecta diversas faltas a la Ley del Lobby, a tres años de su promulgación Entre las anomalías, la entidad encontró viajes y audiencias sin publicar. Carlos Said A tres años de la promulgación de la Ley del Lobby, la Contraloría revisó el cumplimiento de la legislación en 131 instituciones del país, revelando que existen incumplimientos en puntos clave de la normativa.
Las entidades analizadas van desde municipios, intendencias y seremis, hasta hospitales, instituciones militares y departamentos universitarios, y muestran que el 15% de ellas no publica las audiencias que realiza, el 18% no transparenta los viajes de sus autoridades y funcionarios y el 12% no tiene en el registro de lobistas a algunos de sus sujetos activos, que son quienes se reúnen con otras entidades.
Además, más de la mitad de las instituciones pesquisadas no tiene en su registro de sujetos pasivos -el personal que toma decisiones y que es susceptible a ser influenciado- a los integrantes de las comisiones evaluadoras, quienes deliberaron en 1.634 licitaciones durante el año analizado (ver infografía).
El informe contiene 35 posibles faltas a la ley, y en todas se detecta al menos una institución que falla, en temas como la falta de registro de las donaciones recibidas o el registro incompleto de las audiencias concedidas.
Entre las instituciones que tienen incumplimientos, hay algunas que han estado en el "ojo del huracán" de la probidad, como el Ejército, que no registró la materia tratada en 28 de las 33 audiencias que concedió. A todas las instituciones, la Contraloría les pide dar "estricto cumplimiento a la normativa".
Restituir la confianza
Sobre las faltas, el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, dice que "es preocupante que existan niveles de incumplimientos importantes, pues el espíritu de esta ley es proporcionar información actualizada y veraz a los ciudadanos. Además, las audiencias y los viajes son dos materias particularmente sensibles. La primera, porque podría develar conflictos de interés y, la segunda, porque implica el gasto de recursos públicos que siempre deben ser bien utilizados".
Por eso, se suma al llamado del contralor para cumplir con la ley. "Esta norma obliga a transparentar viajes, audiencias y donativos de manera transversal y, por ende, todos los organismos deben hacer esfuerzos proactivos por cumplir la ley y proporcionar los datos exigidos. Las confianzas en las instituciones públicas y privadas sólo se restituirán si la información está a disposición de todos los ciudadanos", asevera.
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