En condiciones de ser analizado por la Comisión de Hacienda quedó el Protocolo adicional de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2002, luego de que la Comisión de Relaciones Exteriores aprobara por unanimidad la iniciativa.
La instancia, que preside el senador Jaime Gazmuri, acordó además incluir una recomendación al gobierno para que, mediante una ley, defina qué organismos van a cumplir con la obligación que establece este instrumento internacional de realizar visitas periódicas a los lugares de detención.
El senador Gazmuri valoró la aprobación de este Convenio "que significa que la causa de Derechos Humanos es cada vez más una causa país y que Chile realizará un gran esfuerzo de ahora en adelante para evitar no solo la tortura sino también los tratos inhumanos, degradantes y abusivos contra las personas".
Asimismo reconoció que "nuestro país aún tiene una deuda pendiente con el sistema carcelario donde todavía subsisten prácticas que degradan la dignidad de los presos, tales como, las condiciones de hacinamiento, la falta de condiciones de higiene, de salud, la ausencia de rehabilitación y la sobrepoblación crónica que están bajo los estándares de una sociedad que firma este Protocolo".
El parlamentario aclaró que el Protocolo crea un Comité a nivel internacional que será el encargado de dar seguimiento a los Estados suscriptores de la Convención en materia de cumplimiento de los compromisos establecidos y, en cada país, se creará además un Subcomité que cumpla con ese objetivo, formado por organismos autónomos e independientes del gobierno.
"En Chile esa función la tiene la Fiscalía de la Corte Suprema pero solo con respecto a los recintos penitenciarios pero no sobre otros locales de detención como lo son los de las policías. Por otra parte, el proyecto que crea el Instituto de DD.HH también tiene facultades para realizar dichas fiscalizaciones", dijo el senador Gazmuri.
Por lo tanto, indicó que "la sugerencia que se planteó al Ejecutivo es que en el plazo de un año estudiemos la posibilidad de generar algún organismos o forma de coordinación de todos los organismos en el país para instituir este Subcomité y esa coordinación requiere de una Ley especial".
VISITAS PERIÓDICAS
A su vez, el senador Hernán Larraín, integrante de la Comisión de RR.EE explicó que este Convenio crea un sistema de visitas periódicas a lugares de detención con el fin de evitar la posibilidad que personas privadas de libertad puedan ser sometidas a actos de tortura u otros malos tratos. "Esto nos ha parecido razonable, toda vez que existe una situación pendiente en este ámbito y, por lo tanto este Protocolo nos impone un desafío ético que debemos cumplir".
Agregó que "para que esto opere se tiene que crear por Ley una Comisión Nacional para evitar actos discrecionales sobre la materia, de modo de definir cuáles van a ser organismos nacionales que se van a hacer cargo de esto, ya que hay varios que pueden tener competencia sobre la materia".
En ese sentido, el legislador destacó que debe haber una integración y una adecuada coordinación respecto de todas las entidades que tienen atribuciones para fiscalizar los recintos de detención o que pueden llegar a tenerlas en el futuro, como en el caso del Instituto de Derechos Humanos".
El senador Larraín precisó que "para que este Tratado opere a cabalidad tenemos un año para definir con claridad cuales serán los organismos que efectuarán las visitas y los informes respectivos en Chile. Entre ellos, se cuentan la Corte Suprema, a través de su Fiscalía, el futuro Instituto de DDHH y otros como la Cruz Roja Internacional para tener una gran amplitud para abordar estos temas".
Por su parte, el Subsecretario General de la Presidencia, Edgardo Riveros destacó la aprobación de este Protocolo que "crea en nuestro país un Subcomité que tendrá como misión prevenir la ocurrencia de actos de tortura o tratos crueles o degradantes en contra de cualquier personas, incluidas aquellas privadas de libertad".
Puntualizó que "hemos convenido en la Comisión que cualquier aspecto que no sea mantener lo que hoy existe, como por ejemplo, una entidad coordinadora u otra en el futuro debe crearse por Ley y para eso el propio Protocolo establece el plazo de un año".
