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Monday, March 03, 2014

#lobby: PRESIDENTE CAMARA DE DIPUTADOS EDMUNDO ELUCHANS ASISTIÓ A PROMULGACIÓN DE LA LEY DEL LOBBY

PRESIDENTE camara de diputados edmundo ELUCHANS ASISTIÓ A PROMULGACIÓN DE LA LEY DEL LOBBY

Publicado el 03 de marzo del 2014

En el Palacio de La Moneda el Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó la promulgación de la ley que regula la actividad del Lobby, ante la presencia de las máximas autoridades del país.

     El Presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans, calificó la promulgación de esta norma como un paso muy importante para la transparencia y la política de nuestro país. 

    “Yo creo que en los momentos que vive Chile, que vive nuestra democracia, nuestro sistema, es fundamental que tengamos una ley de Lobby”, dijo el legislador. Agregó que “la palabra Lobby está sumamente desprestigiada y la verdad es que me parece que quizás eso es injusto. La actividad del Lobby es perfectamente legítima, si se ejerce con la transparencia, con la publicidad y con el respeto que debe tenerse a las instituciones y a las personas”. 

    Destacó asimismo que “esta ley, en los términos en que ha sido aprobada por el Congreso Nacional, va a constituir un serio avance en esta materia. Los momentos que vive nuestra sociedad y el mundo en general hacen que este tipo de tareas, este tipo de actividades, que se desarrollan por personas y por empresas, deban ser públicas”. 

    Añadió que estas gestiones “deben ser conocidas por la ciudadanía, por la opinión pública”, y la ley avanza en la transparencia en el debate de estos asuntos. 

    A la ceremonia realizada en el Salón Montt Varas, también asistieron parlamentarios y altas autoridades encabezadas por el Primer Mandatario y el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet. 

    En su alocución, el Ministro Larroulet destacó que a partir de ahora, todos los organismos del Estado deberán hacer pública su agenda, junto con una serie de sanciones a quienes incurran en falta de transparencia. 

    Por su parte, el Presidente Piñera dijo que durante 10 años se intentó regular el lobby y que se trata de una actividad legítima, más transparente y que con su promulgación, se está dando un gran paso para que el Estado vuelva a ser esa institución transparente, cercana, proba y eficiente al servicio de los ciudadanos.

    En lo sustancial, en la nueva ley se establece la obligación de los sujetos pasivos - autoridades y funcionarios llamados a adoptar las decisiones- de publicar mensualmente las reuniones sostenidas con lobbistas y personas que gestionen intereses particulares que intenten influir el proceso de toma de decisión pública; los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones y los regalos que reciban.

    También en esta ley, se establece la creación de un registro de lobbistas y gestores de interés particular y junto con ello, se fijan multas de 10 a 50 UTM para las autoridades o funcionarios que no cumplan con el deber de publicar la información o incluyan datos falsos, como también una pena del mismo monto para las personas naturales o jurídicas que soliciten reuniones y omitan o entreguen información falsa a la autoridad.

    Finalmente se establece que el procedimiento de sanción, en el caso de la administración del Estado, está a cargo de la Contraloría.
    Fuente:

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    Mandatario al promulgar la Ley que regula el lobby: "Estamos dando un gran paso adelante para que el Estado vuelva a ser esa institución transparente"

    Mandatario al promulgar la Ley que regula el lobby: “Estamos dando un gran paso adelante para que el Estado vuelva a ser esa institución transparente”

    03 de marzo de 2014

     

    Promulgación Ley de Lobby

    El nuevo marco legal centra el foco de la legislación en las autoridades y funcionarios llamados a adoptar las decisiones. Asimismo, regula tanto el lobby, esencialmente remunerado, como la gestión de intereses particulares, realizada sin que medie una remuneración por la actividad, tal como ONGS, sindicatos y otros grupos de interés.

    El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado de los ministros del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick; del Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet; y de Economía, Félix de Vicente, promulgó esta tarde, en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

    En el marco del lanzamiento del libro “Un Estado al servicio de las personas”, que constituye una revisión de las iniciativas de Modernización del Estado impulsadas durante los cuatro años del Gobierno del Presidente Piñera y que fue elaborado por la Unidad de Modernización y Gobierno Digital de la Segpres, el Jefe de Estado aseguró que en Chile no había ninguna regulación del lobby: “Durante 10 años intentamos regularlo y muchas veces veíamos con desazón que el lobby le había ganado la batalla a la Ley de Lobby”.

    Asimismo, agregó que “hoy día, finalmente, esta Ley de Lobby está viendo la luz del sol, y es bueno, porque hace una actividad legítima, una actividad más transparente y, en consecuencia, al servicio del bien común. Porque después de todo, la transparencia es un elemento central”.

    En esa línea, el Mandatario destacó que con esta legislación, “estamos dando un gran paso adelante para que el Estado vuelva a ser esa institución transparente, cercana, proba y eficiente al servicio de los ciudadanos”.

    La nueva Ley

    Desde hace 10 años se ha intentado legislar sobre la materia. El Ejecutivo presentó ante el Congreso Nacional el 5 de noviembre de 2003, por primera vez, un Proyecto de Ley destinado a regular el lobby, el que, luego de pasar por tres trámites constitucionales y un veto presidencial, detuvo finalmente su tramitación en septiembre de 2008.

    Poco después, el 5 de noviembre de 2008, el Gobierno envió al Congreso un nuevo Proyecto de Ley, que incorporaba observaciones que parlamentarios y especialistas habían hecho presentes durante la tramitación del anterior. Dicha iniciativa legal se aprobó por el Senado, no obstante se detuvo su tramitación el año 2009.  Asimismo, se presentaron una serie de mociones sobre la materia.

    En mayo del año 2012, el Gobierno del Presidente Piñera presentó una indicación sustitutiva al Proyecto de Ley del año 2008, tomando en cuenta el consenso que había sobre ciertas materias y también los desafíos que las distintas iniciativas enfrentaron durante su tramitación. Esta decisión es fruto del acuerdo surgido con los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara y del Senado.

    La ley aprobada centra el foco de la legislación en el sujeto pasivo, es decir las autoridades y funcionarios llamados a adoptar las decisiones. Asimismo, constituye un avance respecto de las iniciativas anteriores, ya que amplía de un modo notable los sujetos pasivos regulados y además porque se regula de igual forma tanto el lobby (esencialmente remunerado) como la gestión de intereses particulares (realizado sin que medie una remuneración por la actividad, tal como ONGS, sindicatos y otros grupos de interés).

    En ella, se establece la obligación de los sujetos pasivos de publicar mensualmente sus agendas públicas, es decir, las reuniones y audiencias sostenidas con lobbistas y personas que gestionen intereses particulares que intenten influir el proceso de toma de decisión pública; los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones y los regalos que reciban (en la Administración del Estado, aquéllos que están permitidos por la ley).

    Por otra parte, esta información se encontrará disponible en un solo sitio web y periódicamente se publicará el listado de sujetos activos que han sostenido reuniones o audiencias con los sujetos obligados en ese período. También se crea un registro de lobbistas y gestores de interés particular, en el cual éstos se pueden inscribir previamente de manera voluntaria, o automáticamente cuando realicen alguna gestión de lobby o de interés particular ante un sujeto pasivo. Estos registros los administra el Consejo para la Transparencia.

    Asimismo, se fijan sanciones (multas de 10 a 50 UTM) para las autoridades o funcionarios que no cumplan con el deber de publicar esta información o incluyan a sabiendas información falsa, como también una pena del mismo monto para las personas naturales o jurídicas que soliciten reuniones y omitan información o entreguen información falsa a la autoridad.

    El procedimiento de sanción, en el caso de la Administración del Estado está a cargo de Contraloría y en los órganos autónomos, de acuerdo a su propia estructura.

    Fuente:

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    #LOBBY: se promulga hoy ley de lobby.

         

    Promulgan la Ley de Lobby tras diez años de discusiones


















    El Presidente Piñera destacó que "estamos dando un gran paso adelante para que el Estado vuelva a ser esa institución transparente".

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    03
    marzo
    2014

    El Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó este lunes en La Moneda la Ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

    En la instancia, el Mandatario recordó que la iniciativa tardó 10 años en ser aprobada, periodo donde "el lobby le había ganado la batalla a la Ley de Lobby".

    "Hoy día, finalmente, esta Ley de Lobby está viendo la luz del sol, y es bueno, porque hace una actividad legítima, una actividad más transparente y, en consecuencia, al servicio del bien común. Porque después de todo, la transparencia es un elemento central", expresó Piñera.

    En esa línea, el Jefe de Estado destacó que con esta nueva legislación "estamos dando un gran paso adelante para que el Estado vuelva a ser esa institución transparente, cercana, proba y eficiente al servicio de los ciudadanos".

    Promulgan la Ley de Lobby tras diez años de discusiones. Foto: Agencia Uno.

     

    DETALLES DE LA NUEVA LEY DE LOBBY

    La Ley de Lobby amplía de un modo notable los sujetos pasivos regulados y además se regula de igual forma tanto el lobby (esencialmente remunerado) como la gestión de intereses particulares (realizado sin que medie una remuneración por la actividad, tal como ONGS, sindicatos y otros grupos de interés).

    En la legislación se establece la obligación de los sujetos pasivos de publicar mensualmente sus agendas públicas, es decir, las reuniones y audiencias sostenidas con lobbistas y personas que gestionen intereses particulares que intenten influir el proceso de toma de decisión pública; los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones y los regalos que reciban (en la Administración del Estado, aquéllos que están permitidos por la ley).

    Por otra parte, esta información se encontrará disponible en un solo sitio web y periódicamente se publicará el listado de sujetos activos que han sostenido reuniones o audiencias con los sujetos obligados en ese período. También se crea un registro de lobbistas y gestores de interés particular, en el cual éstos se pueden inscribir previamente de manera voluntaria, o automáticamente cuando realicen alguna gestión de lobby o de interés particular ante un sujeto pasivo. Estos registros los administra el Consejo para la Transparencia.

    Asimismo, se fijan sanciones (multas de 10 a 50 UTM) para las autoridades o funcionarios que no cumplan con el deber de publicar esta información o incluyan a sabiendas información falsa, como también una pena del mismo monto para las personas naturales o jurídicas que soliciten reuniones y omitan información o entreguen información falsa a la autoridad.

    El procedimiento de sanción, en el caso de la Administración del Estado está a cargo de Contraloría y en los órganos autónomos, de acuerdo a su propia estructura.





















































































    Fuente:24hrs

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    Fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado consideró procedente la extradición de Marie Emmanuelle Verhoeven, ciudadana francesa

         

    Caso Jaime Guzmán: Fiscal aprueba extradición de ex FPMR


















    Fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado consideró procedente la extradición de Marie Emmanuelle Verhoeven, ciudadana francesa

    POR  CONSTANZA SOLIS
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    marzo
    2014

    Marie Emmanuelle Verhoeven - también conocida como la comandante Ana- se encuentra detenida en Hamburgo, Alemania desde febrero de este año, luego que efectivos de Interpol cumplieran una orden de captura internacional que pesaba en su contra.

    Este lunes, la fiscal  judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, aprobó la petición del ministro en visita del caso, Mario Carroza de extraditar a la ciudadana francesa requerida por el homicidio del senador y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Gúzman Errázuriz.

    Según el informe, Carroza calificó "los hechos constitutivos de atentado terrorista con resultado de muerte", por lo que la fiscal Maldonado consideró pertinente su extradición desde Alemania.

    "El resultado de muerte a partir del cual se construye esta figura y la cualidad de terrorista de la misma que se tienen por suficientemente justificadas en esta etapa del proceso, han sido igualmente tipificada en la legislación alemana, de tal suerte que esta Fiscalía estima satisfecho este requisito”.

    "COMANDANTE ANA"

    En el expediente del caso se señala que la "comandante Ana"- como era conocida al interior de la agrupación extremista- habría cumplido labores de inteligencia en elFPMR y escapó de nuestro país a mediados de los noventa.

    Asimismo, fue informante y habría sido parte de la directiva.

    En 2010, el ministro Carroza le solicitó a Francia que la interrogara por su vinculación en el crimen, pero el país galo -donde la detenida vive y trabaja como periodista y psicóloga- respondió que primero se debía comprobar que el FPMR era una organización terrorista.











































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    ¿Quién controla las agencias de calificación?

    las tres grandes

    ¿Quién controla las agencias de calificación?

    03/03/2014 - 04:41M.J.P.

    Rockefeller, Warren Buffet o Bill Gates son algunos de los nombres que controlan Moody's, Standard and Poor's y Fitch

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    ¿Quién controla las agencias de calificación?

    Existen claros indicios de la relación entre conocidos filántropos y gurús financieros y el reparto de poder en las grandes agencias de «rating». Bill Gates, Warren Buffet, David Rockefeller y F. Marc Ladreit forman parte, directa o indirectamente, del accionariado de las «Big Three». Todo un oligopolio de poder. Entre las tres copan el 96% del mercado, con una cifra de negocio que roza los 4.600 millones de dólares. Son las más renombradas desde que estallara la crisis a finales de 2007: Standard & Poor's (S&P), Moody's y Fitch Rating. En sus manos, el destino del capital y del devenir de muchas economías.

    La que concentra más poder en el mercado es Moody's Corporation, con un 40% de cuota de la calificación crediticia. La agencia americana cotiza en la Bolsa de Nueva York y sus diez primeros accionistas concentran el 53,5% del capital. Entre ellos, destacan dos de especial relevancia en el mundo inversor: Berkshire Hathaway y The Capital Group. Berkshire Hathaway, con el 12,5% de la agencia, es un conglomerado económico presidido por uno de los más grandes inversionistas en el mundo, además de ser su mayor accionista, el multimillonario Warren Buffet. Este mismo grupo está integrado además por otro magnate americano y destacado miembro del consejo de admnistración: Bill Gates, cofundador y ex presidente de Microsoft. Berkshire Hathaway controla además de la mayor parte de Moody's grandes negocios vinculados a sectores económicos de gran calado económico: energía, telecomunicaciones, transportes, construcción, seguros y, sobre todo, productos financieros. La familia Rockefeller -cuya cabeza visible en la actualidad es David Rockefeller- está detrás del accionariado de The Capital Group, que a su vez tiene un 12,38% de Moody's. Con sede en el Rockefeller Center de Nueva York, el grupo está presidido y dirigido por James F. Rothenberg.

    A diferencia de Moody's, S&P no cotiza. Pero sí su propietario: el grupo editorial McGraw Hill, que está en el parqué de la Bolsa de Nueva York. Hecho que nos lleva a encontrar algunas coincidencias curiosas con su máximo competidor. Sobre todo, accionistas comunes. Estos son: The Capital Group (12,31%), State Street (4.34%), Vanguard Group (3,84%), BlackRock (3,84%) y T. Rowe Price (3,32%). Aunque McGraw Hill fundamentalmente se dedica a los servicios financieros y al análisis de bonos y stocks, también tiene negocios en el mundo educativo y editorial, así como en medios de comunicación. Su presidente es Harold «Terry» Mc Graw Hill III, secretario general, además, de la Bussiness Roundtable, un poderosa y conservador lobby patronal de los Estados Unidos que ha presionado con éxito para evitar, entre otras cuestiones, una mayor regulación de las agencias.



    Leer más:  ¿Quién controla las agencias de calificación?  http://www.finanzas.com/noticias-001/economia/20140303/quien-controla-agencias-calificacion-2618313.html#VwZ1vt1KNENjV2Lx
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    Organismos estatales cumplen en 61,8% en promedio tramitación de solicitudes de información pública

    Organismos estatales cumplen en 61,8% en promedio tramitación de solicitudes de información pública

    La fiscalización sobre el derecho de acceso a la información pública efectuado por el Consejo para la Transparencia detectó que los organismos públicos cumplen en 61,8%, en promedio, en la tramitación de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos.

    El proceso abarcó a 122 organismos de nivel central, regional y municipios de ocho regiones del país (Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Valparaíso; Maule; Biobío, Los Lagos y Región Metropolitana) y tuvo como objetivo conocer cómo están funcionando los mecanismos para solicitar y recibir información pública, tanto de manera presencial como vía web.

    A través de la metodología de usuario simulado se presentaron solicitudes en línea entre junio y julio y solicitudes presenciales entre agosto y septiembre de 2013, con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia como también la aplicación de la Instrucción General N° 10, además de considerar las buenas prácticas allí contenidas.

    En total se presentaron 244 solicitudes —una presencial y una virtual en cada institución— y se detectó que existen barreras a las que se ven enfrentadas las personas, lo cual afecta el ejercicio del derecho a la información pública, según informó el Consejo este lunes.

    En la oportunidad también se evaluó la calidad y oportunidad de las respuestas recibidas a las solicitudes de información ingresadas.

    El puntaje promedio de cumplimiento de las 122 instituciones fue de 61,85%, siendo las superintendencias las que obtuvieron el resultado más alto (90,03%) y los servicios de salud los que registraron el más bajo (23,93%).

    Según la directora de Fiscalización, Alejandra Sepúlveda, para este proceso se utilizó la metodología de usuario simulado para presentar solicitudes en línea y presenciales en servicios de salud, hospitales, municipios, universidades, subsecretarías y superintendencias.

    Sepúlveda aseveró que los ciudadanos se ven enfrentados a ciertas "barreras" que impiden ejercer su derecho a acceder a información pública. Por ejemplo, hay organismos que cuando una persona pide antecedentes le exigen requisitos que no contempla la Ley de Transparencia: domicilio particular, número de cédula de identidad, comuna y región.

    En cuanto a los ingresos de manera electrónica, en algunos organismos se identificaron barreras al ingreso en sus procesos online por diferentes motivos: página web no operativa, errores de tipo informático y/o la carencia de un Sistema de Ingreso de Solicitudes (no posee formulario electrónico). También se detectaron casos donde, en los formularios electrónicos, se solicitan requisitos con carácter obligatorio que no están considerados en la Ley.

    La jefa de fiscalización agregó que, comparativamente, el año 2013 tuvo un mejor rendimiento en relación con 2012, en lo global.

    "Si comparamos los 63 organismos que fueron evaluados en 2012 y nuevamente fiscalizados en 2013, se observa que en el ingreso presencial hay un aumento del cumplimiento en un 10,77% y en el ingreso online, de un 37,57%", detalló.

    Asimismo, recalcó que los resultados de la fiscalización son enviados a cada organismo, detallando las observaciones y la forma en que deben ser resueltas ajustándose a la normativa.


    Fuente:terra

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