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Saturday, August 02, 2008

=?iso-8859-1?Q?[Posible SPAM]=20?= Crisis económica, suspensión de pagos, quiebra y concurso

Sábado, 02-08-08
ASISTIMOS a una revolución de las palabras. Los políticos, encargados de cambiar la realidad, se han dado cuenta de que es más fácil cambiar el lenguaje. Las palabras se convierten en «armas arrojadizas» en el debate político; desde el poder se impone un lenguaje «políticamente correcto» y se anatematiza todo desvío, por «antipatriótico», «agorero» o «catastrofista». Lo «correcto» políticamente no es servirse de las palabras para expresar la realidad, sino para esconderla; el lenguaje no se usa para entenderse, sino para faltar a la verdad o inducir a error.
Acabamos de presenciar una de esas batallas: crisis, desaceleración, recesión o depresión son términos económicos sobre cuya exactitud los contendientes no se ponen de acuerdo. La tozudez de los hechos acaba imponiéndose a la flexibilidad de la semántica y los defensores del lenguaje «políticamente correcto» terminan -antes o después, en función de su menor o mayor capacidad de resistencia- por dar su «lengua a torcer». Estos políticos no comparten la invocación de Juan Ramón Jiménez a la intelijencia (con j, en la grafía del poeta):
¡Intelijencia, dame el nombre exacto de las cosas!
Es grave ocultar la realidad con palabras, sobre todo cuando es el médico el que, en lugar de tratar la enfermedad, trata de ocultarla.
La ficción acaba cuando caen las primeras víctimas del mal. Las crisis provocan en las economías privadas una enfermedad contagiosa: la insolvencia, la situación del deudor que no puede cumplir sus obligaciones. Insolvente no es el que no paga sino el que no puede pagar, y en ese caso ya no bastan los medios ordinarios de protección jurídica singular de cada acreedor; es necesario un procedimiento colectivo que integre a todos los acreedores y los someta a un tratamiento paritario (par condicio creditorum).
En nuestro Ordenamiento, a partir de la Ley 22/2003, de 9 de julio, vigente desde 1 de septiembre de 2004, ese procedimiento se llama concurso. Pero cuando se ha producido en España la primera solicitud de declaración de concurso de una gran sociedad, los medios de comunicación han evitado su nombre y han recurrido al de suspensión de pagos, denominación de un procedimiento colectivo que en España desapareció con la Ley Concursal de 2003. Hoy existe un único procedimiento de insolvencia, el concurso, que no sólo ha sustituido al de suspensión de pagos, sino a los de quiebra, quita y espera, y al viejo concurso de acreedores, que era el común, propio de los deudores no comerciantes, como aún dice el DRAE en su 22ª edición, 2001, anterior a la reforma concursal.
En este caso no hay intención de ocultar la realidad sino, sencillamente, uso incorrecto de una denominación jurídica. Las instituciones que el Derecho ha destinado a tratar la insolvencia han sido muchas y denominadas de muy distinta forma a lo largo del tiempo y del espacio, un repertorio muy amplio en el Derecho comparado.
Es clásica la denominación bancarrota (bankruptcy, en inglés jurídico), referida al signo externo con el que los cambistas medievales expresaban públicamente su insolvencia: la rotura de la banca en la que ejercían su actividad profesional.
A la idea de ruptura se vincula también la palabra quiebra (faillite, fallimento), que pasa a expresar la situación de desarreglo patrimonial del deudor (quebrado). Por el contrario, la denominación concurso no se refiere al deudor sino a los acreedores (concurso de acreedores) y señala el efecto que en éstos provoca la situación de insolvencia de aquél: la concurrencia de todos los acreedores sobre el patrimonio del deudor común.
Concurso es voz castiza en la terminología jurídica española. Los tratadistas del siglo XVII la utilizan en su original latino (concursus). Me refiero a las obras de Amador Rodríguez (Tractatus de concursu et privilegiis creditorum..., Madrid, 1616) y, sobre todo, de Salgado de Somoza (Labyrinthus creditorum concurrentium..., Lyon, 1651). Al éxito de esta última se debe la extensión del término en Europa, principalmente en los países germánicos (Austria, Alemania), en los que el procedimiento de insolvencia se denominó Konkurs.
En la codificación española, el término quiebra se reserva para el procedimiento especial de los deudores comerciantes, más severo en sus efectos (Códigos de Comercio de 1829 y 1885), y se denomina concurso el procedimiento común de los deudores no comerciantes (Código Civil de 1889). La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 comprendió la regulación separada de ambas instituciones.
La denominación concurso no representa, pues, novedad alguna en la terminología española; al contrario, goza de un largo uso, que, junto a su étimo latino, la legitima como palabra castiza. Por el contrario, suspensión de pagos es expresión más reciente e importada del francés, que entró en el Código de comercio de 1829 como la primera «clase de quiebra», la del comerciante que, teniendo bienes suficientes para cubrir sus deudas, carece de medios para satisfacerlas a sus vencimientos, por lo que suspende su pago y pide a sus acreedores un plazo (convenio de espera). Es lo que las Ordenanzas de Bilbao (1737) denominaban, en su buen castellano, «atraso».
A partir del Código de comercio de 1885, la suspensión de pagos se convierte en un procedimiento preventivo de la quiebra, que tiende a evitarla mediante la obtención de un convenio entre el deudor y sus acreedores. Pero el régimen suave de la versión original del Código, que admitía la suspensión tanto en el caso de iliquidez como en el de desbalance (pasivo superior al activo), cambió, en evitación de abusos y fraudes, con la reforma de 1897, en la que se vuelve al presupuesto de la iliquidez y al convenio de espera.
Una nueva oscilación introdujo la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, dictada con la finalidad de evitar la quiebra del Banco de Barcelona en época de crisis económica, y que reguló un procedimiento susceptible de tramitar tanto «insolvencias provisionales» como «definitivas» (activo inferior al pasivo), en un régimen de quiebra mitigada, para desembocar en un convenio de muy amplio contenido (de quita y de espera, de liquidación o de continuidad de la empresa).
Aquella Ley, nacida con carácter provisional para resolver un caso concreto, ha estado en vigor ochenta y dos años, hasta su derogación por la Ley Concursal de 2003. Pero tan longeva Ley parece resistirse a desaparecer y el nombre de la institución que reguló sigue vivo en el lenguaje vulgar y en los medios de comunicación (incluso especializados), que se resisten a denominar al vigente procedimiento de insolvencia por su nombre exacto: concurso.
El concurso ha sustituido a la suspensión de pagos. No se trata de un caprichoso cambio de denominación de «la antes denominada suspensión de pagos» -como suele decirse-, sino de un procedimiento diferente. La reforma ha reconducido a unidad instituciones dispersas: ya no existen procedimientos separados para la insolvencia de los empresarios (quiebra y suspensión de pagos) y para los no empresarios (concurso de acreedores, quita y espera); existe un procedimiento único, cuyo nombre se ha elegido no tanto por respeto a la tradición jurídica española como por lógica consecuencia del principio de unidad inspirador de la reforma de 2003, ya que, al desaparecer las diferencias entre procedimientos para comerciantes y para no comerciantes, es razonable que el único que subsiste reciba la denominación propia del común, no del especial.
El concurso, a diferencia de la suspensión de pagos, puede ser voluntario (solicitado por el deudor) o necesario (a instancia de acreedor); su solución puede consistir en convenio o en liquidación del patrimonio del deudor; de seguirse una u otra, los efectos sobre la persona del deudor y sobre los créditos son distintos. A diferencia de la vieja suspensión de pagos, cuya flexibilidad se prestó a corruptelas muy notorias, el concurso es un procedimiento versátil, pero ordenado, más completo en su regulación, más «universal» y técnicamente más correcto. La crisis económica lo pondrá bien a prueba.
A instituciones diferentes corresponden nombres distintos, y no es correcto confundirlos. La evolución del Derecho de la insolvencia desgasta vocablos cargados de su sentido originario como quiebra y bancarrota, evocadores de un rigor represivo que ya no es propio del concurso. Es lógico que así acaezca también con el nombre de la suspensión de pagos, una institución jurídica fenecida. No lo resucitemos para denominar lo que hoy, muy propiamente, se llama concurso.
MANUEL OLIVENCIA
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
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¿TRANSPARENCIA EN CHILE?

PARTICIPACION CIUDADANA:
 
¿TRANSPARENCIA EN CHILE?

¿CHILE TRANSPARENTE?
CREAR CONSCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO NO ES FACIL, NUESTRAS CORPORACIONES GUBERNAMENTALES TIENEN QUE FUNCIONAR DEBIDAMENTE PARA CHILE Y NO PARA UNOS POCOS.
 HAY COSTOS MUY ALTOS QUE CREEMOS QUE NO VEMOS, PERO QUE EN UN MAÑANA SI PODREMOS VER, INCLUSO INSTITUCIONES DESMORONANDOSE DEBIDO AL MAL MANEJO QUE PUDO HABER HABIDO  EN ELLA, INCLUSO NUESTRO PROPIO GOBIERNO Y ESTADO PODRIA PERJUDICARSE CON INDEBIDAS SITUACIONES QUE SON CASI CONSIDERADAS NORMALES PERO QUE LAMENTABLEMENTE SON HORROROSAS.
Y NO SOLO QUIERO QUEDARME CON UN NIVEL ESTATAL, SI NO QUE HABLEMOS DE NUESTRO PROPIO VECINO O UN PROPIO AMIGO, SI PARTIMOS HACIENDO LAS COSAS BIEN EN CASA, CREANME QUE AL SALIR DE ELLA PODREMOS ACTUAR DE LA MISMA MANERA.
NO ES MENTIRA EL DICHO " TODO PARTE POR CASA" Y PENSEMOS A NOSOTROS NOS GUSTARIA QUE  NOS ROBARA NUESTRO HIJO, NUESTRO PADRE, NUESTRA MADRE, DESPUES PENSEMOS NOS GUSTARIA QUE NUESTRA CASA ESTE EN MAL ESTADO PERO UNA PIEZA ESTE DE LUJO CON LO ULTIMO DE MODA, MIENTRAS SU ALREDEDOR SE DESMORONA?
SE CUAL PUEDE SER SU RESPUESTA. Y ESTO NO SE TRATA DE ENVIDIA, VUELVO A INSISTIR COMO EN VARIOS ARTICULOS YA ESCRITOS POR MI, SE TRATA SIMPLEMENTE DE "REALIDAD".
HOY CREO AMIGOS QUE CHILE SI NOS NECESITA, CHILE ESTA SUFRIENDO UN PERIODO DONDE LA CORRUPCION ES ALGO COMUN, Y PARA NO RENOMBRAR LA PALABRA CORRUPCION A CADA RATO, PODEMOS HABLAR DE LA "INTERRUPCION AL BIEN COMUN"
TENEMOS CIENTOS DE INSTITUCIONES QUE VELAN POR EL RESTO, PERO CUANDO VAMOS A VELAR POR NOSOTROS MISMOS?
HAY COSTOS SOCIALES Y ECONOMICOS QUE NOS PASARAN LA CUENTA, SI TU NO TE ATREVES A DENUNCIAR LO QUE ESTA PASANDO NADIE LO HARA, NECESITAMOS LA ALTERNANCIA EN EL PODER, PARA QUE LOS MISMOS NO SIGAN ROBANDO Y LOS QUE VENGAN SEPAN QUE ESTAMOS PREPARADOS Y ATENTOS A LO QUE HARAN! ESTA ES NUESTRA MISION.
SE PROPONEN UNA SERIE DE MEDIDAS, Y MUCHAS COMISIONES EXPERTAS PROPUESTAS POR EL GOBIERNO, PERO LA VERDAD, ALGUNA HA DADO RESULTADO? NUESTRAS  PALABRAS CLAVES ENTONCES SERAN
TRANSPARENCIA, PROBIDAD, REALIDAD.
NO PERDAMOS LAS ESPERANZAS
CARMEN CASTILLO
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CHILE: SENADO: Rechazaron nombramiento de ministro Alfredo Pfeiffer a la Corte Suprema

LA CONCERTACION ENGAÑA A LA PRESIDENTA Y A LA ALIANZA OPOSITORA

Rechazaron nombramiento de ministro Alfredo Pfeiffer a la Corte Suprema

La propuesta de la Presidenta de la República sólo logró 23 de los 25 votos que requería. Diez senadores votaron en contra, dos se abstuvieron y uno se inhabilitó.

Alianza pidió respetar el acuerdo

Tras un intenso debate que se prolongó por dos horas, el Senado rechazó por falta de quórum la propuesta de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para nominar como nuevo integrante de la Corte Suprema al ministro Alfredo Pfeiffer Richter.

 

El oficio presidencial, que pretendía llenar la vacancia dejada por el magistrado Enrique Tapia, solo logró 23 de los 25 votos que se requerían para su ratificación. 

 

A la inhabilitación del senador Jorge Pizarro, se sumó la abstención de los senadores Camilo Escalona y Juan Pablo Letelier; mientras que los senadores Eduardo Frei, Soledad Alvear, Jaime Naranjo, Nelson Ávila, Jaime Gazmuri, Pedro Muñoz, Alejandro Navarro, Ricardo Núñez, Carlos Ominami y Mariano Ruiz-Esquide votaron en contra.

 

A favor, se pronunciaron los senadores de la Alianza Por Chile, los independientes Carlos Bianchi, Carlos Cantero y Adolfo Zaldívar; y los concertacionistas Guido Girardi, Roberto Muñoz Barra, José Antonio Gómez, Hosaín Sabag y Guillermo Vásquez.

 

El rechazo de esta propuesta por parte de los senadores de la Concertación fue duramente cuestionado por sus pares de la Alianza quienes criticaron que se "rompiera" el acuerdo que se había logrado entre distintos sectores políticos que permitía que los ministros Haroldo Brito y Alfredo Pfeiffer llegaran al máximo tribunal.

 

AGRAVIO AL SISTEMA POLÍTICO

 

De hecho, los senadores Hernán Larraín, Alberto Espina, Sergio Romero, Jorge Arancibia y Jaime Orpis enrostraron al oficialismo haber roto el acuerdo que forma parte del mecanismo que se consensuó en los últimos años para renovar la Corte Suprema.

 

Asimismo, señalaron que ello no sólo le infringe un "agravio" a la Presidenta sino que también al sistema político porque se "abusó de la buena fe de la Alianza". En tal sentido advirtieron que lo ocurrido esta tarde no es "neutro" y tendrá consecuencias políticas graves, pues no existen garantías que permitan sustentar nuevos consensos.

 

Al término de la sesión los senadores Alberto Espina y Hernán Larraín citaron a una conferencia de prensa para referirse a lo sucedido.

 

"Se rompe un acuerdo de palabra y de caballeros entre la Alianza y la Concertación, lo que significa un daño a la confianza que debe existir para que nuestro sistema de convivencia en democracia funcione adecuadamente", dijo el senador Espina.

 

Por su parte el senador Larraín manifestó que "los integrantes de la Concertación se ha convertido en personas no confiables que deshonran la política chilena" y agregó que lo ocurrido "constituye un engaño para la Alianza y, por lo tanto para la democracia de los acuerdos porque no han honrado su palabra empeñada y esto es lo más grave que se le puede decir a un político porque nuestro capital es nuestra palabra".

 

A su turno, el senador Romero señaló que "La Concertación ha notificado al país que ya no solo no le queda unidad –luego de presentar dos listas en las elecciones municipales-, sino que ha perdido lo más importante en la política que es la palabra empeñada". Agregó que esta situación provoca "un daño irreparable al sistema político" y significa "el término del accionar de la Concertación como coalición gobernante".

 

Cabe recordar que durante la votación en Sala, todos los senadores de la oposición que intervinieron destacaron la amplia trayectoria del magistrado Pfeiffer, quien entró al Poder Judicial hace 38 años, señalando que es un "juez hecho y derecho" con una trayectoria judicial notable y una "hoja de vida impecable" en la que destacan la elaboración de una serie de textos de derecho procesal y el ejercicio de diversos cargos de docencia.

 

Asimismo, recordaron que en 35 oportunidades ha formado parte de las quinas que ha elaborado la propia Corte Suprema para integrar el máximo tribunal y que en las últimas siete oportunidades ha ocupado el primer lugar con la máxima evaluación.

 

Por ello, estiman necesario que aún cuando su doctrina jurídica no sea compartida por todos, es fundamental que la Corte Suprema esté integrada por buenos jueces que reflejen la pluralidad de las doctrinas jurídicas.

 

Por su parte, los senadores Bianchi y Zaldívar recordaron que no formaron parte del acuerdo político, pero señalaron que para ellos es elemental contar con una Corte Suprema independiente del poder político e integrada por una diversidad.

 

Asimismo, se planteó que es difícil entender que la Presidenta de la República no haya estado al tanto de todos los antecedentes que cuestionaron los senadores del oficialismo.

 

FALLOS EN CASOS DE DD.HH

 

Por su parte, los senadores Carlos Ominami, Jaime Naranjo, Nelson Ávila, Alejandro Navarro, Mariano Ruiz -Esquide, Camilo Escalona, Jaime Gazmuri, Soledad Alvear, Juan Pablo Letelier y Ricardo Núñez, reconocieron la existencia de un acuerdo político, pero advirtieron que ello no se podía convertir en una imposición, menos aún cuando dicho pacto "sobrepasa la obligación de conciencia".

 

Los parlamentarios argumentaron que no tienen ningún problema en apoyar la nominación de un magistrado de derecha o de otra tendencia distinta, pero señalaron que no se les puede pedir lo mismo ante un magistrado que ha formado parte de un grupo que "denegó justicia cuando era particularmente necesaria en el país".

 

Los senadores hicieron referencia a la aplicación de la Ley de Amnistía por parte del magistrado en algunos casos emblemáticos de Derechos Humanos, decisiones que luego fueron revocadas por la Corte Suprema, y criticaron su postura frente a la validez de los Tratados Internacionales sobre la materia.

 

En tal sentido, los legisladores oficialistas señalaron que era "inconveniente para el país" la incorporación del ministro al máximo tribunal pues éste órgano ha tenido una doctrina que va en la línea contraria los postulados del juez.

 

PALABRA EMPEÑADA

 

Por su parte los senadores Guillermo Vásquez, José Antonio Gómez, Guido Girardi y Roberto Muñoz Barra, manifestaron que aún cuando no comparten muchas de las opiniones y decisiones que ha aplicado el magistrado durante su trayectoria en el Poder Judicial, optaron por respaldar su nominación y respetar el acuerdo.

 

Argumentaron que es fundamental "para la convivencia democrática" respetar "la palabra empeñada", pues ello es el principal capital en política.

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=?iso-8859-1?Q?[Posible SPAM]=20?= Presentan demanda contra Transantiago por financiamiento de ENAP para el combustible de las máquinas

Presentan demanda contra Transantiago por financiamiento de ENAP para el combustible de las máquinas

Senadores Jovino Novoa y Andrés Allamand

Senadores Jovino Novoa y Andrés Allamand denunciaron ante la Contraloría, la ayuda de la ENAP a los operadores del sistema de transportes de la capital por "ilegal".

Los senadores de la Alianza Jovino Novoa y Andrés Allamand denunciaron ante la Contraloría General de la República al sistema de transportes Transantiago, por la ayuda prestada por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para costear sus estanques de combustibles.

 

De acuerdo a los parlamentarios, el Ministerio de Transportes instruyó al Administrador Financiero del Transantiago (AFT) a emitir 20 pagarés por una suma de 15 millones de pesos, a cada uno de los operadores del sistema.

 

Precisaron que con estos documentos, los operadores pagaron el combustible de sus vehículos en dos bencineras de la capital, las que finalmente entregaron los pagarés a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

 

Los parlamentarios afirmaron que "es ilegal que la ENAP preste dinero para costear la falta de recursos del Transantiago, polémica que ya se suscitó en 2007 con los fondos del Metro, y la cual ya fue declarada ilegal por parte de la Contraloría".

 

Recalcaron que "ENAP terminó otorgando un financiamiento al Transantiago lo cual, excede su giro autorizado por ley. Este es un caso más donde se obtienen recursos al margen del Parlamento, al margen de la voluntad de los legisladores, al margen de la Ley de Presupuestos, y al margen de cualquier norma legal". 

 

El senador Jovino Novoa aseveró que "nosotros no vamos a cejar en nuestro afán para que, primero, la gente pueda tener un transporte digno, segundo, para que se acabe el déficit gigantesco del Transantiago y, tercero, para que el Transantiago sea parte de la legalidad y no esté al borde de ella". 

 

Puntualizó que, "de descubrirse una irregularidad, se podría echar por tierra el acuerdo que el ministro René Cortázar tiene con la oposición, para aprobar el subsidio permanente al transporte público" y que se encuentra cumpliendo su primer trámite, en la Cámara de Diputados.

 

Señaló que "una de las condiciones fundamentales para aprobar cualquier ley es terminar con este tipo de operaciones de dudosa legalidad. Si no hay disposición para terminar con estos mecanismos, yo creo que no hay posibilidad de aprobar este proyecto. Además, otro punto que se ha puesto como condición es un compromiso para reducir el déficit".

 

Por su parte, el senador Andrés Allamand emplazó al directorio de ENAP, presidido por el ministro de Minería, Santiago González, a pronunciarse sobre esta operación financiera. 

 

"Esta es una información que ENAP debe entregar, sus ejecutivos, su directorio y su presidente. No olviden ustedes que la Contraloría dictaminó que en una operación similar, realizada por el Metro, se había actuado al margen de la legalidad", concluyó.

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CHILE: SENADO AL DIA

Senado - Periódico Electrónico
Edición N° 187.- Semana entre el 28 de Julio y el 3 de Agosto de 2008 [Boletines Anteriores]
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Hemos tomado conocimiento que el Senado de los EE.UU. aprobó, por amplia mayoría, una ley destinada a rescatar a los deudores habitacionales en mora, y con ello, poner fin al interminable embargo de casas que finalmente quedan sin vender porque los posibles...

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UN ACUERDO EN ENTREDICHO

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Senador Jaime Gazmuri, Región del Maule

El acuerdo fue mas allá de lo que podíamos resistir

 

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RESÚMENES DE SESIONES DE LA SEMANA

Sesión 37ª, Especial, en martes 29 de julio de 2008

Presidió la sesión el Senador Adolfo Zaldívar, Presidente. Actuó de Secretario don Carlos Hoffmann y se realizó de 11.08 a 13.05 horas, con la asistencia de 32 senadores.

Sesión 38ª, Ordinaria, en martes 29 de julio de 2008

Presidió la sesión el senador Adolfo Zaldívar, Presidente. Actuó de Secretario don Carlos Hoffmann y se realizó de 16.19 a 18.57 horas, con la asistencia de 35 senadores.

Sesión 39ª, Especial, en miércoles 30 de julio de 2008

Presidieron la sesión los senadores Adolfo Zaldívar, Presidente y Baldo Prokurica, Vicepresidente. Actuó de Secretario don Carlos Hoffmann y se realizó de 15.41 a 17.33 horas, con la asistencia de 36 senadores.

Sesión 40ª, Ordinaria, en miércoles 30 de julio de 2008

Presidió la sesión el senador Adolfo Zaldívar, Presidente. Actuó de Secretario don Carlos Hoffmann y se realizó de 17.33 a 17.47 horas, con la asistencia de 36 senadores.

 
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Rodrigo González Fernández
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