José Antonio Viera-Gallo
Ministro Secretario General de la Presidencia
Negar la presencia de un pueblo o una etnia en un Estado es una actitud que históricamente ha sido fuente de problemas y grandes conflictos. La pertenencia a una etnia originaria, en este caso mapuche, no la definen la pureza de la sangre o los apellidos ni los siglos de convivencia con otros pueblos mayoritarios y con vocación absorbente. Lo central es reconocerse como parte de una cultura y una tradición. Hoy casi 900 mil personas se reconocen mapuches.
El artículo "Falsedades sobre la Araucanía", de Sergio Villalobos, es un vivo ejemplo que la convivencia de lo diverso es compleja. A nivel mundial, la toma de conciencia de los derechos de los pueblos originarios se inició en los 80, proceso influenciado por la globalización, y se encuentra en pleno desarrollo en todas las latitudes. En "El Mercurio", el profesor Sergio Villalobos desarrolló la tesis de que los mapuches, por su mestizaje a través de la historia, no existen como pueblo. Es un planteamiento absurdo, que podríamos extender al afirmar que los españoles no existen por la mezcla con la sangre mora.
El informe final de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato -un grupo asesor creado por el Presidente Ricardo Lagos en 2003- señala: "Las comunas rurales como urbanas que concentran el mayor porcentaje de población indígena son a su vez las que registran los más altos índices de pobreza e indigencia".
La historia escribe que después de siglos de lucha entre la Corona y los mapuches, a través de diversos tratados que comenzaron en 1641, España reconoció como territorios autónomos los que se encuentran al sur del río Biobío. En paralelo avanzaba el comercio. Es probable que la ausencia de un líder reconocido por todos debilitara la opción mapuche, pero el dato era representativo de un modo peculiar de organizarse. José Bengoa señala que había un millón de personas en la Araucanía a la llegada de los españoles: "Un millón de habitantes significa que el territorio estaba densamente poblado y con un volumen de recursos capaces de sostenerlos. El territorio chileno no era habitado por bandas de aborígenes desarrapados ni por grupos aislados de cazadores nómades. Un millón de habitantes en un territorio tan delimitado -desierto de Atacama, cordillera y mar- plantea la existencia de una organización social, o varias organizaciones, bien estructuradas".
Como en otras latitudes, en la colonización se inició una rápida penetración comercial en territorio aborigen, y a mediados de la década de 1860 comienza un avance sostenido del Ejército hacia la frontera, comandado por el general Cornelio Saavedra. El último y noveno levantamiento mapuche del siglo XIX fue en el momento en que Chile había enviado sus tropas al Perú, por la Guerra del Pacífico. Un pacto entre los ejércitos de Argentina y Chile en 1882 marcó un hito: tras 300 años de resistencia, los araucanos fueron vencidos. Los mapuches fueron instalados en reducciones y se estimuló el desarrollo de la propiedad privada de la tierra. No muchos se acomodan y emigran, o deben asalariarse en las nuevas haciendas en tierras de sus antepasados. La discriminación racial, la explotación, el desdén y la vigencia de la vinculación familiar y étnica y las tradiciones mantuvieron viva la idea de luchar por la recuperación de las tierras en el siglo XX.
A la reforma agraria del gobierno del Presidente Frei Montalva, el Presidente Salvador Allende suma una política de expropiación latifundista: se devuelven 300.000 hectáreas a los mapuches, y se apoya el desarrollo productivo. Después del golpe militar comienza la contrarreforma bajo la figura de la regularización de títulos de propiedad. En 1979 entró en vigencia el decreto ley de división de las comunidades indígenas, muy resistido. Antes, las tierras propiedad de los mapuches se encontraban bajo una disposición legal que sólo permitía su transferencia entre miembros de una misma comunidad o etnia.
Con el término de la dictadura, las comunidades mapuches demandan el reconocimiento del Estado a la diversidad étnica y cultural en Chile y el respeto de sus derechos.
En los últimos 20 años hemos avanzado en reconocernos como parte de una realidad pluriétnica, como lo establecen la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT. Otras naciones nos llevan la delantera, como los países escandinavos con la minoría lapona; Nueva Zelandia, con el pueblo maorí, y Australia. Pero en ningún país la convivencia de lo diverso es fácil. Gracias a las políticas educacionales de la Concertación, una nueva generación de jóvenes cuyos padres no son profesionales acceden a educación media y superior. En el caso mapuche, esto derivó en miradas diferentes entre los antiguos lonkos y los jóvenes que conocen la modernidad. Y ello se mezcló con el avance internacional sobre la realidad de los derechos de los pueblos indígenas. Esto creó un nuevo clima, del cual el gobierno de la Presidenta Bachelet se ha hecho cargo, especialmente a partir de 2008 con el programa "Reconocer".
El país debe dar respuestas innovadoras a las demandas indígenas, tanto en el plano socioeconómico como en el político y cultural. Ello presupone reconocer la existencia de los pueblos originarios, y no negarla, como hace el profesor Villalobos, y promover su derecho a progresar manteniendo su identidad cultural.
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Rodrigo González Fernández
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