La reforma al sistema electoral, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional, son sólo algunos de los proyectos que incluyó la Presidenta Michelle Bachelet en su mensaje del 21 de mayo, que requieren de la venia de la derecha para su aprobación.
Ello, pues aunque el conglomerado opositor se ha escudado en que la mayoría simple que tiene la Concertación en ambas ramas del Congreso debería bastarle a la mandataria para sacar adelante su agenda, las once líneas legislativas que esbozó Bachelet en su cuenta obligan a un "pacto legislativo" como el propuesto por el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.
En función de los capítulos de la Carta Fundamental que cada iniciativa aspira a reformar, se requieren de dos tercios o cuatro séptimos de cada rama del legislativo para convertirse en ley. Lo mismo ocurre con las Leyes Orgánicas Constitucionales, como la LOCE, que exigen para su modificación los mismos cuatro séptimos de los legisladores en ejercicio.
Así, mientras la derecha arguye que el desorden oficialista es el único obstáculo que puede entorpecer el éxito de las propuestas, en estricto rigor la oposición puede "torpedear" –como dijo la misma Presidenta- las transformaciones que el gobierno comprometió al país.
Y así quedó demostrado en el rechazo por falta de quórum del proyecto que permitía el voto de los chilenos radicados en el extranjero, a pesar que durante la campaña presidencial, el candidato opositor Sebastián Piñera se comprometió explícitamente a sacar adelante esta ley.
Pero esa razón, aunque la derecha descartó el pacto al que convocó Viera Gallo, ayer mismo el ministro del Interior, Belisario Velasco, subrayó las necesidades de acuerdos para que "podamos despachar, al más breve plazo, los proyectos que den beneficios a todos los chilenos".
El propio Viera Gallo siguió en esa línea, sentenciando que "los dirigentes de la oposición deberían responder derechamente a la invitación que se les ha hecho. Decir sí o no, eso es lo que quiere la opinión pública", sentenció.
Los proyectos más conflictivos
El ministro Viera Gallo mencionó en estos días que se requeriría llegar al famoso "pacto legislativo" con la oposición para cumplir con la reforma al sistema electoral, una de las transformaciones más difíciles de tragar en la Alianza por Chile, ya que la UDI asegura su rechazo y RN mantiene serias dudas.
En lo que respecta a la participación democrática, se buscarán los votos de derecha para aprobar la inscripción automática en los registros electorales, y la desafiliación voluntaria. La Mandataria anunció además que insistirá en una reforma para permitir la votación de los chilenos en el extranjero, lo que hace esperar que se reponga un antiguo proyecto que permanece en el Senado o se envíe uno nuevo dentro de un año a través de la Cámara Baja.
Para las etnias, el gobierno se la jugará por la aprobación del Convenio 169 de la OIT y de una reforma constitucional que reconoce el carácter multicultural de la nación chilena, los pueblos originarios y el ejercicio de sus derechos, obligando al Estado a proteger las tierras y aguas indígenas.
En tanto, en términos de derechos humanos está la insistencia en la ratificación de la Convención de Roma, que crea el Tribunal Penal Internacional y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, además del anuncio de Bachelet de promover una ley que resuelva todos los asuntos patrimoniales y civiles de las víctimas, además de apoyar la moción que declara inaplicable la amnistía y la prescripción para los crímenes de lesa humanidad.
De los conflictos a la urgencia
Para solucionar los problemas de Transantiago, la jefa de Estado envió al Congreso un proyecto que crea la Autoridad Metropolitana de Transportes, y otro que establece un administrador provisional o interventor cuando caduca la concesión de un operador por incumplimiento grave, mientras que las dudas se depositan en la aprobación de los 290 millones de dólares para financiar los déficit del sistema.
Los fondos para la educación municipal están entre los compromisos más importantes en ámbito social, y no existe la certeza de que estén todos los votos necesarios. A esta iniciativa se suman el proyecto que deroga la antigua LOCE, y propone una nueva Ley General de Educación –que está en trámite-; y la creación de una Superintendencia de Educación, responsable de fiscalizar el buen uso de los dineros anunciados.
La propia mandataria pidió el 21 de mayo "un análisis acucioso, pero también una aprobación rápida" del Congreso para hacer posible la destinación de 650 millones de dólares adicionales para la educación escolar a partir de 2008.
También se requiere la anuencia de la derecha para buena parte de la Reforma previsional, la iniciativa más emblemática del gobierno de Bachelet.
La Presidenta no podía dejar fuera de su discurso esta medida de protección social, por lo que destacó que "analizaremos las indicaciones de los parlamentarios con la mayor atención y discutiremos todo aquello que enriquezca nuestra propuesta".
También ingresarán al Parlamento un proyecto para perfeccionar el seguro de cesantía y ampliar el número de beneficiarios, otro que permitirá a los trabajadores hacer valer eficazmente sus derechos en juicio, un tercero que crea más tribunales del Trabajo y, por último, el que instituye la figura del Defensor Laboral.
Las soluciones planteadas para los deudores habitacionales son asimismo urgentes, luego de las bulladas manifestaciones respaldadas por la derecha. Mientras que para fortalecer el área Salud, estará el proyecto de ley para extender a 80 la cobertura de problemas de salud con garantías explícitas de aquí al año 2010.
