El proyecto se presentó sin la presencia de la oposición.
El proyecto que será enviado al Congreso se presentó sin la presencia de la oposición, que objeta la iniciativa, por considerar que tiene como fin beneficiar al ex presidente Néstor Kirchner, actual diputado electo y esposo de la mandataria.
La iniciativa gubernamental propone que todos los partidos políticos se sometan a elecciones internas abiertas, obligatorias y simultáneas para elegir a sus candidatos nacionales a presidente, vicepresidente, diputados y senadores.
También propone la caducidad de los partidos que no logren sumar un mínimo de 3% de afiliados en alguna de las provincias del país y prohíbe el financiamiento privado para propagandas de campaña en radio y televisión.
La propuesta gubernamental se presentó luego de que fracasaran una serie de reuniones con los diferentes representantes de la oposición, convocados por el oficialismo tras la derrota del kirchnerismo en los comicios legislativos de fines de junio.
Durante el anuncio del proyecto, la presidenta Fernández afirmó que la iniciativa busca "democratizar" los partidos políticos, para evitar que los candidatos sean "elegidos a dedo".
"Queremos arribar a un sistema de partidos políticos fuertes, donde el ciudadano se sienta partícipe y responsable", afirmó la mandataria.
En cambio, para la oposición, la imposición de internas abiertas y obligatorias busca favorecer la posición de Néstor Kirchner de cara a las elecciones presidenciales de 2011, cuando deberá enfrentarse a una fuerte oposición interna dentro del Partido Justicialista (peronismo).
Críticas
Los partidos más pequeños también cuestionan el piso del 3% del padrón electoral como requisito para acceder a las elecciones generales, afirmando que esto deteriora la democracia.
Queremos arribar a un sistema de partidos políticos fuertes, donde el ciudadano se sienta partícipe y responsable
Cristina Fernández, presidenta de Argentina
"La reforma política no debe estar pensada para que se cristalicen las viejas estructuras del bipartidismo y para impedir el crecimiento de nuevos partidos", afirmó Martín Sabbatella, diputado electo del partido Nuevo Encuentro, una de las nuevas agrupaciones que disputaron cargos nacionales en los comicios legislativos de junio.
Los diferentes referentes de la oposición también criticaron el hecho de que la propuesta oficialista no incluya otros cambios que ellos consideran cruciales para una verdadera reforma política.
En ese sentido -en una infrecuente muestra de unidad- la oposición acordó pedir que se le quite al Poder Ejecutivo la facultad de realizar el escrutinio provisorio, traspasando ese control a la Justicia Electoral.
También exigió que se implemente una única boleta por cada cargo, para eliminar las llamadas "listas sábana", que agrupan a todos los candidatos a diversos cargos de un mismo partido en una sola boleta electoral, obligando al elector a cortar a sus elegidos si forman parte de boletas distintas.
La boleta única pondría fin a otros artilugios políticos, como las "listas colectoras" -por las que un mismo candidato nacional puede encabezar distintas listas de candidatos locales- y las "listas espejo", que consisten en presentar a los mismos candidatos bajo distintos sellos partidarios y, por ende, en más de una boleta.
Caos electoral
Según los analistas políticos, todos esos "recursos electorales"contribuyeron a que en los últimos comicios legislativos hubiera un número récord de opciones, con hasta 60 listas diferentes en algunos centros electorales.
La reforma política no debe estar pensada para que se cristalicen las viejas estructuras del bipartidismo y para impedir el crecimiento de nuevos partidos
Martín Sabbatella, diputado electo por Nuevo Encuentro
Es por eso que la mayoría concuerda en la importancia de implementar la boleta única.
Para Pablo Secchi, experto en derecho electoral de la ONG Poder Ciudadano, el alto número de candidatos se debió a la falta de "procesos de democracia interna" en los partidos, que permitió que algunas fuerzas tuvieran más de un nominado.
Secchi le dijo a BBC Mundo que el sistema partidario actual también favoreció el "caos electoral", al permitir la existencia de más de 50 partidos nacionales y más de 600 a nivel provincial.
"Eso es una locura", opinó, agregando que "es necesario racionalizar el sistema de partidos".
Pero, a pesar de estar de acuerdo con la necesidad de acotar el número de agrupaciones políticas y de imponer a los partidos elecciones internas, el experto cuestionó el hecho de que estas internas sean abiertas, como propone el gobierno.
"Es importante poner fin a la 'dedocracia' en los partidos, pero habría que preguntarse si una primaria abierta y obligatoria no es una injerencia de la ciudadanía en los asuntos de los partidos políticos", señaló.
Financiación
Otro reparo del especialista tiene que ver con la propuesta oficial de prohibir el financiamiento privado de las campañas políticas en los medios audiovisuales.
Es importante poner fin a la 'dedocracia' en los partidos, pero habría que preguntarse si una primaria abierta y obligatoria no es una injerencia de la ciudadanía en los asuntos de los partidos políticos
Pablo Secchi, experto en derecho electoral
Según los analistas políticos, esa veda apuntaría directamente al millonario empresario Francisco de Narváez, el diputado electo de Unión Pro que venció en los comicios legislativos a Néstor Kirchner, gracias en parte a una fuerte campaña mediática financiada con su propio dinero.
La prohibición de usar fondos privados para la propaganda en radio y televisión cuenta con el apoyo de parte de la oposición.
Para Secchi, que el Estado reparta los espacios de publicidad equitativamente entre todos los candidatos no es malo.
El problema, según el analista, es que el gobierno cuente con la ventaja adicional de poder utilizar recursos públicos para darle buena imagen, a través de anuncios oficiales que promuevan los logros del gobierno.
Es por eso que desde la oposición piden que se prohíba también la propaganda de actos de gobierno durante la campaña.
El oficialismo buscará que la reforma política sea debatida en el Congreso antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, pero los congresistas de la oposición ya manifestaron su intención de retrasar su discusión.
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