Aplicación de una doctrina falaz
Las declaraciones del ex ministro Secretario General de la Presidencia Edgardo Boeninger y del ex presidente de la Cámara de Diputados y del PPD Jorge Schaulsohn revelan que el uso de recursos de los fondos sociales del Estado en la maquinaria política de la coalición gobernante se sustentaba en una virtual doctrina -antes nunca del todo asumida ni explicitada- éticamente inaceptable.
Boeninger señaló: "Desde el comienzo, en la Concertación se pensó que, así como el dinero privado favorecía fundamentalmente a los partidos de derecha, no sería ilegítimo recibir financiamiento público a través de los recursos estatales para los programas sociales". Y concluyó: "Es una percepción profundamente equivocada y que facilitó conductas reprochables". Esa doctrina, tácitamente, se habría mantenido durante los casi 17 años de gobierno que lleva la Concertación. El reproche de Boeninger deja la impresión de un juicio a posteriori respecto de algo superado. Lamentablemente, lo que se observa no confirma que lo esté.
Schaulsohn fue más allá, y precisó los fundamentos de dicha doctrina: para la Concertación, la lucha entre la izquierda y la derecha (el "bien" y el "mal", en su metáfora) era desequilibrada, por el poder económico de la segunda, y de llegar ésta al gobierno, su poder sería incontrarrestable. Ello se hizo más palpable luego de los 30 mil votos de diferencia entre Lagos y Lavín en la primera vuelta de 1999, cuando la Concertación "sintió a la derecha respirando en el cuello". Y afirmó que en el último cónclave de los parlamentarios concertacionistas con la Presidenta Bachelet, se manifestó que "el uso de recursos públicos no es tan grave, porque la derecha tiene toda la plata de los empresarios", de modo que "no sienten que hacen algo malo, sino algo noble". Esa doctrina condujo al MOP-Gate, a Chiledeportes, al abuso de los PGE y de Indap en las campañas electorales, e incluso -afirma Schaulsohn- al uso de fondos reservados para pagar a los partidos en los inicios de la Concertación. Según ella, mientras los fondos fueran para "pagar sobresueldos" o "campañas políticas" o "financiar a los partidos", tendrían una "justificación ética" o, en palabras de Boeninger, no "sería ilegítimo" hacerlo. Pero si fueran directamente a enriquecer a las personas, sería inaceptable.
Toda esta construcción argumental es falaz. Evidentemente -y como lo dice Schaulsohn-, la derecha dista mucho de tener un poder total (no estaría por 17 años en la oposición si lo tuviera); los propios empresarios, en muchos casos, financian campañas de la Concertación, contra la suposición de la izquierda; los medios de comunicación no son, en caso alguno, todos de derecha, y aun si lo fueran, serían incapaces de construir una realidad política artificial; en fin, la supuesta línea divisoria entre financiamiento político y enriquecimiento personal no es sostenible en el tiempo, sin que se quiebre por todas partes.
No procede la indignación concertacionista contra quienes han tenido el valor de reconocer semejantes irregularidades. Cuando más, si algo cupiere reprocharles, es no haber formulado antes sus denuncias. En cambio, se requiere con urgencia una profunda reflexión de la dirigencia de la Concertación, que se sume a las de Boeninger y Schaulsohn y que conduzca -además de condenar expresa y categóricamente lo ya obrado con tan desviada visión- a una profundísima rectificación ética en el uso de recursos públicos.
Una honda enmienda es apremiante: los daños que causa tan equivocado criterio son enormes, pues él conlleva el germen del desprestigio de Chile y del descrédito del servicio público, irreemplazable para el normal funcionamiento de las instituciones y el desarrollo del país.
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