UDI analiza acusación constitucional por traspaso de recursos del Metro a Transantiago y no descarta fraude al Fisco

 

Ministro Velasco con los días contados..... es in-admisible pretender by-pasear la ley y menos admisible para pasar dineros al transantiago....esto bordea nla corrupción y recuerda la UP.

Fecha edición: 06/05/2007 11:23

El presidente de la UDI, Hernán Larraín, aseguró que su partido analiza no sólo la posibilidad de una interpelación al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, por la intención de traspasar US$ 80 millones del Metro al Transantiago, sino que también se estudia una acusación constitucional y no se descarta la existencia de fraude al Fisco.

"Puede haber una situación de fraude al Fisco (...) así que puede no solamente haber un problema constitucional sino que también un problema penal", declaró el timonel gremialista en entrevista con TVN.

"Le hemos encargado a abogados que estudien la situación de defraudación eventual y le hemos encargado también a nuestros asesores que veamos si es posible una interpelación, una acusación constitucional, para ver con los mecanismos constitucionales que tendrán que ver los diputados si procede o no una materia de esta naturaleza, porque me parece extremadamente grave lo que ha ocurrido", explicó Larraín.

"Si es cierto la razón que ha dado Blas Tomic para retirarse me parece que es lo más grave que ha ocurrido en el Transantiago", dijo el senador UDI respecto del renunciado presidente del Metro, quien presentó su dimisión el viernes tras ser el único miembro del directorio en oponerse a la fórmula que el gobierno pretende aplicar para financiar al Transantiago, traspasándole US$ 80 millones.

A juicio del presidente de la UDI, "aquí se han gastado cientos de millones de dólares sin preguntarle al Congreso, que es el que autoriza los gastos".

"Cuando se quiere ahora dar una nueva inyección de recursos al Transantiago, evitando de nuevo pasar por el Congreso, se hace vía Metro, vía subsidio de una empresa pública, Blas Tomic dice 'eso no es correcto', tiene que ir al Congreso y por eso pierde el cargo porque el directorio del Metro (..) decide que tiene que ser así, saltándose al Congreso, a mí me parece que si eso es verdad, yo creo que ya lo de Andrés Velasco pasa a una situación distinta, me parece que está buscando burlar el ordenamiento constitucional y eso abre espacio a una acusación constitucional", añadió Larraín.

"Que ahora se haya buscado deliberadamente hacerlo agrava una cosa ya hecha y además lo pone bajo la tela de juicio de una situación de carácter penal, que nosotros tenemos que investigar, no quiero hacer una acusación, pero sí abrir el espacio a esa discusión", concluyó.

Las declaraciones del timonel gremialista se enmarcan en la arremetida que inició la Alianza contra el gobierno tras la renuncia de Tomic al Metro y que tuvo su partida con el anuncio de que se citará a Velasco a la comisión de Transportes de la Cámara de Diputados para que dé a conocer el real déficit del Transantiago.

En este sentido, los diputado Cristián Monckeberg (RN) y Gonzalo Uriarte (UDI) reafirmaron sus críticas insistiendo en que la fórmula para inyectar recursos al plan de transporte a través del Metro no es legal.

"La ley del Metro 18.772 no permite que el Metro actúe como banco ni como prestamista ni tampoco como operador de buses urbano", aseguró Uriarte.

"Toda esta cuchufleta que se ha armado además de ilegal pone en serio riesgo la estabilidad financiera y patrimonial del Metro, por eso nosotros vamos a exigirle al ministro de Hacienda ahora que nos explique por qué está involucrando a una empresa que ya ha perdido la calidad del servicio y ahora puede perder la estabilidad financiera", añadió.

Monckeberg destacó que "vamos a iniciar todas las medidas de fiscalización pertinentes y entre ellas la citación del ministro de Hacienda a la comisión de Transporte y también vamos a buscar una fórmula para requerir a la Contraloría, porque aquí hay recursos públicos que se están poniendo en juego".

"Cada herramienta constitucional se verá en su mérito", concluyó el legislador UDI.

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politica internacional Sarkozy es el nuevo Presidente Francés

Ministerio del Interior francés: Sarkozy es el nuevo Presidente

Domingo 6 de Mayo de 2007 
14:15 
Agencias

Noticia en Permanente Actualización

PARÍS.- El conservador Nicolas Sarkozy ganó la elección presidencial de Francia, superando cómodamente a la candidata socialista Ségolene Royal, según datos divulgados por el Ministerio de Interior, con el 75,22 por ciento de los votos escrutados.

El conservador Nicolas Sarkozy obtuvo el 53,30% de las preferencias sobre la socialista Ségolène Royal, quien se quedó con 46,70% de los votos.

Según el balance del ministerio del Interior, la participación ha sido del 85,04 %.

Previamente, proyecciones de televisión difundidas tras el cierre de los colegios electorales, le habían otorgado a Sarkozy una puntuación de entre el 53 y el 53,2 % de los votos y a Royal un 46,8 a un 47 %.

Profunda Emoción

Tras conocer los resultados, el Presidente electo de Francia expresó su "inmensa y profunda emoción" y afirmó que con su victoria le corresponde dar a su país "lo que me ha dado a mí", expresando su orgullo por dirigir los destinos de "una gran nación".

Junto con expresar su respeto por la candidata derrotada, agregó que, más allá de las divergencias, será "el Presidente de todos los franceses".

Además telefoneó a su rival de la segunda vuelta, Ségolène Royal, para felicitarla por su campaña, y recibió las felicitaciones del jefe de Estado saliente, Jacques Chirac, le deseó éxito en su nueva función.

El traspaso de poderes entre Chirac y Sarkozy tendrá lugar el 16 de mayo. Sarkozy será el sexto Presidente de la V República y presidirá el país durante los próximos cinco años.

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CORRUPCIÓN-ARGENTINA:

CORRUPCIÓN-ARGENTINA:
Sombras caen sobre el gobierno
Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, 4 may (IPS) - Las investigaciones a firmas privadas por fraude tributario y soborno, que han puesto a la defensiva al gobierno argentino de Néstor Kirchner, cobrarán impulso tras la decisión de un tribunal de alzada de mantener separados ambos procesos judiciales.

"Hay elementos que permiten presumir fuertemente la existencia de cohecho en beneficio de funcionarios públicos, así que espero que esta resolución judicial sirva para avanzar en las causas", comentó a IPS el diputado opositor Adrián Pérez, cuya denuncia de fines del año pasado dio origen a una de las dos pesquisas.

Tras un largo período de indefinición, la Cámara en lo Penal Económico resolvió mantener separadas las dos causas judiciales referidas al llamado "caso Skanska", que involucra en primer lugar a esa empresa sueca. Un proceso comenzó en 2005 y es por presunta evasión fiscal y el otro se originó con la denuncia de Pérez ante la justicia federal de probable cohecho.

La primera causa avanzó más rápidamente y ya se detuvo y procesó a personas y se realizaron allanamientos. La segunda, que debe descubrir si empresas privadas pagaron comisiones ilegales a funcionarios públicos para ser beneficiadas con la realización de obras del Estado, marchaba a paso lento pero cobraría impulso a partir del fallo del tribunal, según Pérez.

El escándalo, que el gobierno centroizquierdista intenta presentar exclusivamente como un problema entre privados, apunta a Skanska, contratada por la también privada Transportadora de Gas del Norte (TGN) para construir la planta compresora Deán Funes, en la central provincia de Córdoba, que ampliaría la capacidad del Gasoducto del Norte.

Según las pesquisas, TGN sostuvo ante la Secretaría de Energía, ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y ante funcionarios del estatal Banco Nación que los precios de Skanska y de sus competidoras estaban 150 por ciento por encima de su presupuesto de referencia, que las oferentes no conocían.

Por sugerencia de Enargas, hubo tres llamados para mejorar los precios y como los valores bajaban poco –nueve por ciento fue lo máximo que ajustó Skanska en la segunda ronda-- TGN pretendió declarar desierta la licitación y sugirió incluso un posible acuerdo de precios (cartelización).

Frente a la urgente necesidad de ampliar la provisión de gas a la población argentina, las autoridades de Enargas consultaron a TGN si estaba en condiciones de realizar las obras por su cuenta al precio de referencia. Tras obtener una respuesta negativa, entonces exhortaron a la empresa a contratar de inmediato a alguna de las firmas oferentes.

En este aspecto, las posiciones difieren. El presidente de Enargas, Fulvio Madaro, asegura que fue TGN quien eligió a quienes adjudicar.

Pero una carta de esta empresa publicada el sábado 28 de abril en el diario local La Nación señala que "Enargas dispuso adjudicar las obras" a las tres principales firmas participantes de la licitación, entre ellas Skanska.

Según Madaro, TGN tenía como presupuesto testigo una obra similar construida en 2000, antes del colapso económico de Argentina de fines de 2001 que llevó a la devaluación de la moneda nacional respecto del dólar. Por eso es que tenía un precio mucho menor que lo que se pedía en 2004 por la misma infraestructura.

TGN, que no habla con la prensa, no lo negó ni lo confirmó.

Mientras, el jefe de Gabinete ministerial, Alberto Fernández, sugirió que la empresa multinacional argentina Techint, que tiene 15 por ciento de acciones de TGN, demoraba en 2004 la obra de ampliación del gasoducto como forma de presión para aumentar las tarifas de gas, que se mantenían congeladas por decisión gubernamental.

El diputado Pérez, del partido Afirmación para una República de Iguales, explicó a IPS por qué cree que el gobierno está involucrado en el caso. En primer lugar señala que toda la operación de contratación fue supervisada por Enargas, que tiene la función de controlar "técnica y financieramente" las obras públicas del sector.

Por otro lado, en la causa por defraudación tributaria ya se probó que Skanska utilizó a empresas fantasma para blanquear pagos indebidos. En principio se sospechó que se trataba de una práctica para evadir impuestos, pero luego se hallaron elementos sobre presuntos sobornos.

A raíz de la investigación judicial, la casa matriz de Skanska despidió a todos los integrantes de la plana mayor de su filial en Argentina, reconoció una evasión impositiva de 13 millones de pesos (más de cuatro millones de dólares) y canceló su deuda con el organismo recaudador.

Pero el juez Javier López Biscayart, a cargo del proceso por fraude tributario, sospechó que el desvío de facturación podría ocular sobornos. Esta última investigación quedó a cargo del juez federal Guillermo Montenegro, tras la confirmación de separación de ambos procesos dispuesta el jueves por la Cámara en lo Penal Económico. López Biscayart, del fuero Penal Tributario, ya procesó a una decena de personas relacionadas con la empresa fantasma Infiniti Group, de la que se sirven numerosas firmas para justificar gastos.

Uno de los dos detenidos en este proceso penal, es Adrián López, autor de emisiones de facturas falsas y quien sugirió que detrás de Skanska está el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

"Fue una acusación confusa, eso sólo no sirve, pero lo que sí tiene fuerza es que Skanska reconoció el pago de comisiones indebidas", remarcó el diputado Pérez.

En verdad, la firma no reconoce oficialmente esos pagos pero un allanamiento permitió recoger memorandos internos en los que se alude a ellos.

Pérez indicó que "uno de los documentos sugiere que el que indujo a la firma sueca a contratar a Infiniti Group fue Nicolás Ulloa", titular de Fideicomisos Nación, una entidad dependiente del Banco Nación que se encargó de administrar los fondos con los que se llevó a cabo la ampliación del gasoducto.

Pero Kirchner asegura que es "un asunto entre privados". Lo mismo señala De Vido, y el ministro de Interior, Aníbal Fernández. Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, coincide en que el gobierno "no tiene absolutamente nada que ver", aunque esta semana advirtió que si un funcionario aparece involucrado se irá del gobierno.

"No vamos a esperar la sentencia judicial, se lo echa en el acto", remarcó.

Las sospechas se incrementan por un clima de intimidaciones y amenazas. A fines de marzo, el periodista Carlos Russo, fue sorprendido en su apartamento por personas armadas que se llevaron sus pertenencias, incluyendo sus teléfonos móviles, su agenda electrónica y su cuaderno de notas.

Russo, del diario local Perfil, fue el que primero en develar elementos que relacionaban a funcionarios del gobierno con el caso Skanska.

El juez López Biscayart trasladó en marzo a López a una cárcel dependiente de la Policía Federal, porque el imputado le reclamó que en dependencias del Servicio Penitenciario Federal temía por su vida.

El ministro del Interior se negó a autorizar el traslado y, ante la insistencia del juez, lo denunció ante el Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de evaluar y eventualmente sancionar la conducta de los magistrados.

Luego de la denuncia, desestimada por el Consejo, López Biscayart reveló que desconocidos intentaban recavar datos sobre su vida privada entre ex parejas suyas.(FIN/2007)

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