Lo ocurrido en la votación del Senado que rechazó la entrega de 145 millones de dólares al sistema de transporte público de Santiago, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos, dejó en evidencia errores de forma y fondo en la estrategia gubernamental.
Respecto a lo primero, considero que fue absolutamente inoportuno mezclar el tema de los recursos para el Transantiago con la discusión de la Ley de Presupuestos. Primero, porque contaminó toda la tramitación de esta iniciativa. Hoy nadie sabe la cantidad de fondos que se destinaron a salud, educación o vivienda, ya que todo el debate estuvo centrado en el Transantiago y en Ferrocarriles. Y, segundo, en el plano político, pues desde hace mucho tiempo que sabemos que nuestra mayoría en el Senado es frágil y en la práctica muchas veces inexistente, con lo cual el riesgo que se perdiera la propuesta del Gobierno era más que una posibilidad cierta.
Por estas razones, es que hace dos meses como mesa del Senado le expresamos claramente al ministro de Transportes, René Cortázar, que ambas materias fueran en proyectos separados. De este modo, nos habríamos encontrado en un escenario distinto, con tiempo para buscar acuerdos y así lograr una postura unitaria frente a una situación que ya no resiste más improvisaciones.
Pero, aquí –como lo he señalado antes- también tenemos que asumir que estamos frente a un problema de fondo. Y, en este sentido, llamo al Gobierno a reconocer de una vez por todas que el Transantiago es una política pública fracasada que clama con urgencia un replanteamiento total.
Fracasó, porque no sirvió para dar un servicio de calidad, digno y eficiente a la gente. Fracasó, porque no ha logrado financiarse debiendo el Estado acudir a su salvataje periódicamente y todo indica que esta práctica se va a continuar repitiendo. Y fracasó, porque hasta la fecha ha sido un festival de incumplimientos por parte de ministerios que prometieron obras que no hicieron y de los privados que no pusieron la cantidad de micros que debían poner ni tampoco con los servicios tecnológicos comprometidos en los contratos, entre otros aspectos.
En consecuencia, aquí necesitamos medidas radicales y desde ya propongo que -más allá del tema de los recursos que el Gobierno deberá resolver- cualquier diseño para el próximo año se realice a partir de una intervención decidida del Estado. Y cuando hablo de una intervención decidida, me estoy refiriendo a que tome el control de toda la operación del sistema de transporte público de la capital para efectuar todos los cambios que sean necesarios y así la gente pueda recibir al fin, después de años de espera, un servicio decente que satisfaga plenamente sus necesidades de desplazamiento.
No es difícil hacerlo. Sólo se necesita coraje y voluntad política para llegar a acuerdos. Basta de esconderse en tecnicismos y sesgos ideológicos. Hace tan sólo algunos días el país fue testigo de cómo fuimos capaces de alcanzar un consenso respecto a las modificaciones de la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Ello demuestra que los caminos se encuentran cuando existe disposición de dialogar.
Aquí los políticos tiene una gran responsabilidad. En este sentido, y sin arrogancia alguna, con la autoridad que me da el haber sido Presidente de la República y como actual Presidente del Senado, los llamo a buscar una solución de verdad y a no convertir el Transantiago en una excusa para maniobras políticas de diferente naturaleza.
Estamos frente a un drama social que afecta diariamente a millones de personas y, por lo tanto, no es el momento de buscar el aplauso fácil que puede ser muy glamoroso hoy, pero que el país paga caro mañana. Eso no le sirve a Chile y por eso, los invito, antes que nada, a solucionar estas dificultades. Más adelante habrá tiempo para el juego de perdedores y ganadores.
Sinceremos la realidad e impulsemos los cambios que se requieren. Pongámonos rojos una vez y no cien veces amarillos, como está ocurriendo. Durante estos años hemos hecho tanta cosas buenas, que no podemos darnos el lujo de desperdiciar lo construido por culpa de una política pública probadamente fracasada.
