CHILE AUN NO TIENE DEFENSOR DEL PUEBLO....
Villena se siente salpicado por video-coima sin razón valedera
Reacciones: El Defensor del Pueblo y uno de sus antecesores afirman que la entidad fue afectada por el video-coima. Waldo Albarracín pide investigar hechos y no convocar a declarar a personas que no pueden ayudar a esclarecer el caso.
Rolando Villena recordó ayer que el video-coima se grabó a mediados de 2009, cuando ni sus protagonistas ni él formaban parte de esa entidad, pese a lo que se instaló la impresión de que quien da el dinero es un funcionario de la Defensoría del Pueblo.
"Pareciera ser el móvil del video estar en relación directa con la Defensoría, cuando no es así".
Esa filmación guarda relación con las investigaciones sobre las actividades de la milicia liderada por Eduardo Rózsa Flores en territorio nacional.
Villena tomó posesión de su cargo en mayo de 2010, aproximadamente un año después de que Ignacio Villa Vargas, alias "el Viejo", se diera a la fuga.
Carlos Núñez del Prado comenzó a trabajar en la Defensoría del Pueblo en junio de 2010, después de que esa institución sufrió un robo y fue recomendado por el abogado Jaime Quiroga, quien, según la red televisiva Uno, fue asesor del ex ministro Juan Ramón Quintana.
Edson Alí Espinoza, efectivo de la Policía, es la tercera persona involucrada y nunca fue parte de la Defensoría.
"Se debe buscar a los responsables"
Los protagonistas del video-coima no formaban parte de la institución, dijo ayer el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en cuyo criterio "estamos en el proceso de vuelta del efecto bumerán (de la emisión del disco), por lo que se debe investigar quiénes fueron los responsables de que éste se haya filtrado a los medios".
En esa grabación, conocida el 13 de enero, se observa cómo Ignacio Villa Vargas, alias "el Viejo", delator de las actividades de la célula de Eduardo Rózsa Flores, recibe un soborno de 31.500 dólares para huir de Bolivia. Carlos Núñez del Prado, que cuando se hizo la filmación se desempeñaba como director general de Seguridad Ciudadana, es la persona identificada como quien da el dinero al soplón.
Villena no pudo precisar si la difusión de ese video tuvo la finalidad política de causarle daño, pero aseguró que los afectados "están en varios frentes, uno de los cuales es la Defensoría. Uno se puede preguntar a quién perjudica, pero más importante que eso, es determinar quién permitió que ese documento se filtre. Por ello, quien cae mal es el responsable de su custodia, y así se puede llegar hasta la Policía y al Ministro de Gobierno, que son responsables de la seguridad del Estado".
Si bien la difusión de esa grabación causó un fuerte remezón en la Defensoría del Pueblo, esta entidad "ha sufrido un perjuicio y es necesario remontar la situación a la que se nos ha llevado".
El Defensor lamentó que los ciudadanos hagan una mala lectura de los hechos, pues se generó mediáticamente la impresión de que fue esa institución la que pagó un soborno a un individuo que desde entonces es prófugo de la justicia y debe enfrentar un juicio por los delitos de terrorismo y alzamiento armado. Recordó que ni él ni ninguno de los protagonistas de esa grabación formaba parte de la Defensoría cuando se hizo el registro correspondiente.
"Sensiblemente, mucha gente no entiende cuál es el móvil de uno y otro hecho, y somos víctimas de esta situación".
Villena compareció ante el Ministerio Público para explicar por qué contrató a Núñez del Prado, en el que depositó su confianza a grado tal de haberlo invitado a ejercer las funciones de secretario general y, posteriormente, a ser su representante en La Paz.
En esa oportunidad, aseguró que si bien supo que su asesor ejerció las funciones de Director General de Seguridad Ciudadana, ignoraba que participó en el operativo del 16 de abril de 2009, cuando Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyárosi y Micheal Dwyer fueron abatidos.
La situación dio lugar a que se produjera ayer en La Paz una reunión nacional de representantes de las mesas defensoriales de todo el país, quienes costearon sus pasajes y estadía.
Los asistentes ratificaron su confianza en el defensor Villena y recomendaron que la institución dé "una mirada de mediano plazo" para continuar las labores que le encomienda la ley.
"Fruto de la pugna interna del MAS"
En opinión del ex defensor y activista por los derechos humanos Waldo Albarracín, "más que perjudicar a la Defensoría, la aparición de ese video es un reflejo del enfrentamiento interno del Movimiento al Socialismo, en cuyo seno hay diversas tendencias que luchan entre sí por espacios o por el manejo de las instituciones estatales. El MAS no es un ente político homogéneo, porque en su interior comparten corrientes e intereses contrapuestos. Entonces, resulta claro que la emisión del video favorece a un sector en detrimento de otro".
Albarracín indicó que esa grabación sólo pudo salir de una fuente gubernamental, porque solamente funcionarios de los organismos de seguridad del Estado pudieron haber filmado un operativo de este tipo, pues éstos respondieron a las acciones decididas por las autoridades para enfrentar una determinada situación.
"De esa manera, el efecto político que se ha perseguido con la presentación de ese video ha sido influir sobre las decisiones que tomará el Presidente para formar su gabinete de ministros, pero ha salpicado a la Defensoría del Pueblo".
Consultado en torno a la posibilidad de que Rolando Villena sea destituido de su cargo, el ex Defensor dijo que "jurídicamente eso no es posible, porque fue designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y sólo puede dejar sus funciones por tres causas: fallecimiento, renuncia o sentencia ejecutoriada por la comisión de algún delito, pero para que se presente esta figura es necesario que la persona nombrada sea encontrada culpable de la comisión de un delito, sea enjuiciada y sentenciada".
"Son posibilidades muy complejas y la renuncia se haría posible como resultado de una presión muy fuerte de algunos sectores".
Rolando Villena recordó ayer que el video-coima se grabó a mediados de 2009, cuando ni sus protagonistas ni él formaban parte de esa entidad, pese a lo que se instaló la impresión de que quien da el dinero es un funcionario de la Defensoría del Pueblo.
"Pareciera ser el móvil del video estar en relación directa con la Defensoría, cuando no es así".
Esa filmación guarda relación con las investigaciones sobre las actividades de la milicia liderada por Eduardo Rózsa Flores en territorio nacional.
Villena tomó posesión de su cargo en mayo de 2010, aproximadamente un año después de que Ignacio Villa Vargas, alias "el Viejo", se diera a la fuga.
Carlos Núñez del Prado comenzó a trabajar en la Defensoría del Pueblo en junio de 2010, después de que esa institución sufrió un robo y fue recomendado por el abogado Jaime Quiroga, quien, según la red televisiva Uno, fue asesor del ex ministro Juan Ramón Quintana.
Edson Alí Espinoza, efectivo de la Policía, es la tercera persona involucrada y nunca fue parte de la Defensoría.
"Se debe buscar a los responsables"
Los protagonistas del video-coima no formaban parte de la institución, dijo ayer el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en cuyo criterio "estamos en el proceso de vuelta del efecto bumerán (de la emisión del disco), por lo que se debe investigar quiénes fueron los responsables de que éste se haya filtrado a los medios".
En esa grabación, conocida el 13 de enero, se observa cómo Ignacio Villa Vargas, alias "el Viejo", delator de las actividades de la célula de Eduardo Rózsa Flores, recibe un soborno de 31.500 dólares para huir de Bolivia. Carlos Núñez del Prado, que cuando se hizo la filmación se desempeñaba como director general de Seguridad Ciudadana, es la persona identificada como quien da el dinero al soplón.
Villena no pudo precisar si la difusión de ese video tuvo la finalidad política de causarle daño, pero aseguró que los afectados "están en varios frentes, uno de los cuales es la Defensoría. Uno se puede preguntar a quién perjudica, pero más importante que eso, es determinar quién permitió que ese documento se filtre. Por ello, quien cae mal es el responsable de su custodia, y así se puede llegar hasta la Policía y al Ministro de Gobierno, que son responsables de la seguridad del Estado".
Si bien la difusión de esa grabación causó un fuerte remezón en la Defensoría del Pueblo, esta entidad "ha sufrido un perjuicio y es necesario remontar la situación a la que se nos ha llevado".
El Defensor lamentó que los ciudadanos hagan una mala lectura de los hechos, pues se generó mediáticamente la impresión de que fue esa institución la que pagó un soborno a un individuo que desde entonces es prófugo de la justicia y debe enfrentar un juicio por los delitos de terrorismo y alzamiento armado. Recordó que ni él ni ninguno de los protagonistas de esa grabación formaba parte de la Defensoría cuando se hizo el registro correspondiente.
"Sensiblemente, mucha gente no entiende cuál es el móvil de uno y otro hecho, y somos víctimas de esta situación".
Villena compareció ante el Ministerio Público para explicar por qué contrató a Núñez del Prado, en el que depositó su confianza a grado tal de haberlo invitado a ejercer las funciones de secretario general y, posteriormente, a ser su representante en La Paz.
En esa oportunidad, aseguró que si bien supo que su asesor ejerció las funciones de Director General de Seguridad Ciudadana, ignoraba que participó en el operativo del 16 de abril de 2009, cuando Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyárosi y Micheal Dwyer fueron abatidos.
La situación dio lugar a que se produjera ayer en La Paz una reunión nacional de representantes de las mesas defensoriales de todo el país, quienes costearon sus pasajes y estadía.
Los asistentes ratificaron su confianza en el defensor Villena y recomendaron que la institución dé "una mirada de mediano plazo" para continuar las labores que le encomienda la ley.
"Fruto de la pugna interna del MAS"
En opinión del ex defensor y activista por los derechos humanos Waldo Albarracín, "más que perjudicar a la Defensoría, la aparición de ese video es un reflejo del enfrentamiento interno del Movimiento al Socialismo, en cuyo seno hay diversas tendencias que luchan entre sí por espacios o por el manejo de las instituciones estatales. El MAS no es un ente político homogéneo, porque en su interior comparten corrientes e intereses contrapuestos. Entonces, resulta claro que la emisión del video favorece a un sector en detrimento de otro".
Albarracín indicó que esa grabación sólo pudo salir de una fuente gubernamental, porque solamente funcionarios de los organismos de seguridad del Estado pudieron haber filmado un operativo de este tipo, pues éstos respondieron a las acciones decididas por las autoridades para enfrentar una determinada situación.
"De esa manera, el efecto político que se ha perseguido con la presentación de ese video ha sido influir sobre las decisiones que tomará el Presidente para formar su gabinete de ministros, pero ha salpicado a la Defensoría del Pueblo".
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Fuente:
Difundan libremente este artículo
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
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