Chile plantea nueva licitación de derechos de explotación de litio
| El gobierno de Chile dijo hoy que podría abrir una nueva licitación de los derechos de explotación del litio apenas se evalúen los errores del primer proceso de adjudicación, que tras ser invalidado condujo a la renuncia del subsecretario de Minería, Pablo Wagner en septiembre último.
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(Xinhua) El gobierno de Chile dijo hoy que podría abrir una nueva licitación de los derechos de explotación del litio apenas se evalúen los errores del primer proceso de adjudicación, que tras ser invalidado condujo a la renuncia del subsecretario de Minería, Pablo Wagner en septiembre último.
El planteamiento fue hecho por el nuevo subsecretario de Minería, Francisco Orrego, quien asumió esta semana el puesto tras la renuncia de Wagner debido a su responsabilidad en la decisión de anular la licitación tras la impugnación de una empresa participante.
Orrego aseguró que el gobierno evaluará y se tomará "el tiempo que sea necesario" para concluir el proceso abierto tras la anulación.
"Vamos a tener que tomarnos el tiempo que sea necesario para terminar el proceso que estaba en curso, cerrarlo bien, cumpliendo con todas las formalidades del caso", dijo Orrego.
Agregó que "luego habrá que evaluar qué curso seguir, entre los cuales obviamente está la posibilidad de volver a hacer una licitación".
El Ministerio de Minería efectuó una licitación de los derechos de explotación de una parte de sus reservas de litio, utilizado en la fabricación de baterías de equipos electrónicos entre otros usos, adjudicada el 24 de septiembre a la empresa local SQM.
Pocos días después la firma Minera Li Energy Spa., impugnó la decisión al denunciar que SQM incumplía las bases del proceso debido a litigios pendientes con el Estado por derechos de aguas.
En consecuencia, las autoridades anularon la licitación, una medida que condujo a la renuncia del subsecretario Wagner y su relevo por Orrego.
El gobierno chileno entregaría los derechos de explotación por unas 120.000 toneladas de litio por 20 años a la empresa que ganara el proceso, donde el Estado recibiría unos 350 millones de dólares en impuestos.
Fuente / Xinhua |
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Rodrigo González Fernández
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