La Corte de La Haya fijó para el 3 de diciembre, a las 3 de la tarde, el inicio de los alegatos en el litigio sobre delimitación marítima urdido y desencadenado por Perú contra Chile. Ese día y el siguiente le corresponderá al vecino argumentar su demanda. El 6 y 7 de ese mes alegará la defensa chilena. Habrá una segunda ronda de orales los días 11 y 12 y, en el mismo orden, ambas partes concluirán sus presentaciones. Probablemente hacia abril de 2013 se dictará sentencia, que ambas partes se han comprometido a cumplir, cualquiera sea el resultado.
Chile ha asumido con serena unidad y profesionalismo la reclamación peruana sobre territorios chilenos. Tanto este gobierno como su predecesor han convocado -sin distinción de militancia política y por sus méritos- a especialistas nacionales y expertos extranjeros de prestigio e idoneidad altamente calificados. Los agentes designados por el gobierno anterior ante la Corte han continuado en sus responsabilidades, y se desarrolla una intensa y discreta labor diplomática interna y externa, dirigida y coordinada por el canciller.
La demanda peruana desconoce acuerdos internacionales e ignora prácticas convenidas y respetadas, que fijan la frontera marítima en el paralelo del hito 1 del límite entre ambas naciones. Así lo estipulan claramente los tratados de 1952 y 1954, innumerables actas, actos, mapas, prácticas y convenios aplicados por más de medio siglo, por ambos países y por terceros.
Perú sostiene que la frontera no está delimitada, y que procede su definición por la Corte de La Haya. Aspira a que se apliquen otros métodos distintos del derecho internacional y de lo acordado entre las partes.
Chile y Perú se comprometieron a un juicio pacífico y han mantenido el desencuentro dentro del cauce jurídico. En ambos casos prima la cohesión nacional, que no han podido alterar intereses subalternos y sectores extremos o disociadores que buscan politizar estos procesos.
La prudencia de los gobiernos de las dos naciones ha permitido controlar eventos no deseados que podrían provocar desbordes. Los une la voluntad de mirar hacia el futuro y aprovechar el potencial bilateral de intereses comunes, instancias y convergencias de las sociedades civiles y gobiernos, en beneficio de las legítimas oportunidades de paz y bienestar de ambos pueblos.
Habrá de evitarse que la oralidad y publicidad de los alegatos y documentos sean indebidamente aprovechadas para descalificaciones o actos inamistosos. También la Cancillería tendrá que precaver las dimensiones políticas, comunicacionales, influencias externas y otros expedientes que trascienden a lo estrictamente jurídico.
La defensa chilena es sólida, los abogados tienen todos los elementos para alegarla y los jueces deberían confirmarla.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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