El Gobierno busca reformar la ya obsoleta Ley de Quiebras, para lo cual plantea reformas que aceleran los procesos de insolvencia de empresas y personas naturales. Respecto de estas últimas se postula una normativa separada de la quiebra de personas jurídicas, a semejanza de EE.UU., donde son comunes y permiten que las personas sean saneadas luego de caer en sobreendeudamiento.
Se intenta solucionar la situación de quienes no pueden resolver sus problemas crediticios porque tienen varios acreedores que actúan independientemente. Según este proyecto, a petición de un deudor con dos o más títulos ejecutivos vencidos de distintos acreedores, se suspenderían las medidas ejecutorias y de presión. El deudor declararía sus bienes y fuentes de ingreso (una declaración falsa o el traspaso de bienes a terceros arriesgaría un castigo penal efectivo) y tendría 10 días para presentar una propuesta de repactación de obligaciones. Ésta podría ser aceptada por consenso de los acreedores, en cuyo caso el deudor quedaría eliminado del registro comercial. De no serlo, se pasaría al proceso de liquidación ordenada de sus bienes.
Todo proceso de insolvencia debe buscar el equilibrio entre los derechos de los acreedores y los de los deudores. En este caso, más de medio millón de personas podrían verse beneficiadas, recuperando oportunidades para emprender o, simplemente, vivir sin la intensa presión de los acreedores. Pero se debe evitar que las quiebras personales tengan tan pocos costos que las personas contraigan deudas con la expectativa de no pagarlas. Es todo caso, es difícil encontrar el equilibrio entre los derechos de las partes. En EE.UU., la Ley de Quiebras Personales se reformó hace algunos años, para aumentar el costo de las mismas, tras un incremento sustancial de ellas. El efecto de tal reforma, en el escenario de la crisis financiera de 2008, fue contraproducente. Es de esperar que el proyecto actual consiga el objetivo de facilitar la reinserción de los deudores sin un costo excesivo para los acreedores, que, en tal caso, tenderían a dejar de prestar.
Más de medio millón de personas podrían ser beneficiadas, recuperando oportunidades para emprender o vivir sin la presión de acreedores.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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