F. Torrealba y A. Ramos
Una invitación a declarar en calidad de testigo le hará llegar el fiscal de la Región de O'Higgins, Luis Toledo, al diputado de esa zona y presidente de la DC, Juan Carlos Latorre.
La citación -que por tratarse de un parlamentario no es obligatoria- está relacionada con la investigación sobre supuesta intervención electoral en la que estaría involucrada una decena de funcionarios públicos de la VI Región, la mayoría con militancia en la Democracia Cristiana.
Según la acusación, originada por los diputados Esteban Valenzuela y Jaime Mulet, los funcionarios concurrieron a una reunión convocada por la secretaria regional de la DC, Sara Romero, y a ella debían llevar información de los respectivos organismos públicos en los que cumplen labores.
Latorre y otros altos dirigentes DC que participaron de la cita, entre ellos el secretario nacional de la colectividad, Moisés Valenzuela, y el candidato y consejero nacional Ricardo Rincón, quienes también serán citados por el fiscal, deberán explicar si en esa oportunidad se divulgaron antecedentes de carácter confidencial.
Según fuentes de la fiscalía, los primeros datos recabados apuntan a que sí ocurrió.
"No he recibido ningún tipo de información que no sea plenamente accesible de las páginas web de los ministerios", dijo ayer el presidente de la DC al ser consultado sobre el tema.
Quienes conocen el caso sostienen que el eventual uso de la información manejada por entidades públicas vulnera, en el caso de los funcionarios estatales, el artículo 246 del Código Penal, y las penas irían desde una simple suspensión a reclusión mayor en cualquiera de sus grados.
Latorre y otros asistentes a la reunión que no son funcionarios públicos no arriesgan sanciones desde el punto de vista penal.
"Creo que es la primera vez que una denuncia de carácter político permite que se incaute documentación de un partido político. Es un precedente preocupante para la actividad política, pero en todo caso tenemos la mejor disposición para colaborar con el fiscal", remató Latorre.
Temprano allanamiento
Las luces de alarma en la DC se encendieron en la mañana de ayer cuando funcionarios de la PDI llegaron de manera simultánea a la oficina de Romero en la Intendencia -es la encargada de la oficina de Protección Social-, su domicilio y la sede de la DC.
En las diligencias se incautaron dos CPU, un disco duro, discos compactos y un pendrive. "Se buscaba evitar que se borraran archivos que pudieran dar indicios de la comisión del delito", señaló el fiscal Toledo al explicar el procedimiento.
Hoy en la Fiscalía declararán el intendente Héctor Huenchullán -que también estuvo en la reunión- y Romero. "El intendente podría tener responsabilidad", aventuró el fiscal Toledo.
En La Moneda, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma -quien la semana pasada dejó a Huenchullán a cargo de la indagación administrativa-, sostuvo que el Gobierno "está colaborando activamente" con la investigación, tal como se hace cuando las denuncias tienen "algún grado de verosimilitud".
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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