En un giro que agrava la situación conocida de la salud, el recién asumido ministro Álvaro Erazo admitió ayer que hay al menos 320 casos de sida no notificados y otros 60 en investigación, a lo cual se suman más de 80 pacientes del mal de Chagas y un número indeterminado de hepatitis B y C que no han sido informados. Esta generalización de casos revela descuido sistémico y coincide con otras reiteradas situaciones de deficiencias y negligencias inaceptables en la salud estatal -otros enfermos de sida no notificados, algunos de los cuales fallecieron sin el tratamiento debido; material quirúrgico insuficientemente esterilizado en un hospital; confusiones en la identidad de recién nacidos; demoras en atención a pacientes que fallecen antes de obtenerla, entre otros-. Todo esto reconfirma problemas de gestión gravísimos, cuyo diagnóstico no ha logrado ser precisado con claridad por el Gobierno -o no ha querido ser admitido, por razones ideológicas y presiones gremiales de los funcionarios-. De allí que, tras 19 años de intentos fallidos, la Concertación gobernante no haya podido entregar soluciones apropiadas para resolverlos. De hecho, la ministra y uno de los subsecretarios de esa cartera debieron renunciar la semana pasada, ante la protesta política de la oposición y el inocultable daño de imagen que esto estaba ocasionando al Ejecutivo.
Estos problemas no son propiamente de "salud", pues los indicadores de la misma en la población son satisfactorios para el grado de desarrollo económico del país: se trata de que el sistema público de hospitales no es capaz de otorgar el nivel de servicio y de atención que la población demanda. Al igual como el criterio centralizado con que se diseñó el Transantiago demostró ser inadecuado, pues -en palabras del propio ministro Cortázar- erró en la "estructura de incentivos", el sistema de hospitales estatales carece de una estructura de incentivos que fomente la buena atención, la eficiencia en el uso de los recursos y el compromiso con esas metas de quienes laboran en ellos. Más aún, el sistema muestra evidencias crecientes de haber sido capturado por sus funcionarios, agrupados en la poderosa Fenats, la asociación de médicos municipales y los propios médicos de dichos hospitales. Esto significa que, en realidad, la administración de los recursos financieros, de infraestructura y operativos está cada vez más encauzada al servicio de sus trabajadores que a la atención digna de sus usuarios. Las denuncias hechas por la ingeniera contratada mediante el sistema de Alta Dirección Pública como gerente del Hospital de Iquique, tras el caso de los pacientes no informados de que estaban infectados con el virus de inmunodeficiencia adquirida, ilustran lo anterior con elocuencia: ella fue rápidamente alejada de su cargo, pese a haber sido quien denunció tal situación.
Tampoco es éste un problema de insuficientes recursos, pues el presupuesto se ha cuando menos triplicado desde 1990, pero, a resultas de una pésima gestión, el sistema sigue funcionando con pabellones utilizados a media jornada, mientras hay una demanda creciente de camas y pabellones, fomentada por la garantía específica que introdujo la Ley AUGE. Así, el ambicioso plan de construcción de hospitales no logrará mejorar eficientemente la actual situación, pues si los recursos necesarios para su operación continúan administrándose como hasta hoy, también la cantidad de establecimientos requeridos seguirá creciendo, y muy pronto no le será posible al país satisfacerla.
Se sabe hace mucho que los problemas fundamentales de la salud estatal no son -salvo excepciones- de medicina, sino de gestión. Y la buena gestión no se logra con discursos, sino con una estructura de incentivos apropiada. La ex ministra Barría manifestó que su mayor preocupación era que los problemas detectados podrían llevar a algunos a pedir la privatización del sistema, con lo cual confirmó que el diagnóstico gubernamental no es técnico, sino ideológico: al paciente le interesa que atiendan su dolencia, no si el prestador es estatal o privado.
Aunque la ley otorga ahora una autonomía creciente a los hospitales públicos en su manejo, si los incentivos no se modifican y el sistema sigue capturado por sus funcionarios, es claramente anticipable que no mejorará y que el descontento general sólo podrá crecer.
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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