¡CUIDADO SEÑORES MINISTROS CON LO QUE FIRMAN!
Ministros arribaron a La Moneda para autorizar uso de 2% constitucional
La medida permitirá al gobierno utilizar un monto equivalente a los US$800 millones para financiar el plan Transantiago.
"Con esta plata lo concreto es que la tarifa no va a subir en Santiago". Esa fue la declaración que utilizó el ministro vocero de Gobierno,Francisco Vidal, para justificar la decisión de La Moneda de recurrir al 2% constitucional para financiar el plan Transantiago, en momentos en que por los pasillos de Palacio pasaban uno a uno los secretarios de Estado que debían firmar el decreto.
La primera en llegar fue la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, quien señaló que "es claro que aquí no se puede paralizar un servicio que es de vital importancia para la ciudadanía, por lo tanto la Presidenta ha tomado esta decisión y nosotros hemos concurrido con nuestras firmas y estamos tranquilos, somos un gobierno responsable en nuestros gastos".
Mientras la titular de Mideplan, Paula Quintana, dijo que "lo que hemos hecho ahora es asumir con plena responsabilidad y compromiso una decisión que ha tomado la Presidenta justamente para velar por que los servicios lleguen plenamente a la ciudadanía".
Si bien el gabinete de la Presidenta, Michelle Bachelet, cuenta con 22 secretarios de Estado, sólo 18 serán los encargados de firmar. ¿La razón? Hay cuatro miembros del gabinete que no tienen el rango de ministros, por lo que quedan exentos de responsabilidad.
Ellos son Marcelo Tokman, de la Comisión Nacional de Energía; Laura Albornoz, del Sernam; Paulina Urrutia, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y Ana Lya Uriarte, de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, quienes de todas maneras llegaron hasta La Moneda buscando dar una señal política de apoyo a la Mandataria.
Bachelet dio margen a todos sus ministros para hacerse presente en La Moneda entre las 10 y las 12 horas, puesto que ella será la última en poner su firma en el documento. Una vez que la Mandataria lo haga, será enviado a la Contraloría para que se proceda a su autorización.
Los secretarios de Estado serán responsables -según lo establece la ley- de manera solidaria y personalmente del reintegro de los recursos, y culpables del delito de malversación de caudales públicos, si estos no son utilizados conforme a la norma.
Ante esto el titular de Justicia, Carlos Maldonado, señaló que "todos respondemos con nuestro patrimonio y con nuestra responsabilidad jurídica plena con la firma que estamos estampando hoy día en el evento que se haga un mal uso de los recursos. Pero el país puede estar tranquilo que estos dineros serán usados con mucha responsabilidad y eficiencia".
PLATA PARA REGIONES
El vocero de La Moneda, recordó que utilizar el 2% es una "experiencia única desde el año 90 a la fecha, en que un gobierno debe recurrir a una disposición legal y constitucional para poder mantener un política pública que beneficia a las personas".
"Si de alguna calamidad se trata, que es lo que quiere la derecha, calamidad hubiera sido que por no tener plata la gente hubiera pagado mas de $380", manifestó Vidal en defensa de la iniciativa.
Si bien el personero de gobierno no especificó la cantidad de recursos que serán utilizados en el financiamiento del plan de transporte de la capital, argumentando que los detalles técnicos los maneja el Ministerio de Hacienda, señaló que el Ejecutivo insistirá en el proyecto de ley que se votará el martes en el Senado para poder inyectar recursos en regiones.
"Lo lamentable es que si nos va mal el martes (en el Congreso) lo que hemos logrado por esta vía, que es una decisión exclusiva el gobierno de mantener la tarifa en Santiago, en Antofagasta no va poder bajar $60 (la tarifa), que en Puerto Montt no va a bajar $40", sostuvo Vidal.
LO QUE ESTABLECE LA LEY
El artículo 32, inciso 22 de la Constitución, establece que "el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país".
Además se determina que el total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del 2% del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos, lo que equivalen aproximadamente a los US$ 800 millones.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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