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Virtualmente en una camisa de once varas se encuentra el senador Alejandro Navarro (PS) después de su participación en la última manifestación organizada por la CUT, la semana pasada, y luego de que se conocieran videos posteriores al de su agresión por parte de un carabinero, en los que el parlamentario forcejea con el uniformado y, otro, en el que intercede en favor de un amigo colombiano, usando su investidura de congresista. Frente a esto, el presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), solicitó recabar los antecedentes del caso para analizarlos en la comisión de Régimen Interno, lo que le podría acarrearle una amonestación. Pero la mano más dura vino por el lado de la derecha, sector que a través del diputado Alberto Cardemil hizo saber que podrían presentar una acusación constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC) para inhabilitar a Navarro. En el artículo 60º de la Constitución -donde se detallan las causales de inhabilidad- se afirma que cesará en su cargo el diputado o senador cualquiera que ejercite influencia ante las autoridades administrativas "en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado (...)". El senador Navarro dijo que estaba tranquilo frente a las acciones que podría emprender la derecha y recalcó que más que el artículo 60º, lo que aquí está en juego "es el concepto de democracia", acusando a la Alianza de defender una "democracia protegida". "Esta situación que la derecha está creando artificialmente sólo busca inhibir a los representantes de la ciudadanía, políticos o sociales, de manera que no se organicen ni movilicen a favor de legítimas demandas ciudadanas", agregó. A su vez, el ministro Segpres, José Antonio Viera-Gallo, salió a defender al senador de su partido, argumentando que serían muchos los parlamentarios tanto del oficialismo como de la derecha que podrían caer en esa causal de inhabilidad por tratarse de un artículo "anacrónico" y "superado por la realidad". Por eso dijo que "espero que nadie pretenda recurrir a ese artículo", asegurando que en varias oportunidades la Concertación había intentado cambiarlo. El presidente del PS también se refirió al tema y dijo que una acusación contra Navarro no era más que "una cortina de humo que le permite a la derecha ocultar su profunda división" y calificó la idea como una "acción funesta, porque los demócratas entendemos que el ejercicio parlamentario, salvo delito flagrante, sólo se extingue por el ejercicio de la soberanía popular". | |||||||||||||
Rodrigo González Fernández
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