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Saturday, July 14, 2007

Piñera desata nueva batalla por separar los negocios de la política

Piñera desata nueva batalla por separar los negocios de la política

Por quinta vez desde 1994 resurgió el interés por crear la figura del fideicomiso ciego. Aún así, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Camilo Escalona, lo considera inviable, pues hay muchos parlamentarios que tienen esa "doble condición". En tanto, el diputado Cardemil dice que si el gobierno no presenta un proyecto, lo hará RN.



lanacion.cl

Por Angélica Meneses y María Paz Moya

La multa que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) le impuso al ex candidato presidencial RN, Sebastián Piñera, reflotó la idea de separar, por ley, los negocios de la política, al menos cuando se trata de personajes con patrimonios tan cuantiosos como el que posee el dueño de Chilevisión y accionista de Lan.

Así, por tercera vez desde 1994, resurgió la idea de crear en Chile la figura del "Fideicomiso Ciego", un mecanismo que opera en Estados Unidos y otros países, para obligar a hombres y mujeres que postulan a altos cargos públicos a entregar a un tercero la administración de sus negocios, sin que éste les informe del curso de sus inversiones.

La Moneda estaría dispuesta a dar una vez más esta batalla, que perdió en 1994 el ex presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Schaulsohn, luego de acusar a todos los políticos de "pasar el platillo" en época de elecciones.

La demoledora acusación tuvo a Schaulsohn al borde de perder la presidencia de la Cámara, y le granjeó los más duros epítetos de todo el arco político, en un momento en que el entonces senador Francisco Javier Errázuriz era cuestionado por actuar a favor de sus negocios en el Senado.

El muro contra la transparencia

En este primer intento, la DC se opuso, luego de amenazar con censurar a la mesa que presidía Schaulsohn. Y aunque su proyecto para instaurar la figura del fideicomiso ciego fue ampliamente rechazado, al menos abrió el debate sobre el origen de los fondos usados en las campañas políticas.

Pero por primera vez, se planteó un financiamiento público para las campañas, idea que la derecha rechazó con el argumento de que ese dinero podría servir para gasto social, lo que a su vez fue calificado de "demagogia" por el gobierno.

El 2003 se reguló por primera vez el gasto y el financiamiento de las campañas políticas, pero las falencias de la ley, que quedaron al descubierto en la última campaña, hacen que este sea sólo un pequeño avance para combatir la "incestuosa" relación entre la política y los negocios, como dijo Schaulsohn hace 13 años.

Pese al respaldo del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, la iniciativa volvió a fracasar en 1996 y 1997. En el 2005, un grupo de diputados PPD repuso la iniciativa, que una vez más se fue al tacho de la basura.

En el último año de mandato de Ricardo Lagos se buscó incluir una indicación en el proyecto de declaración patrimonial que separara los negocios de la política, pero tampoco fructificó.

El entonces presidente del Senado, Andrés Zaldívar, dio en esa oportunidad un giro a la postura inicial de la Democracia Cristiana, y planteó que una ley de fideicomiso ciego sería "perfectamente aplicable en Chile y no hay dificultad de establecerla, si hay voluntad política para legislar".

Pero no ha habido tal voluntad política, pues senadores como José García (RN), incluso han planteado que el fideicomiso ciego podría terminar convirtiéndose en una especie de "palo blanco" para generar negocios a través del tercero que sería el administrador supuestamente impedido de informar al dueño de las empresas.

Esa doble condición....

Los antecedentes sobran para que el actual presidente de la Comisión de Hacienda de Senado y presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, tenga escasa confianza en que esta vez haya un resultado distinto.

Escalona precisa que el Fideicomiso Ciego "tiene que impedir expresamente cualquier información o comunicación que vaya a influir en las decisiones del servidor público", de tal manera que, por ejemplo, "un parlamentario no vote pensando si sus acciones se van a ver o no favorecidas".

Pero reconoce que es difícil, porque en el Congreso "hay muchas personas que están en esa doble condición, entonces no estoy seguro de que vayan a asumir una obligación tan clara y obvia como la que un proyecto de este tipo supone". "Al menos hasta ahora –agrega- no ha sido posible separar política y negocios de la manera en que ocurre en una democracia madura".

 

Para el líder socialista, la multa de la SVS a Piñera no cambia el escenario, pues "el propio Piñera y parlamentarios muy cercanos a él, como Andrés Allamand, no están dispuestos a avanzar en este plano. El desalojo de Allamand no es el desalojo de los intereses creados de las posiciones del servicio público y la verdad no tengo ninguna confianza en que la posición de la derecha pueda contribuir a avanzar".




Caso Chispas: el doloroso precedente

El caso Chispas es el más publicitado precedente de Piñera en la cuestionada mixtura de negocios y política.

Corría el año 1997 cuando un grupo de ejecutivos de Enersis, encabezado por el otrora subdirector de Odeplan del régimen de Pinochet, José Yuraszeck, aprovechó su posición de privilegio, y negoció con el grupo español Endesa para que éste tomara el control de Chispas, concediéndole un precio preferencial para sus acciones personales.

Piñera, que formaba parte de los accionistas minoritarios y era senador, repudió la actitud de Yuraszeck, pero en vez de defender a los accionistas minoritarios, también negoció con los españoles un precio altísimo para sus acciones, y dejó de lado los intereses de los pequeños rentistas, que finalmente tuvieron que vender a un bajo precio.

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y los tribunales de justicia, condenaron a Yuraszeck y a los ejecutivos de su grupo a pagar una multa millonaria después de un intrincado juicio.

La sanción final se concretó el 11 de julio de 2005, cinco meses antes de la elección presidencial que llevó a Michelle Bachelet a La Moneda. Yuraszeck, que entonces integraba la comisión política de la UDI, suspendió su participación en esa instancia para no perjudicar la candidatura presidencial de Joaquín Lavín, ya que el gremialismo aún lo consideraba una carta ganadora.

En cuanto a Piñera, no recibió sanción alguna, pero en su calidad de senador y accionista fue, en su momento, fuertemente cuestionado en la comisión de la Cámara de Diputados que investigó la transacción, ya que no se ocupó de los anónimos y minoritarios accionistas, y aprovechó su posición de privilegio para incrementar su capital., después de ocho años.

Saludos
Rodrigo González Fernández
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Renato Sánchez 3586
 
 
 
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