Principales temas de la propuesta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales de Chile Vamos
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- Reconocer nuevos derechos fundamentales y reforzar los actuales. Se fortalecen derechos como el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos; el derecho a la vida, la integridad física y síquica eliminando la pena de muerte y proscribiendo todo trato degradante e inhumano. Se consagran otros como el derecho de los consumidores y usuarios de servicios del Estado a ser protegidos e indemnizados contra todo abuso que sufran; el derecho de toda persona a la rehabilitación y la reinserción social; el respeto y protección a la imagen de toda persona; el derecho a ser protegido contra el empleo indebido de los datos personales; el derecho a una competencia limpia y libre en los mercados, consagrando el deber del Estado de crear las condiciones de regulación y fiscalización necesarias que permitan evitar y sancionar los abusos.
- Consagrar deberes fundamentales del Estado. Junto al fortalecimiento y reconocimiento de los derechos fundamentales, se deben establecer los deberes que tiene el Estado con los ciudadanos, como generar las condiciones adecuadas e indispensables para que toda persona disponga de los recursos necesarios para una existencia acorde con la dignidad humana, un trabajo y vejez digna, el valor fundamental de la maternidad y sus protección en especial en casos de embarazos vulnerables, la especial consideración de las personas en situación de discapacidad, la conectividad y comunicación de todo el país, incentivar y desarrollar la investigación científica y tecnológica o propender a lograr el máximo desarrollo de las personas en las regiones según sus realidades. Asimismo, fortalece como deberes fundamentales del Estado con sus ciudadanos el resguardo del orden y seguridad pública, la certeza jurídica, la protección de las víctimas, el fomento de la inversión y el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y del patrimonio natural en un contexto de sustentabilidad.
- Crear el Defensor de las Personas. Para que los deberes fundamentales del Estado y la acción política sean ineludibles para las autoridades política o administrativa, se crea una institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominada, el "Defensor de las Personas", que les permita recurrir ante dicha institución para que requiera la adopción de medidas, tales como la necesidad de modificar leyes y políticas públicas que aseguren el efectivo goce de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y el cumplimiento de los deberes del Estado.
- Garantizar la paz social, la Democracia Representativa Constitucional y un Estado Democrático de Derecho a todas las personas.Esto exige de parte del Estado una fuerte condena al terrorismo, al narcotráfico, a la delincuencia, la trata de personas y a todo tipo de violencia, sea política, económica y social. El Estado debe hacerse responsable en caso de falta de servicio debidamente acreditada en todo el territorio nacional.
- Pasar de un Estado eminentemente Subsidiario a uno Subsidiario y Solidario. Estando el Estado al servicio de la persona, en las bases de la institucionalidad, la Constitución debe declarar el rol activo e insustituible del Estado en la búsqueda del bien común, reconociendo la prioridad de la Sociedad Civil en ello.
- Reconocer la multiculturalidad de nuestra nación y la enorme contribución de los pueblos indígenas al desarrollo del país.Nuestra nación se conforma por diversas culturas y pueblos que, desde hace siglos, han convivido para conformar una nación multicultural e intercultural lo que debe consagrarse constitucionalmente a través del reconocimiento de los pueblos indígenas.
- Fortalecer y reafirmar el derecho de propiedad. Proponemos reforzar la protección a la propiedad y el derecho de toda persona a ser indemnizada previamente, al contado y en conformidad al daño total causado por las expropiaciones, así como por las restricciones excesivas a la propiedad. Sin perjuicio de las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.
- Consagrar la autonomía constitucional de los Servicios Públicos relevantes. A fin de generar adecuados contrapesos no sólo entre los poderes del Estado, sino también dentro del mismo poder ejecutivo, proponemos establecer un marco de autonomía a servicios públicos que cumplen funciones claves dentro del Estado. Entre ellos, el Servicio Civil, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional del Consumidor, la Fiscalía Nacional Económica, el Consejo para la Transparencia, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio de Evaluación Ambiental, la futura Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, las Superintendencias y otros que la ley determine. Se deberá establecer todas las reglas y resguardos que garanticen que en el nombramiento de su órgano directivo, en la elaboración de las normas que dicten, en su funcionamiento y política de personal, se asegure la debida autonomía política, técnica y de gestión.
- Impulsar una profunda descentralización política y económica dentro de un Estado Unitario. Proponemos aplicar el principio de subsidiariedad territorial, debiendo el Estado prestar servicios a las personas en el nivel territorial más cercano a ellas que sea efectivo. Asimismo, junto con la elección directa de los Intendentes, proponemos crear Asambleas Regionales que permitan una mayor coordinación de las autoridades políticas regionales, provinciales y comunales. Por otra lado proponemos establecer que determinada parte de la recaudación tributaria sea asignada directamente a las regiones.
- Reafirmar la necesidad y legitimidad del Tribunal Constitucional. El ejercicio de la soberanía reconoce como límites los derechos que emanan de la naturaleza humana. Con el propósito de velar por el pleno respeto de la Constitución, consideramos fundamental la existencia del Tribunal Constitucional con su control preventivo y correctivo cuya función principal es proteger los derechos de las personas y la institucionalidad democrática.
- Modificar el régimen político de Gobierno. El actual régimen presidencial requiere de urgentes modificaciones que permitan un mayor equilibrio en las relaciones entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional. Todo esto con el objeto de darle la estabilidad que se requiere para el desarrollo del país. El escenario actual, que podría agudizarse con un panorama más atomizado producto del último cambio al sistema electoral requiere reformas, y una atención permanente. Todo régimen político debe evitar eventuales bloqueos entre poderes del Estado y que la carencia de salidas institucionales sea un obstáculo a la gobernabilidad. Por eso proponemos cambios sustanciales en la lógica de un sistema presidencial moderado y también estamos abiertos a cambios en el régimen político como sería por ejemplo instaurar un régimen semipresidencial en el que conviva la figura del Presidente de la República con la de un Primer Ministro elegido por la mayoría parlamentaria.
- Ratificar el mecanismo de cambio constitucional participativo e institucional. La forma de modificar la Constitución es como se hace en las democracias representativas, esto es, a través de las instituciones vigentes. Por lo tanto no somos partidarios de una asamblea constituyente. Por eso, proponemos que la reforma futura debe tramitarse en el Congreso Nacional y que vaya precedida y acompañada de participación ciudadana amplia, objetiva y plural a lo largo del país. Sea que se trate de una reforma integral o de una modificación profunda a la Constitución, la deliberación en el Congreso Nacional debe dar lugar a que, en esta ocasión, la reforma aprobada en el Parlamento sea luego sometida en su conjunto a un plebiscito nacional.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU(
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Santiago- Chile
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