Propuesta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Chile Vamos

Home → Propuesta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Chile Vamos

El momento actual reclama acciones. Es por eso que en las páginas que siguen quienes integramos la Comisión Constitucional de Chile Vamos planteamos diversas propuestas concretas para modificar la Constitución y perfeccionar nuestro sistema político. Queremos dejar atrás las discusiones sobre asuntos formales o accesorios. Uno de ellos, el mecanismo para reformar la Constitución, ha consumido gran parte del debate constitucional de los últimos años. Por eso, sin evitar definiciones también en ese tema, damos un paso más para plantear 80 propuestas constitucionales que permitirán perfeccionar nuestra democracia y retomar el rumbo enfocado en el progreso social, político y económico que supere de una vez los debates sobre temas del pasado.

 

LA AMBIGÜEDAD DEL GOBIERNO

En el actual debate sobre los cambios constitucionales, muchos quieren construir todo de nuevo. Desde el Gobierno quieren imponer la cultura de la retroexcavadora, planteando que todo debe escribirse en una hoja en blanco. De esa forma, se repiten una y otra vez frases superficiales que llaman a olvidarse de lo que se ha construido en estos últimos 25 años. Nuestra propuesta no se encandila con posturas extremas y, en cambio, busca el diálogo y los acuerdos.

Así como somos críticos de posiciones refundacionales extremas, también cuestionamos la ambigüedad. Importantes sectores del Gobierno y de la Nueva Mayoría vienen predicando cambios constitucionales pero, al mismo tiempo, esquivan una y otra vez lo más importante: los contenidos. Hasta la fecha, salvo las menciones generales que se hicieron en su programa, la atención ha estado centrada en la formalidad del mecanismo.

¿Por qué la coalición gobernante no avanza en los contenidos? La razón es evidente: las profundas divisiones ideológicas dentro de la Nueva Mayoría le impiden alcanzar acuerdos sobre temas de fondo, como lo hemos hecho en Chile Vamos. En otras palabras, el pacto instrumental que une a la Nueva Mayoría esconde profundas diferencias programáticas y de contenido. Ello lleva a que cumplidos dos años desde que asumió este Gobierno, el mecanismo de Reforma Constitucional sigue siendo el centro del debate sin que conozcamos todavía las propuestas concretas que quiere promover el Gobierno.

La forma que ahora ha elegido el Gobierno para seguir evitando la discusión de los contenidos, buscando cumplir con su programa, ha sido iniciar un proceso de cabildos. Somos firmes partidarios de la participación ciudadana libre e informada. Por eso creemos que cualquier mecanismo de consulta a la ciudadanía debe cumplir con ciertas garantías y estándares mínimos que eviten su manipulación y control por un sector político. Fue con ese espíritu que Chile Vamos participó en las audiencias del Consejo Ciudadano de Observadores, haciendo aportes y proposiciones concretas con miras a transformar este momento en una instancia de verdadera participación.

Desafortunadamente, en estos meses hemos sido testigos de cómo la improvisación y la carga ideológica amenazan el proceso de participación ciudadana que el propio Gobierno quiso organizar a fin de postergar las decisiones relevantes. Así es como el trabajo del Consejo Ciudadano de Observadores se ha visto limitado por la imposibilidad de cumplir adecuadamente con sus objetivos de garante. Ello se aprecia, en primer lugar, en la incapacidad gubernamental para concederle, en el acto que creó el Consejo, las atribuciones que originalmente se pensaron para que fuera un órgano de efectivo contrapeso. También se refleja en la precariedad institucional con la que funciona y en las limitaciones que el propio Gobierno le ha impuesto a su funcionamiento. Prueba de esto último es el llamado que la Presidenta de la República le hizo al Consejo Ciudadano de Observadores para renunciar a sus atribuciones esenciales como son aquellas que buscan limitar el poder de la autoridad política en el proceso que se inicia. En definitiva, el diseño del Gobierno se ha impuesto y ha hecho que las opiniones del Consejo no sean consideradas en la forma que por su carácter de garante se requería.

En este contexto, solo nos queda ser pesimistas respecto a la acción de este Gobierno en el tema constitucional. Su ánimo muestra un interés por utilizar electoralmente el período que viene y tergiversar las conclusiones del proceso de participación ciudadana. Ello para imponer la agenda de unos pocos a su propia coalición y a todos los chilenos. Todo esto, no solo pretende ocultar la mediocridad de su gestión sino que también mantiene la incertidumbre sobre el destino de este debate.

En Chile Vamos, junto con denunciar cada una de las instancias de manipulación, creemos necesario hacer una propuesta de contenidos concreta para que ella sirva de punto de inicio al debate ciudadano y parlamentario sobre una profunda reforma constitucional. No se requiere seguir discutiendo de cuestiones formales; se hace necesario ahora pasar de una vez a los contenidos. Es esto lo que se propone a continuación.

LA HORA DE LOS CONTENIDOS. 

CONSCIENTES DEL PASADO PARA PROYECTARSE AL FUTURO

Nuestra propuesta se construye sobre la historia constitucional de Chile y se proyecta hacia el futuro como un texto moderno, que responde a los desafíos que la ciudadanía demanda.

Por eso es que este texto tiene en consideración los aportes que en estos 200 años hemos recibido de todas nuestras constituciones. No despreciamos el pasado sino que queremos aprender de él. Conocemos las enseñanzas que nos dejaron nuestras primeras constituciones, así como la Constitución de 1833 en la formación de la República. Apreciamos el constitucionalismo social de la Constitución de 1925. Y también los aportes para el país de la Constitución vigente así como los consensos que han permitido cambios sustanciales de la misma.

El texto vigente ha sido modificado más de una treintena de veces. En dos de ellas, los años 1989 y 2005, fue objeto de reformas profundas que han ido modernizando nuestro pacto fundamental. Y recientemente han sido acordadas nuevas reformas constitucionales que aumentan los estándares de probidad y perfeccionan el sistema político. Todas ellas, salvo la de 1989 que fue consultada directamente a la ciudadanía, han sido debatidas en el Congreso Nacional por las fuerzas políticas, como es propio de una democracia representativa.

Esto ha permitido ir consolidando nuestra democracia constitucional y generando, hasta hace algunos años, una política de acuerdos que nos permitió progresar y distinguirnos de los demás países de la región.

Estamos conscientes de las transformaciones que ha experimentado nuestra sociedad y de las nuevas demandas a la política y a los políticos. Sabemos que la Constitución vigente requiere cambios y, por eso, es que no nos aferramos a texto alguno sino solo a ideas que consideramos correctas.

Sin embargo, sabemos que la Constitución no es la solución a todos nuestros problemas. No es honesto predicar un cambio constitucional como la forma de dejar atrás todas nuestras dificultades y lograr todos nuestros sueños. Los enormes desafíos de Chile se solucionan con políticas públicas, leyes, acuerdos, diálogos y gestión. Ni la ley, ni mucho menos la Constitución, por sí solas tienen la capacidad de cambiar las cosas de un momento a otro. Éstos son procesos paulatinos que dependen de la colaboración y cooperación de todos y, en lo que respecta al Estado, de un buen gobierno.

La Constitución, sin duda, juega un rol central. Ella es, en lo fundamental, el estatuto jurídico que reconoce y garantiza a todas las personas sus derechos fundamentales resguardando su dignidad y libre desarrollo. Además, dota de facultades a quienes sirven funciones públicas estableciendo limitaciones para el cumplimiento de sus tareas, determina el sistema de gobierno y regula el funcionamiento de las instituciones.

Teniendo esto en consideración, Chile Vamos ha decidido hacer una propuesta de contenidos para dejar atrás las ambigüedades y entrar de una vez en las cuestiones de fondo. Cada una de estas proposiciones se vincula con los principios y bases de nuestra institucionalidad, los derechos de las personas y los deberes del Estado y de la acción política, el régimen de gobierno y la distribución del poder y, por último, la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales.

Proponemos así a Chile un conjunto de ideas y cambios específicos que buscan contribuir, con responsabilidad, al debate constitucional.

1. PROPUESTAS EN MATERIA DE PRINCIPIOS Y DE BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD.

 

La persona y su dignidad

1. Introducción

Todo texto constitucional moderno debe contener un capítulo inicial que reafirme cuáles son los principios sobre los que se sostiene el orden constitucional como expresión del pacto político de la sociedad chilena.

Este capítulo introductorio, parte integral del texto constitucional, debe contener los principios permanentes del orden republicano y una concepción del ser humano definida a favor de la dignidad, la justicia y la libertad, y fundada en la tradición histórica y constitucional de Chile.

1. Elementos esenciales de las Bases de la Institucionalidad

A continuación nos detendremos en algunos principios que consideramos son esenciales en nuestro pacto constitucional:

1. Las Bases de la Institucionalidad deben reafirmar el principio que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

2. La Constitución debe consagrar también que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad al ser ésta parte esencial de la identidad histórica, social y cultural de Chile. Para eso, la Carta Fundamental debe asegurar la debida protección y autonomía de las mismas.

3. Se debe reconocer, a continuación, la relevancia y el rol insustituible que le cabe a las personas y a la sociedad civil en la consecución del bien común, para lo cual pueden libremente asociarse y reunirse. En ese sentido, la Constitución debe proteger, amparar y fomentar la existencia de asociaciones y comunidades a través de las cuales se estructura la sociedad, garantizando la adecuada autonomía para cumplir con sus propios fines.

4. Expresión de lo anterior es el principio de la contribución libre al bien común, a través del cual se reconoce a la persona y a los grupos en que éste sea parte el derecho preferente a contribuir con sus acciones al desarrollo de la comunidad nacional, en un marco de buena fe.De esta forma se reconoce que son las personas y la sociedad civil las que, ante todo, están llamadas con su acción a aportar y contribuir a dar solución a los requerimientos que impone el bien común. Así, la Constitución y los órganos del Estado deben estar al servicio de las personas y de sus variadas formas de organización vecinal, social, cultural, económica, recreativa y cuantas puedan existir en favor del bien común.

5. Junto con lo anterior, el Estado tiene un rol activo e insustituible en materia de bien común. Ese rol tiene su marco de acción en el principio en virtud del cual el Estado está al servicio de las personas y son éstas el centro de toda la actuación estatal. La acción de los órganos públicos debe respetar siempre la dignidad y libertad de las personas y estar encaminada a crear las condiciones sociales para que todos y cada uno de los miembros de la comunidad nacional alcancen su máxima realización espiritual y material posible.Por ende, el Estado debe desarrollar su acción a partir de principios y valores tales como la dignidad, la paz social, la libertad, la solidaridad y la subsidiariedad, el mérito y la igualdad de oportunidades, la justicia y la responsabilidad, la probidad, la transparencia y el buen gobierno.

6. Lo anterior, junto a nuestra convicción que todo pacto constitucional debe manifestar una adhesión plena a la democracia representativa y constitucional, y al Estado Democrático de Derecho. En él, el ejercicio de la soberanía reconoce como límites los derechos que emanan de la naturaleza humana. Con el propósito de velar por el pleno respeto de la Constitución, consideramos fundamental la existencia delTribunal Constitucional cuya función principal es proteger los derechos de las personas y la institucionalidad democrática.

7. La acción de los organismos del Estado y de todas las personas debe sujetarse a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella con especial énfasis en el principio de legalidad.

8. La Constitución debe garantizar el derecho que tienen todas las personas a la paz social, lo que exige una fuerte condena al terrorismo, al narcotráfico, a la delincuencia, la trata de personas y a todo tipo de violencia, sea política, económica y social. De igual forma, el Estado debe garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio nacional.

9. Nuestra nación se conforma por diversas culturas y pueblos que, desde hace siglos, han convivido para conformar una nación multicultural e intercultural. En este sentido, es imperioso reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y su aporte a la conformación de la Nación.

1. PROPUESTAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES, DEBERES DEL ESTADO Y GARANTÍAS 

Libertad y Responsabilidad

1. Introducción

El reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales y las garantías para protegerlos, son para Chile Vamos uno de los ámbitos más relevantes de una Constitución, pues por medio de ellos se resguarda lo más importante que tiene todo ser humano, su dignidad intrínseca.

Por eso creemos que se debe modificar la Carta Fundamental en varios aspectos del Capítulo III denominado "De los Derechos y Deberes Fundamentales", pero tomando como base su actual normativa. Es por eso que la propuesta no excluye ninguno de los derechos actualmente consagrados, sino que los complementa.

Para ello, consagramos los derechos de las personas y los deberes del Estado: los primeros directamente amparados por acciones judiciales; y los segundos, consistentes en deberes ineludibles que orientan, legitiman y limitan la discrecionalidad estatal y que permiten recurrir ante una nueva institucionalidad que se propone, denominada el "Defensor de las Personas".

Estos deberes del Estado se traducen en el derecho de las personas a exigir que los poderes colegisladores establezcan políticas públicas conforme las vayan configurando y priorizando las mayorías y los programas políticos de los gobiernos respectivos.

1. Ampliación y perfeccionamiento de los derechos fundamentales.

 A continuación, veremos aquellos derechos fundamentales que se reformulan, perfeccionan o agregan a la actual Constitución, aportando ideas generales al respecto:

10. Conscientes del compromiso y respeto por la vida, la integridad física y psíquica de todo ser humano, se debe abogar por la eliminación y prohibición de la pena de muerte, la tortura y de cualquier trato inhumano o degradante en toda circunstancia.

11. Promover un reforzamiento de la igualdad ante y en la ley, proscribiendo absolutamente todo tipo de discriminaciones arbitrarias hacia las personas en conformidad a la ley y a los tratados internacionales ratificados por Chile.

12. Las garantías del debido proceso, que tradicionalmente se han asociado a la actividad judicial, deben ser explícitamente aplicables también a los procesos administrativos en los ámbitos tributarios, laboral y ambiental, entre otros.

13. El derecho de toda persona a una pronta y oportuna administración de justicia, ya que las demoras en ella o la falta de amparo a la víctima, constituyen en sí misma una grave forma de injusticia.

14. Toda persona tiene derecho a una indemnización especial en caso de detenciones, condenas o acusaciones penales injustas por grave negligencia o malicia.

15. Velar por una verdadera asistencia legal profesional y gratuita para las personas en situación de vulnerabilidad, tanto en el ámbito judicial como administrativo.

16. Nadie podrá ser extraditado a otro país donde no esté garantizado el debido proceso o donde corra el riesgo de sufrir cualquier tipo de pena desproporcionada, cruel o inhumana.

17. El cuidado y la educación de los hijos es derecho y deber preferente de los padres. El Estado debe proteger y amparar este derecho, fomentar la diversidad de proyectos educativos y ayudar a padres, apoderados y comunidades escolares en el desarrollo de la tarea educativa.

18. Reconocer el derecho de todo niño, niña o adolescente, sin distinción alguna, a las medidas de protección que su condición requiera, tanto por parte de su familia como del Estado.

19. Proponer el respeto y protección de la imagen de toda persona, consagrándolo como un derecho a tutelar.

20. Toda persona tiene derecho a la rehabilitación y a la reinserción social debiendo el Estado garantizarlo.

21. Promover la libertad de enseñanza que incluye el derecho de crear proyectos educativos de todo tipo, organizarlos y mantenerlos así como fijar en ellos los programas y contenidos de conformidad con los mismos, prohibiéndose que los contenidos mínimos obligatorios absorban toda la enseñanza. El Estado debe establecer mecanismos que apunte a garantizar la calidad de la educación.

22. Reconocer el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una especial protección de su integridad, al fomento de su educación y desarrollo, y al ejercicio de sus derechos.

23. Robustecer la libertad de expresión fortaleciendo y promoviendo la creatividad humana y las manifestaciones culturales.

24. Consagrar el derecho de toda persona a ser protegida contra el empleo abusivo de sus datos personales.

25. Establecer expresamente el derecho de toda persona al acceso a la información pública del Estado, salvaguardando las excepciones legales.

26. Proponer que sea la ley y no las disposiciones administrativas las que regulen el ejercicio del derecho a reunión.

27. Perfeccionar el derecho de petición a la autoridad para que pueda ser ejercido en forma efectiva y en igualdad de condiciones, debiendo obtenerse una respuesta oportuna.

28. Plantear el derecho de los consumidores y los usuarios de los servicios del Estado a ser protegidos e indemnizados debidamente contra todo abuso que se verifique hacia ellos.

29. Promover el derecho a una competencia limpia y libre en los mercados, consagrando el deber del Estado de crear las condiciones de regulación y fiscalización necesarias que permitan evitar y sancionar los abusos.

30. Fortalecer el derecho de propiedad y el de toda persona a ser indemnizada previamente, al contado y en conformidad al daño total causado por las expropiaciones, así como por las restricciones excesivas a su propiedad.

31. Ningún derecho podrá ser afectado en su esencia. Las restricciones autorizadas por ley deberán ser proporcionales al fin perseguido.

32. El Estado deberá abstenerse de imponer como requisito para el acceso a prestaciones o para la recepción de recursos o subsidios,exigencias desproporcionadas o que impliquen una renuncia o limitación excesiva de derechos o libertades fundamentales, tales como la de expresión o la de enseñanza.

33. El ejercicio de los derechos no dependerá de prestaciones monopólicas y excluyentes del Estado, sino que compromete a todo aquel que, en el ejercicio de su libertad, quiera contribuir a ello respetando las normas legales aplicables.

• Deberes del Estado y de la Acción Política

Se reconocen como deber del Estado propender a superar la pobreza y garantizar la educación, salud, vivienda, seguridad, trabajo y vejez digna, entre otros.

El Estado debe promover y respetar la participación de la sociedad civil en la satisfacción de estos deberes poniendo especial énfasis en priorizar la atención en quienes más necesidades presentan.

La priorización de estos deberes sociales debe realizarse por el gobierno y el legislador mediante las normas que se dicten. De esta forma, en base al libre juego democrático de mayorías, el legislador irá plasmando en el tiempo la mejor forma de lograr estos deberes y priorizando entre ellos, según lo exija la realidad.

Entre los deberes del Estado y de la acción política de los órganos del Estado, creemos necesario:

34. Garantizar el orden público en el territorio y la seguridad de todas las personas como deber básico e ineludible. Igualmente deberá prevenir perseguir y sancionar los delitos graves y terroristas. El Estado debe hacerse responsable en caso de falta de servicio debidamente acreditada.

35. Propender a la paz, a la integración y al desarrollo de vínculos con todos los países del mundo y, en especial, con los de la región.

36. Facilitar y promover la existencia de un sistema educacional libre, justo, diverso y de calidad. Asimismo, el Estado deberá tomar todas las medidas indispensables para evitar que la falta de recursos sea una limitación al desarrollo personal.

37. El Estado debe dar especial protección a las víctimas de la delincuencia y del terrorismo, adoptando las medidas necesarias para hacer de esta garantía una realidad. Esta protección también deberá extenderse a los testigos y demás personas que colaboren con la investigación.

38. Propender a tomar las medidas para asegurar que las sanciones penales tengan también un efecto rehabilitador. El Estado deberá asimismo promover políticas de reinserción social de quienes hayan cometido delitos.

39. Velar por la certeza y seguridad jurídica. Al efecto, el Estado no podrá desconocer la posición y derechos de quienes, de buena fe, se hayan acogido a las normas legales vigentes, a las resoluciones dictadas en su aplicación o a las interpretaciones de ambas. Asimismo, el Estado debe promover la transparencia en la elaboración de normas administrativas.

40. Promover condiciones que fomenten la inversión, la productividad y el crecimiento económico, de manera de superar la pobreza y de mejorar las condiciones de vida la población.

41. El Estado debe dictar las normas necesarias para llevar adelante una política fiscal

42. Fomentar el emprendimiento y la innovación, permitiendo que el esfuerzo particular sea reconocido tanto en su iniciativa como en sus resultados.

43. El Estado deberá promover la protección de los derechos de los consumidores y de los usuarios de los servicios públicos con el propósito de prevenir y sancionar los abusos que se cometan.

44. Tomar las medidas adecuadas para que la política sea ejercida con transparencia y probidad y para que el derecho a postular a cargos de elección popular sea en igualdad de condiciones. Lo anterior considerando especialmente las desventajas de quienes postulan a un cargo público por primera vez y la importancia de propender a una permanente renovación en la política.

45. Reconocer el valor fundamental de la maternidad y como tal el Estado deberá protegerla, en especial, en los casos de embarazos vulnerables.

46. Promover la protección del medio ambiente y del patrimonio natural en un contexto de sustentabilidad. Todo ello dirigido al desarrollo y la protección del ser humano y sus formas de vida, así como al respeto y solidaridad con las futuras generaciones.

47. Promover las políticas necesarias que generen las condiciones adecuadas para que cada persona disponga de los recursos básicos necesarios para una existencia acorde con la dignidad humana.

48. Promover las condiciones indispensables para que toda la población tenga un trabajo digno.

49. Desarrollar políticas para la integración y para facilitar la conectividad y comunicación entre todas las localidades del país.

50. Propender al máximo desarrollo de las personas y de los recursos naturales de las diferentes regiones y territorios del país, reconociendo sus particularidades y de manera sustentable.

51. Desarrollar políticas para el adecuado y libre acceso a las acciones de salud, tanto física como mental, de manera de propender a una atención digna en las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud a través de prestadores públicos o privados.

52. Desarrollar políticas de integración para las personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales, de manera que puedan participar adecuadamente de la vida social, cultural y política y desenvolver plenamente sus potencialidades.

53. Promover e incentivar el desarrollo y la investigación científica y tecnológica del país.

54. Promover el desarrollo de políticas y acciones de apoyo y fomento de la cultura y las artes.

1. Garantías

55. Además del Recurso de Protección consagrado para resguardar derechos y libertades individuales, el legislador deberá establecer otras acciones procedentes, judiciales o administrativas, para resguardar ante los órganos competentes los demás derechos.

56. Proponer la creación del Defensor de las Personas, institución autónoma, descentralizada y colegiada que tendrá por objeto representar a las personas ante cualquier tipo de autoridad política o administrativa, para promover y asegurar la adopción de las medidas que permitan el efectivo goce de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y el cumplimiento de los deberes sociales ineludibles del Estado señalados. En el ejercicio de sus facultades, esta institución podrá hacer presente a los poderes políticos la necesidad de modificar leyes y políticas públicas, los que deberán responder fundadamente en un plazo determinado.

1. PROPUESTAS EN MATERIA ORGÁNICA Y DE RÉGIMEN DE GOBIERNO.

Hacia un sistema de contrapesos efectivos.

1. Introducción

Existe consenso en la necesidad de evitar la concentración del poder. El mismo consenso se aprecia en torno a la importancia de generar mecanismos efectivos de pesos y contrapesos que permitan que cada poder ejerza sus atribuciones sujeto a un efectivo control y equilibrio. Ello ocurre en la relación y configuración constitucional de los poderes clásicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y en la que vincula a aquellos que han sido incorporados en la Constitución en épocas recientes, como el Banco Central, los Gobiernos Regionales, el Ministerio Público y otros.

Todo cambio constitucional debe mirar con atención la distribución de los poderes y autonomías constitucionales a fin de mantener contrapesos adecuados e instancias de control esenciales en una sociedad democrática. Por eso, debilitar el rol que juegan los tribunales de justicia, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y los demás órganos de control técnico como el TRICEL o el SERVEL, no está dentro de las opciones de la propuesta constitucional de Chile Vamos.

1. Relaciones entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional

Nuestro régimen presidencial concentra diversas atribuciones en el Presidente de la República lo que impide que, en ciertas materias, el Congreso Nacional tenga una participación preponderante. Esto no quiere decir que el Congreso no juegue un rol importante en la política chilena. Como han demostrado diversos estudios, en las últimas décadas los diversos congresos han sido propositivos e influyentes. Pero se hace necesario institucionalizar de mejor forma las relaciones entre ambos poderes a fin de evitar los conflictos institucionales que muchas veces impiden la formación de coaliciones eficaces y estables.

El escenario actual, que podría agudizarse con un panorama más atomizado producto del último cambio al sistema electoral, requiere reformas y una atención permanente. Todo régimen político debe evitar eventuales bloqueos entre poderes del Estado y que la carencia de salidas institucionales sea un obstáculo a la gobernabilidad. Por eso es que también estamos abiertos a cambios al régimen político, como sería por ejemplo instaurar un régimen semipresidencial en el que conviva la figura del Presidente de la República con la de un Primer Ministro elegido por la mayoría parlamentaria.

Sin perjuicio de lo anterior, proponemos cambios sustanciales en la lógica de un sistema presidencial moderado:

56. En materia de urgencias en el trámite legislativo proponemos seguir la propuesta que hizo el Consejo de Modernización de la Labor Legislativa[1] y que ha sido planteada en diversas oportunidades: debe limitarse el número total de urgencias que el Presidente de la República puede formular de modo simultáneo o suspender las urgencias cuando, en la misma comisión, se ingresen otras.

57. Adicionalmente, proponemos un nuevo mecanismo de urgencias para la agenda prioritaria del Gobierno, también propuesto por dicho Consejo. El sistema se construirá sobre las siguientes bases: i) al principio de cada año, el Gobierno debe anunciar un número de proyectos prioritarios; ii) los proyectos deben quedar despachados dentro del año de su anuncio; iii) el Congreso Nacional tendrá plena libertad para determinar sus tiempos de tramitación en cada cámara; iv) al término del año, de no haberse despachado, quedará en estado de votación en la sala de la cámara en que se encuentre y deberá ser despachado por el Congreso en el plazo de 30 días.

58. Proponemos crear la iniciativa exclusiva parlamentaria. De esta forma, si el Gobierno decide impulsar un proyecto en aquellas materias que no son de su iniciativa exclusiva deberá contar con el patrocinio de un número determinado de parlamentarios.

59. Regular la iniciativa popular de ley para que un determinado número de ciudadanos pueda presentar proyectos de ley al Congreso Nacional sobre ciertas materias.

60. Aumentar el plazo de discusión de la Ley de Presupuestos de 60 a 90 días, de acuerdo con los estándares de los países de la OCDE, para así tener mayor espacio para el debate y la deliberación en los aspectos vinculados con el gasto público.

61. Limitar las atribuciones del Ejecutivo para modificar, sin intervención del Legislador, la ley de presupuestos una vez aprobada.

62. Fortalecer las atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de fiscalización y las comisiones investigadoras para que pueda ejercerse un eficaz control de las labores del Gobierno y de los diversos servicios públicos.

63. Es necesario fortalecer también las atribuciones del Senado en materias de nombramientos aumentando paulatinamente las autoridades y funcionarios que deben requerir el acuerdo previo del Senado para su designación, como por ejemplo los embajadores y los agregados de designación política.

• Propuestas en relación a otros órganos del Estado

La Constitución también contempla otra serie de normas que deben ser objeto de análisis.

Una de ellas es la denominada parte orgánica de la Carta Fundamental que regula diversas instituciones y poderes cuya función es esencial para una democracia moderna. Tal es el caso del el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Servicio Electoral y la Justicia Electoral, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional y el Banco Central.

Es por ello que proponemos lo siguiente:

64. A fin de generar contrapesos eficaces al interior del Poder Ejecutivo, los servicios públicos que la ley orgánica determine, se incorporarán en el marco de autonomía que fijará la propia Constitución. Entre ellos, el Servicio Civil, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional del Consumidor, la Fiscalía Nacional Económica, el Consejo para la Transparencia, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio de Evaluación Ambiental, la futura Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, las Superintendencias u otros que la ley determine. Se deberá establecer todas las reglas y resguardos que garanticen que en el nombramiento de su órgano directivo, en la elaboración de las normas que dicten, en su funcionamiento y políticas de personal se asegure la debida autonomía política, técnica y de gestión.

65. Modernizar las reglas que contempla la Constitución en relación a la Administración del Estado, estableciendo que el concurso público, transparente y sin cuoteos, es la regla general de acceso a los cargos públicos.

66. Acotar las materias propias de leyes orgánicas constitucionales.

67. En la Corte Suprema, limitar el período de duración de los ministros de Corte Suprema a 10 años sin que tengan que abandonar su cargo al cumplir 75 años.

68. Fortalecer el control de legalidad de la Contraloría General de la República por la vía de aumentar la transparencia de los dictámenes que están en curso y regular un debido proceso previo.

Incorporar en la Constitución las atribuciones del Banco Central sin que éstas queden delegadas a lo que diga una ley posterior.

69. PROPUESTAS EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN.

Para acercar el gobierno a las personas.

Chile es un Estado unitario con un fuerte carácter centralista. A pesar de las promesas de descentralización, ello no ha variado en muchos años. La Constitución debe contribuir a iniciar un proceso de descentralización efectivo que permita acercar el gobierno a las personas. Luego serán las leyes y la administración regular la que concrete este proceso descentralizador en decisiones específicas que potencien a los municipios y a los Gobiernos Regionales.

Un Estado al servicio de las personas necesariamente debe ser un Estado cerca de ellas. Sabemos que es el municipio la institución más próxima a los chilenos y por eso creemos que debe fortalecerse a las municipalidades y sus capacidades, así como la participación local y la fiscalización de sus actuaciones.

También los Gobiernos Regionales deben ir adquiriendo identidad y facultades que permitan transferir atribuciones desde Santiago a las regiones del país. Así podrá lograrse, por fin, una presencia estatal más equitativa a lo largo de nuestro país que aleje todas las decisiones de la capital.

Para alcanzar lo anterior, no bastan las puras declaraciones sino que se requiere diversas herramientas, iniciando gradualmente un proceso descentralizador que empodere a los municipios y a las regiones.

Por todo ello proponemos:

70. Reconocer expresamente que el Estado de Chile es unitario y descentralizado, tanto en lo administrativo como en lo político.

71. Establecer como una más de las Bases de la Institucionalidad el principio de subsidiariedad territorial. Como propuso la Comisión Asesora Presidencial sobre la materia, establecer en la constitución un mandato a que el Gobierno y el Congreso Nacional velen porque cada función pública se radique "en aquel nivel donde ésta se ejerce igual o mejor, privilegiando el nivel local sobre el regional, y éste sobre el nacional. Ello implica que sólo aquellas funciones que no pueden ser asumidas adecuadamente por el nivel local o regional deben recaer en la competencia del gobierno central".

72. La creación de Asambleas Regionales, presididas por el Gobernador Regional electo (ex intendente), como primera instancia de participación efectiva en los asuntos y leyes que impactan la región. Este será un órgano consultivo en cada región que permita la coordinación y deliberación colectiva de las autoridades electas, integrado por Consejeros Regionales, Alcaldes, dos concejales por comuna y parlamentarios.

73. Entregar a estas Asambleas Regionales diversas facultades para ser oído en materias que involucren a la región tales como proponer a los órganos regionales y nacionales una estrategia de desarrollo regional con vocación de permanencia y estabilidad; intervenir en el proceso de formación de leyes tributarias que impacten la región; en el nombramiento de funcionarios públicos del alto nivel de servicios descentralizados ubicados en la región, entre otras.

74. Asignación tributaria regional. Establecer que determinada parte de la recaudación tributaria sea asignada directamente a las regiones. Luego, los futuros gobiernos regionales con autoridades electas podrán contar con esos ingresos y, en su caso, otorgar en contra de ellos exenciones a determinados proyectos productivos, con la obligación de los mismos de instalarse en las regiones y desarrollar inversiones relevantes para ellas. El sistema, con todo, debe cuidar siempre la responsabilidad fiscal.

75. Vinculado con lo anterior, debe autorizarse a las regiones a crear "contratos leyes estratégicos" en diversas áreas a fin de atraer ciertas industrias y desarrollar polos estratégicos.

76. Fortalecer las instancias de fiscalización de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Para eso es necesario potenciar institucionalmente el rol de las contralorías regionales y de los propios concejales en cada comuna.

77. Áreas metropolitanas. La Constitución debe habilitar al legislador a que, bajo ciertas circunstancias que ella misma establezca (v. gr. amplios polos urbanos), cree áreas metropolitanas a cargo de los respectivos gobiernos regionales. Al hacerlo, el legislador podrá modificar las competencias de municipios incluidos en ellas, reduciendo su autonomía.

78. Crear la figura de la interpelación regional por parte de los CORES a los SEREMI y jefes de servicio de la región.

79. Establecer en la Constitución el mandato de transferir gradualmente diversas competencias desde el nivel central o regional hacia el nivel municipal, según las fortalezas propias de cada municipio.

80. Dotar a las personas de las herramientas necesarias para el adecuado control de sus gobiernos locales. Para ello se propone incorporar en la Constitución de manera expresa, la posibilidad de los ciudadanos de interpelar a su gobierno local, pudiendo dar inicio a proyectos de ordenanzas que deban ser tratados en el Concejo y debidamente respondidos. Además, proponemos fortalecer los plebiscitos comunales por la vía de crear un fondo de financiamiento para organizarlos.

1. MECANISMO DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN

Equilibrio entre representación y ciudadanía

A diferencia de la propuesta de contenidos que hace Chile Vamos, el Gobierno no ha querido comprometerse con modificaciones concretas y ha girado todos estos años en torno a la cuestión del mecanismo para reformar la Constitución.

La ambigüedad y falta de definiciones en las declaraciones de las autoridades de Gobierno ha dado paso a que algunos sectores promuevan formas completamente alejadas de nuestra tradición constitucional. Algunas de ellas se han construido sobre resquicios o interpretaciones extremas de las normas vigentes.

Creemos que la forma de modificar la Constitución es como se hace en las democracias representativas, esto es, a través de las instituciones vigentes y sobre la base de contenidos constitucionales. Por lo tanto no somos partidarios de una asamblea constituyente. Por eso, proponemos que la reforma futura debe tramitarse en el Congreso Nacional y que vaya precedida y acompañada de una participación ciudadana amplia, objetiva y plural a lo largo del país.

Sea que se trate de una reforma integral o de una modificación profunda a la Constitución, la deliberación en el Congreso Nacional debe dar lugar a que, en esta ocasión, la reforma aprobada en el Parlamento sea luego sometida en su conjunto a un plebiscito nacional.

Es esta una buena forma para enfrentar los cambios constitucionales en el Chile de hoy. Por eso es que rechazamos fórmulas que intentan saltarse la institucionalidad vigente que es la que ha servido por décadas al progreso y estabilidad de nuestro país.

Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU

Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1020328166

• Siguenos en twitter: @rogofe47Chile
  

 CEL: 93934521
Santiago- Chile