MINISTROS Y PARLAMENTARIOS OFICIALISTAS / Cómo enfrentan la función pública los que tienen patrimonios importantes:
Niegan caer en dualidad política-empresa
NIEVES ARAVENA E.
Respondiendo al emplazamiento de Piñera, varios top de la Concertación afirman que separan aguas entre sus negocios y la actividad política, y descartan conflictos de interés. Cuentan que han liquidado sus activos y los han depositado en fondos mutuos y en el extranjero o han delegado en terceros la administración de empresas en las que participan.
NIEVES ARAVENA E.
La mezcla de negocios y política suele ser explosiva. Y si estos componentes no están separados, la fórmula puede detonar en cualquier momento.
El ex candidato presidencial Sebastián Piñera, con un patrimonio bursátil estimado en US$ 1.700 millones (uno de los tres "top" del país), quien suele ser emplazado hasta en la Alianza por el tema, ha asegurado que el problema no es sólo de él. Que también afecta a varios empresarios y personajes políticos de la Concertación que ejercen cargos públicos y parlamentarios y tampoco separan bien las cosas.
Por eso, luego de que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lo multara por su compra de acciones LAN, el ex candidato y RN emplazaron al Gobierno por tercera vez a legislar sobre un fideicomiso ciego, es decir, exigir a quienes ejerzan un cargo público delegar la administración de sus bienes en terceros. Hubo un proyecto en 2005, pero nunca se tramitó.
Preguntamos en las filas de la Concertación a políticos y a ministros que participan en sociedades y en inversiones: ¿cómo separan aguas entre el manejo de su patrimonio y sus responsabilidades en el Gobierno?
Todos reconocen que sería positivo legislar, pero junto a otras medidas de transparencia, porque desde un cargo público no sólo se puede influir, sino que además se accede a mucha información que no tiene el ciudadano común. Tanto así, que los senadores PS Carlos Ominami y Pedro Muñoz quieren crear la figura de "posición privilegiada" en un proyecto de ley (ver recuadro).
"¡El más rico!"
La declaración de patrimonio, estrenada en 2006, es vista como un avance, pero el acceso ciudadano a ella vía internet está en deuda.
En el Senado, los senadores más "afortunados" son vox populi entre sus pares. Y aunque es difícil saber si ejercen como empresarios, las declaraciones de bienes los retratan en sus inversiones en activos, sociedades y valores.
"Todas las cosas están a mi nombre y todos los demás tienen sociedades a nombre de otras personas, y en un momento determinado ¡yo aparezco como el más rico del Senado!", dice el senador DC Hosaín Sabag.
A él no le cabe duda de que es necesario legislar: "Hay que hacer una completa separación de las actividades legislativas, del Ejecutivo o de servicio público, con las actividades comerciales o industriales".
Su patrimonio, revela, es del orden de $ 8 mil millones (unos US$ 15 millones) y lo avaló con su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), y emplaza a todos a hacer lo mismo. Son activos, en campos agrícolas, lecheros y forestales, que no le causan conflicto: "Todo esto lo manejan mis hijos y yo me dedico 100% a la actividad pública, no he faltado a ninguna sesión ni a las comisiones", dice.
No es el único. Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) declaró varias propiedades, dando los roles de avalúo, y el 50% de derechos de capital en Inversiones Saturno S.A. Pero desde su venta de acciones de Sigdo Koppers, por US$ 6 millones, se ha dedicado a la política. Tiene sociedades con su esposa. "Hace muchos años que dejé los negocios, así que no estoy metido con nada en que tenga algún interés personal. Aquí hay que ser muy claros: los negocios a un lado y la política al otro", dijo Frei en mayo de este año a "El Mercurio".
Otro empresario de renombre es el senador Fernando Flores (independiente), fundador de Chile Primero, quien declaró propiedades por $510 millones, 7 sociedades del rubro tecnológico y valores e instrumentos transables por unos US$ 7 millones.
"Sin ley, se puede"
El ex senador Sergio Bitar, presidente del PPD, cree útil legislar sobre fideicomiso ciego, pero también apurar otros proyectos que están en la línea de separar política y dinero (prohibir donaciones de empresas a las campañas y regular el lobby).
"No es urgente (lo del fideicomiso) porque en el fondo son muy pocos los casos en que se halla una vinculación tan estrecha entre gran cantidad de dinero y política, como es el caso de Sebastián Piñera", señala.
En su caso, asegura, no tuvo doble actividad como empresario y en la función pública, cuando era senador PPD y después como ex ministro de Educación. "Desde el momento en que entré al Senado, me he dedicado jornada plena (a la vida política). No manejo ni tengo intereses en empresas, salvo en algunas actividades inmobiliarias que son familiares; pero dejé de lado cualquier negocio", explica.
Bitar asegura que liquidó todo, y lo que quedó lo vieron sus hijos. "No es necesario el fideicomiso ciego para separar las cosas. Hay mil mecanismos para hacerlo, de manera que es un tema ético y de decisión personal. No es que la ley tenga que obligarlo, se puede hacer sin una ley", enfatiza.
A Carlos Ominami (PS),vicepresidente del Senado, le surgen dudas de que el fideicomiso ciego sea la solución, porque tratándose de un país pequeño como Chile, a diferencia de Estados Unidos, la capacidad de romper el nexo y delegar ciento por ciento la administración del patrimonio es dudosa. No obstante, dice, "hay que intentarlo".
Ominami confiesa que su patrimonio es de unos $400 millones: "Tengo cuatro propiedades y soy socio de una inmobiliaria con Jaime Estévez y Patricio Leiva, en que tenemos delegada la administración en una tercera persona, o sea, opera como un fideicomiso, aunque lo mío (en total) es mucho menos de un millón de dólares".
Al senador PPD Roberto Muñoz Barra suelen mencionarlo como empresario radial de la Araucanía, pero él aclara que esa sociedad que manejaba dos radios pasó a manos de sus hijos hace varios años. Sólo declaró participar en una inmobiliaria y dos propiedades. "Soy una persona modesta económicamente", precisa. Apoya crear un fideicomiso ciego cuando se trate de grandes patrimonios y con intereses en rubros que inciden en el desarrollo del país, como las explotaciones mineras, la banca, la pesca y lo forestal.
Lo razonable
Patricio Walker (DC), presidente de la Cámara de Diputados, ha tenido y tiene alguna participación en sociedades familiares, y así lo declaró, como también inversiones en valores. Pero, enfatiza, "nunca he ejercido como empresario. Toda la vida he sido un servidor público".
"Mi padre fue un empresario exitoso, tenía 500 hectáreas plantadas en Curicó (Agrícola Wapri), y eso se vendió. Gran parte de lo que tengo está en el extranjero, no tengo acciones en empresas chilenas, salvo dos bonos de renta fija. Hice esa opción para no tener conflictos de interés", explica el diputado Walker. Las inversiones se las supervisa uno de sus hermanos.
A Walker le parece que el fideicomiso ciego es una alternativa razonable. Y lo mejor, dice, es que la inversión se haga fuera del país, que la legislación exija que todo lo que sea renta variable se haga en el extranjero. "Eso elimina todos los conflictos de interés", afirma.
Pero pese a todos los problemas que traen los recursos, en algo sí hay consenso: no se puede dejar a una persona fuera de la actividad política porque tiene mucho dinero.
El senador Sabag es categórico: "Piñera se ha ganado esa plata con su inteligencia y capacidad. No podemos aislar a las personas que tienen éxito, si no nos vamos a llenar de puros burócratas que nunca le han dado trabajo a ninguna persona, que no sabrían manejar la riqueza del país".
Fideicomiso ciego, ¿desde qué monto?
El Gobierno aún guarda el proyecto que quedó listo en 2005 para enviarlo al Congreso en marzo de 2006, luego de las elecciones. El fideicomiso ciego (blind trust) se inspiró en el modelo anglosajón, lo que podría no ajustarse a Chile, pero además no es claro desde qué monto exigirlo.
Si es desde $200 millones en capital de inversión, como sugirió la Comisión de Probidad, a algunos les parece bajo. Hoy hay discrepancias: unos sugieren desde US$ 1 millón; otros sobre 100 millones de pesos de ingresos excedentes en una familia. ¿O sólo para grandes fortunas? Es la duda.
Un bloqueo obligado por "posición privilegiada"
Los senadores PS Carlos Ominami y Pedro Muñoz acaban de elaborar un proyecto que crea la figura de "posición privilegiada". Se trata de inhabilitar (un "block out") por dos años para efectuar grandes transacciones económicas en valores. Se aplicaría a quienes han sido candidatos al Senado y a la Presidencia, a ex ministros de Hacienda, ex superintendentes de Bancos, de Valores y a los presidentes de comisiones de Hacienda del Senado. Ellos están en "posición privilegiada" respecto del ciudadano común, de pequeños accionistas, y constituyen una "competencia desleal en el mercado".
Cómo lo resuelven los ministros
Estos secretarios de Estado delegan en terceros sus inversiones, se asilan en la ética y apoyan perfeccionar la ley.
"Me parece que la declaración de patrimonio es muy importante. Pero podría ser útil perfeccionar la legislación en esta materia", dice el ministro de Transportes, René Cortázar.
Delegar la administración fue su elección. Su declaración patrimonial es del orden de $450 millones. "Tengo ahorros que he hecho durante mi vida profesional, están en fondos mutuos y fondos de inversión, administrados por terceros", explica. No se enfrenta a la dualidad entre ser funcionario público y empresario, porque no lo es, ni tiene acciones a su nombre.
El ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, declaró participar en el patrimonio de la sucesión Gabriel Bitran con un 20,83% de los derechos, lo que equivale a 1.878 millones de pesos (US$ 3,5 millones). Precisa que sus inversiones provienen de una herencia paterna, de una empresa en el rubro farmacéutico, la que se vendió. Actualmente, la familia está otorgando un mandato a una corredora para que administre estos recursos. "Ellos administran el portfolio, y lo que uno tiene cada cierto tiempo son los resultados de las inversiones vía internet".
Al igual que Cortázar, destaca que delegar en terceros es la mejor forma de administrar estos recursos, para lo cual no se requiere de leyes especiales.
En esa línea, el ministro del Interior, Belisario Velasco, dice que "para actuar éticamente en política no se requiere de una ley que obligue a separar el afán de lucro con el servicio a los intereses del Estado". Su declaración de patrimonio está en la web del Ministerio del Interior (interior.gov.cl) y promete "actualizar esos antecedentes en el momento de hacer abandono del cargo".
Niegan caer en dualidad política-empresa
NIEVES ARAVENA E.
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NIEVES ARAVENA E.
La mezcla de negocios y política suele ser explosiva. Y si estos componentes no están separados, la fórmula puede detonar en cualquier momento.
El ex candidato presidencial Sebastián Piñera, con un patrimonio bursátil estimado en US$ 1.700 millones (uno de los tres "top" del país), quien suele ser emplazado hasta en la Alianza por el tema, ha asegurado que el problema no es sólo de él. Que también afecta a varios empresarios y personajes políticos de la Concertación que ejercen cargos públicos y parlamentarios y tampoco separan bien las cosas.
Por eso, luego de que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lo multara por su compra de acciones LAN, el ex candidato y RN emplazaron al Gobierno por tercera vez a legislar sobre un fideicomiso ciego, es decir, exigir a quienes ejerzan un cargo público delegar la administración de sus bienes en terceros. Hubo un proyecto en 2005, pero nunca se tramitó.
Preguntamos en las filas de la Concertación a políticos y a ministros que participan en sociedades y en inversiones: ¿cómo separan aguas entre el manejo de su patrimonio y sus responsabilidades en el Gobierno?
Todos reconocen que sería positivo legislar, pero junto a otras medidas de transparencia, porque desde un cargo público no sólo se puede influir, sino que además se accede a mucha información que no tiene el ciudadano común. Tanto así, que los senadores PS Carlos Ominami y Pedro Muñoz quieren crear la figura de "posición privilegiada" en un proyecto de ley (ver recuadro).
"¡El más rico!"
La declaración de patrimonio, estrenada en 2006, es vista como un avance, pero el acceso ciudadano a ella vía internet está en deuda.
En el Senado, los senadores más "afortunados" son vox populi entre sus pares. Y aunque es difícil saber si ejercen como empresarios, las declaraciones de bienes los retratan en sus inversiones en activos, sociedades y valores.
"Todas las cosas están a mi nombre y todos los demás tienen sociedades a nombre de otras personas, y en un momento determinado ¡yo aparezco como el más rico del Senado!", dice el senador DC Hosaín Sabag.
A él no le cabe duda de que es necesario legislar: "Hay que hacer una completa separación de las actividades legislativas, del Ejecutivo o de servicio público, con las actividades comerciales o industriales".
Su patrimonio, revela, es del orden de $ 8 mil millones (unos US$ 15 millones) y lo avaló con su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), y emplaza a todos a hacer lo mismo. Son activos, en campos agrícolas, lecheros y forestales, que no le causan conflicto: "Todo esto lo manejan mis hijos y yo me dedico 100% a la actividad pública, no he faltado a ninguna sesión ni a las comisiones", dice.
No es el único. Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) declaró varias propiedades, dando los roles de avalúo, y el 50% de derechos de capital en Inversiones Saturno S.A. Pero desde su venta de acciones de Sigdo Koppers, por US$ 6 millones, se ha dedicado a la política. Tiene sociedades con su esposa. "Hace muchos años que dejé los negocios, así que no estoy metido con nada en que tenga algún interés personal. Aquí hay que ser muy claros: los negocios a un lado y la política al otro", dijo Frei en mayo de este año a "El Mercurio".
Otro empresario de renombre es el senador Fernando Flores (independiente), fundador de Chile Primero, quien declaró propiedades por $510 millones, 7 sociedades del rubro tecnológico y valores e instrumentos transables por unos US$ 7 millones.
"Sin ley, se puede"
El ex senador Sergio Bitar, presidente del PPD, cree útil legislar sobre fideicomiso ciego, pero también apurar otros proyectos que están en la línea de separar política y dinero (prohibir donaciones de empresas a las campañas y regular el lobby).
"No es urgente (lo del fideicomiso) porque en el fondo son muy pocos los casos en que se halla una vinculación tan estrecha entre gran cantidad de dinero y política, como es el caso de Sebastián Piñera", señala.
En su caso, asegura, no tuvo doble actividad como empresario y en la función pública, cuando era senador PPD y después como ex ministro de Educación. "Desde el momento en que entré al Senado, me he dedicado jornada plena (a la vida política). No manejo ni tengo intereses en empresas, salvo en algunas actividades inmobiliarias que son familiares; pero dejé de lado cualquier negocio", explica.
Bitar asegura que liquidó todo, y lo que quedó lo vieron sus hijos. "No es necesario el fideicomiso ciego para separar las cosas. Hay mil mecanismos para hacerlo, de manera que es un tema ético y de decisión personal. No es que la ley tenga que obligarlo, se puede hacer sin una ley", enfatiza.
A Carlos Ominami (PS),vicepresidente del Senado, le surgen dudas de que el fideicomiso ciego sea la solución, porque tratándose de un país pequeño como Chile, a diferencia de Estados Unidos, la capacidad de romper el nexo y delegar ciento por ciento la administración del patrimonio es dudosa. No obstante, dice, "hay que intentarlo".
Ominami confiesa que su patrimonio es de unos $400 millones: "Tengo cuatro propiedades y soy socio de una inmobiliaria con Jaime Estévez y Patricio Leiva, en que tenemos delegada la administración en una tercera persona, o sea, opera como un fideicomiso, aunque lo mío (en total) es mucho menos de un millón de dólares".
Al senador PPD Roberto Muñoz Barra suelen mencionarlo como empresario radial de la Araucanía, pero él aclara que esa sociedad que manejaba dos radios pasó a manos de sus hijos hace varios años. Sólo declaró participar en una inmobiliaria y dos propiedades. "Soy una persona modesta económicamente", precisa. Apoya crear un fideicomiso ciego cuando se trate de grandes patrimonios y con intereses en rubros que inciden en el desarrollo del país, como las explotaciones mineras, la banca, la pesca y lo forestal.
Lo razonable
Patricio Walker (DC), presidente de la Cámara de Diputados, ha tenido y tiene alguna participación en sociedades familiares, y así lo declaró, como también inversiones en valores. Pero, enfatiza, "nunca he ejercido como empresario. Toda la vida he sido un servidor público".
"Mi padre fue un empresario exitoso, tenía 500 hectáreas plantadas en Curicó (Agrícola Wapri), y eso se vendió. Gran parte de lo que tengo está en el extranjero, no tengo acciones en empresas chilenas, salvo dos bonos de renta fija. Hice esa opción para no tener conflictos de interés", explica el diputado Walker. Las inversiones se las supervisa uno de sus hermanos.
A Walker le parece que el fideicomiso ciego es una alternativa razonable. Y lo mejor, dice, es que la inversión se haga fuera del país, que la legislación exija que todo lo que sea renta variable se haga en el extranjero. "Eso elimina todos los conflictos de interés", afirma.
Pero pese a todos los problemas que traen los recursos, en algo sí hay consenso: no se puede dejar a una persona fuera de la actividad política porque tiene mucho dinero.
El senador Sabag es categórico: "Piñera se ha ganado esa plata con su inteligencia y capacidad. No podemos aislar a las personas que tienen éxito, si no nos vamos a llenar de puros burócratas que nunca le han dado trabajo a ninguna persona, que no sabrían manejar la riqueza del país".
Fideicomiso ciego, ¿desde qué monto?
El Gobierno aún guarda el proyecto que quedó listo en 2005 para enviarlo al Congreso en marzo de 2006, luego de las elecciones. El fideicomiso ciego (blind trust) se inspiró en el modelo anglosajón, lo que podría no ajustarse a Chile, pero además no es claro desde qué monto exigirlo.
Si es desde $200 millones en capital de inversión, como sugirió la Comisión de Probidad, a algunos les parece bajo. Hoy hay discrepancias: unos sugieren desde US$ 1 millón; otros sobre 100 millones de pesos de ingresos excedentes en una familia. ¿O sólo para grandes fortunas? Es la duda.
Un bloqueo obligado por "posición privilegiada"
Los senadores PS Carlos Ominami y Pedro Muñoz acaban de elaborar un proyecto que crea la figura de "posición privilegiada". Se trata de inhabilitar (un "block out") por dos años para efectuar grandes transacciones económicas en valores. Se aplicaría a quienes han sido candidatos al Senado y a la Presidencia, a ex ministros de Hacienda, ex superintendentes de Bancos, de Valores y a los presidentes de comisiones de Hacienda del Senado. Ellos están en "posición privilegiada" respecto del ciudadano común, de pequeños accionistas, y constituyen una "competencia desleal en el mercado".
Cómo lo resuelven los ministros
Estos secretarios de Estado delegan en terceros sus inversiones, se asilan en la ética y apoyan perfeccionar la ley.
"Me parece que la declaración de patrimonio es muy importante. Pero podría ser útil perfeccionar la legislación en esta materia", dice el ministro de Transportes, René Cortázar.
Delegar la administración fue su elección. Su declaración patrimonial es del orden de $450 millones. "Tengo ahorros que he hecho durante mi vida profesional, están en fondos mutuos y fondos de inversión, administrados por terceros", explica. No se enfrenta a la dualidad entre ser funcionario público y empresario, porque no lo es, ni tiene acciones a su nombre.
El ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, declaró participar en el patrimonio de la sucesión Gabriel Bitran con un 20,83% de los derechos, lo que equivale a 1.878 millones de pesos (US$ 3,5 millones). Precisa que sus inversiones provienen de una herencia paterna, de una empresa en el rubro farmacéutico, la que se vendió. Actualmente, la familia está otorgando un mandato a una corredora para que administre estos recursos. "Ellos administran el portfolio, y lo que uno tiene cada cierto tiempo son los resultados de las inversiones vía internet".
Al igual que Cortázar, destaca que delegar en terceros es la mejor forma de administrar estos recursos, para lo cual no se requiere de leyes especiales.
En esa línea, el ministro del Interior, Belisario Velasco, dice que "para actuar éticamente en política no se requiere de una ley que obligue a separar el afán de lucro con el servicio a los intereses del Estado". Su declaración de patrimonio está en la web del Ministerio del Interior (interior.gov.cl) y promete "actualizar esos antecedentes en el momento de hacer abandono del cargo".
Saludos
Rodrigo González Fernández
Renato Sánchez 3586 of. 10
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