Es necesario que exista una sociedad civil fuerte
Por Jaime Gazmuri, senador por la Región del Maule
Senador Jaime Gazmuri, Región del Maule
Es importante generar un estatuto jurídico con todas las normas que favorezcan el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil; así como su participación en la vida de la sociedad y su vinculación armónica con el Estado.
Esto va más allá de la declaración evidente de la Constitución, del derecho a la asociación libre. Desde el punto de vista del Estado, es un interés público que se desarrolle la organización de la sociedad civil y, por tanto, que haya una política activa en el sentido de promover la asociación y la participación ciudadanas en los distintos aspectos de la vida social.
Ese es el sentido que debe tener una ley específica para promover la participación, de lo contrario nos bastaría solo con el texto constitucional. Ese es el gran avance que estamos haciendo desde el punto de vista jurídico con este proyecto: declaramos que es de interés público que haya una sociedad civil fuerte y, por tanto, que también es responsabilidad de Estado poner todo a disposición para que esa sociedad civil pueda, efectivamente, desarrollarse y tener cada vez más presencia, participación e influencia en la vida de la sociedad.
Sin embargo, creo que hay que hacer una discusión muy seria y a fondo sobre las críticas en torno a que el proyecto dejaría a las organizaciones de la sociedad civil sujetas al control, de una u otra manera, o a la supervigilancia, del Ministerio Secretaría General de Gobierno que ha sido calificado como un "Ministerio político".
Efectivamente, puede existir –y ha existido en la historia de la humanidad, y no vamos a decir en la historia de Chile- la tentación de los Estados a influir, manipular, intervenir en las organizaciones de la sociedad civil. Es evidente, es un dato que está.
No obstante, que estas organizaciones dependan de la Secretaría General de Gobierno es una herencia que viene desde el régimen militar, no lo inventamos nosotros y además todos los Ministerios son políticos.
Los temas de fondo son: si se necesita o no un registro de organizaciones. Creo que en la medida en que haya una política pública activa, de promoción de las organizaciones y de, incluso, un fondo y de financiamiento, evidentemente se necesita cierta formalización para que no haya entidades que no existen, o para que no se den tantos recursos públicos a organizaciones de fachada, por ejemplo.
Por ello, establecer la personalidad jurídica y ciertos requisitos mínimos no atenta contra la libertad de las organizaciones y este aspecto está bien salvado en la ley.
Ahora, si se pretende que dependa de otro Ministerio, yo, por lo menos, no vería ningún problema, porque ése no es el punto, porque si algún Gobierno quiere intervenir de mala manera, esté en el Ministerio que esté, va a estar igual la información.
Lo mismo vale para las objeciones sobre el Estatuto del Voluntario. Aquí no es que se esté reglamentando el voluntariado sino que se están estableciendo las mínimas normas de registro para las organizaciones voluntarias que a su vez sean objeto de políticas públicas. Porque las organizaciones voluntarias que no son objeto de políticas públicas no necesitan ni registro, ni personalidad jurídica.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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