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| En las últimas semanas se han conocido postergaciones de proyectos mineros y decisiones de compañías que han preferido ser más cautas en su programa de inversiones. Es el caso del proyecto Inca de Oro, en que Codelco y su socio PanAust resolvieron posponer indefinidamente la iniciativa, o el de Barrick que, respecto de Cerro Casale informó que "monitoreará el atractivo del proyecto y evaluará alternativas para mejorar sus números", para luego tomar una decisión sobre su construcción, "si es que las condiciones de inversión así lo justifican". Entre las razones que se aducen, figuran los mayores costos que están enfrentando las empresas, empujados en gran parte por el insumo energético. "Ha sido bastante dramático. Tenemos casi US$150 millones más de costos atribuibles a energía", manifestó el vicepresidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, al momento de presentar los resultados del primer semestre de la corporación. Según el informe de Cochilco "Proyección del Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre", la demanda eléctrica de este sector crecerá a un ritmo de 6,7% anual en el periodo 2012-2020, aumento que no se relaciona con una menor eficiencia, sino con la extracción de minerales más duros, faenas más distantes y profundas, y disminución de leyes. Si bien el estudio constata que existen proyectos de generación en la cartera que, de realizarse, pueden suministrar la demanda de energía eléctrica que requiere la minería del cobre, desde la industria energética se advierte que no hay proyectos en construcción que se pongan en marcha hasta 2017. De hecho, el propio Gobierno flexibilizó la meta 20/20 respecto de la incorporación de proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), que implicaba que de los nuevos proyectos de generación, un 20% fuera de este tipo de tecnología hacia 2020, porcentaje que ya no es determinante y cuyo plazo tampoco es exigible. En un escenario energético ya frágil, se conoció recientemente el fallo de la Corte Suprema que paralizó el proyecto termoeléctrico Central y Puerto Castilla, ubicado en la Región de Atacama, cuya materialización era esperada por varias compañías mineras de la zona, porque veían en ella una vía para aliviar los crecientes costos de energía que están enfrentando. Ésta y otras detenciones de proyectos no hacen más que aumentar la fragilidad del panorama eléctrico actual y, con ello, continuar incrementando los precios de la generación que impactan a la actividad minera y a la producción del país en general. No obstante Chile exhibe una curva ascendente en materia de inversión extranjera (al primer semestre de 2012 se materializaron US$12.275 millones, la cifra más alta de la última década y 80% superior a la registrada en igual periodo de 2011) y sigue percibiéndose como un país confiable con estabilidad política y económica, no cabe duda que los anuncios de postergaciones de proyectos mineros –la principal actividad productiva del país– y especialmente las razones de tales retrasos, constituyen una negativa señal para el inversionista, que además espera desarrollar sus iniciativas en un marco de certidumbre. En ese sentido, cabe esperar que las regulaciones pendientes (reglamentos de cierre de faenas y del SEIA sobre consulta indígena según el Convencio 169 de la OIT), así como el inicio del funcionamiento de los Tribunales Ambientales incorporen criterios eminentemente técnicos a los procesos de evaluación por parte de las autoridades competentes, de modo de facilitar la necesaria inversión en nuevas fuentes de energía, en vez de obstaculizarlas. | ||||||||||||
Fuente: revista de Minería
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU(
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