Alberto Espina O.
Senador
Sebastián Piñera ha sostenido, con toda razón, que para disminuir la delincuencia se deben establecer políticas públicas que contengan medidas concretas dirigidas a la prevención, el control del delito, la rehabilitación, y, sobre todo, mejorar la gestión de las mismas, lo que ha sido el gran talón de Aquiles y causa directa del fracaso de la Concertación en esta materia.
Corrobora este fracaso la última encuesta de Adimark, en la que el 85% de la ciudadanía desaprueba la forma como el Gobierno ha enfrentado el tema de la delincuencia. La razón es evidente: de acuerdo con la última encuesta nacional urbana de Seguridad Ciudadana, durante el año 2008, el 35,3% de los hogares fue víctima de algún delito.
Por ello, es sorprendente que los candidatos presidenciales que son o eran de la Concertación prometan disminuir la delincuencia, en circunstancias de que durante los últimos 20 años, los gobiernos que ellos encabezaron -o de los cuales formaron parte- han sido incapaces de hacerlo.
Más inexplicable es el hecho de que no han dicho una palabra acerca del flagrante incumplimiento del actual Gobierno del Acuerdo Nacional sobre Seguridad Pública que en noviembre de 2007 suscribió con la oposición, que contempla medidas específicas y concretas propuestas por Sebastián Piñera, y que precisamente, por no haberlas materializado el Ejecutivo, están incluidas en su programa presidencial.
El Gobierno se comprometió a presentar al Congreso en marzo del año pasado un conjunto de medidas para focalizar los recursos públicos en las familias más vulnerables, tanto en prevención como en rehabilitación, con el fin de evitar que las conductas de los padres se transformen en condicionantes de riesgo delictivo para sus hijos. Estas medidas contemplan distintas formas de reinserción social en el ámbito laboral, educacional, de capacitación y otros. Estas familias corresponden a aquellas en que existe violencia intrafamiliar, hijos de presos, en las que hay drogadicción y alcoholismo, y aquellas que viven en verdaderos guetos de pobreza. Las medidas no se han presentado.
El Gobierno se comprometió a enviar en junio del año pasado un proyecto de ley para introducir cambios de fondo en el Sename que garanticen el carácter profesional de sus funcionarios, y con procedimientos estrictos de control y fiscalización del trabajo con los menores para lograr su reinserción social. El proyecto no se ha enviado, con el agravante de que en los centros de internación de los menores que cometen delitos no se cumple con la ley vigente, ya que los programas de rehabilitación de consumo de drogas y alcohol son mínimos, y las actividades de carácter educativo, de formación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo personal tienen gravísimas deficiencias.
El Gobierno se comprometió a modificar la ley que establece medidas alternativas a las penas privativas de libertad, que consisten en la libertad vigilada, la remisión condicional y la reclusión nocturna, sistema que está absolutamente colapsado, y que en la práctica significa que los condenados que gozan de estos beneficios quedan sin ningún control ni programa de reinserción social. El proyecto tenía tantas deficiencias, que la Comisión de Constitución de la Cámara le pidió al Gobierno hace meses que lo rehiciera. La reformulación no se ha realizado.
El Gobierno se comprometió a aprobar, hace más de un año, la reforma constitucional que establece el derecho de las víctimas de delitos graves a defensa jurídica gratuita cuando no puedan costeársela por sí mismas, y a crear un órgano autónomo que administre un sistema flexible que permita materializar este derecho. La reforma fue aprobada por el Senado, y está paralizada en la Cámara de Diputados, probablemente porque fue presentada por senadores de la Alianza.
El Gobierno se comprometió a entregar semestralmente al Congreso toda la información sobre las políticas públicas y los programas de seguridad ciudadana para evaluar la gestión y eficacia de los mismos. La información respecto del año 2008 y primer semestre de 2009 no se ha enviado.
Los gobiernos de la Concertación y sus candidatos presidenciales, definitivamente, no tienen la voluntad ni la decisión para sacar adelante las medidas que permitirían disminuir la delincuencia. Cuando se les enrostra lo anterior recurren a descalificaciones y a mil excusas y explicaciones. La buena noticia es que en un gobierno de Piñera, ésta y otras medidas se cumplirán, y tendremos un país más seguro para todos.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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