Clara Szczaranski
Son asuntos diferentes, pese a que muchos lo ignoren o nieguen. Hace unos días, un ilustre personero se indignó cuando se habló de corrupción, siendo que sólo se trataba —dijo— de "dos pesos por aquí, cuatro pesos por allá". ¡Lamentable falta de perspectiva ante un fenómeno criminógeno, corrosivo del Estado y de la democracia! Pues "el país de facto" (corrupto) puede llegar a gobernar al "país legal" (aparente), como sucedió en Italia.
La corrupción existe y es grave como fenómeno criminal y criminógeno, con independencia del monto en juego. Es un fenómeno cultural que lleva a saltarse normas para apropiarse de las cosas públicas u obtener ventajas indebidas frente a terceros competidores. Un monto alto sólo determina un daño material mayor al patrimonio público o del privado aventajado por la coima.
Tras la errónea valoración de la corrupción anida en la lógica de algunos políticos y autoridades algo más peligroso: la convicción sincera de la legitimidad del proceder corrupto, sobre todo en quienes piensan que, así como la derecha financia sus partidos, las instituciones popularmente elegidas deben financiar a los suyos con lo público.
España, en cuya historia en gran medida está anunciado nuestro devenir, fue azotada por graves casos de corrupción sistémica (Casa de Moneda, Banco de España, financiamiento ilegal del partido de gobierno, obtenido mediante un cuidadoso diseño de ingeniería mercantil apoyado en una red de sociedades de papel o palos blancos). Pero la España de la década pasada —como nosotros hasta ahora— negaba la corrupción sistemática, la que de todos modos emergió por sobre la voluntad que la quiso ignorar, como precisa Perfecto Ibáñez, con "ceguera, necia o perversa", evitando dar oportuna respuesta al fenómeno corrupto, o no siendo capaz de hacerlo.
Ibáñez relaciona lo anterior con "la actividad empresarial (que) se desarrolla en el ámbito de la política", con el "cínico comportamiento de los políticos relevantes" y con el "argumento de los gobiernos de izquierda en orden a enfrentar las denuncias señalando que acogerlas es hacerle el juego a la derecha". Y agrega que muchos tienen la convicción de que "votaciones extraordinarias otorgan poderes extraordinarios".
En estricto rigor, la verdad es que la corrupción y el financiamiento indebido de las actividades políticas no son un problema ni de la izquierda ni de los partidos de gobierno. Es una realidad cultural, un modo de vida en el que se crean especiales mercados, como el electoral o el del tráfico de influencias. Éstos se expresan en el poder de lobby e informaciones privilegiadas, que no pueden dejar de existir (sumados) cuando funcionarios públicos de alto rango pasan a los directorios o representaciones de poderosas empresas, públicas y privadas, que generalmente intervienen en trascendentes contratos públicos de obras o concesiones de servicios. En estos casos, la autoridad no necesariamente se lleva dinero para su peculio personal, sino que suele derivar fondos mediante discutibles figuras jurídicas para pagar su diezmo a la colectividad que la sostiene, o para ganar prestigio de masas, logrando o acelerando obras públicas o negocios con el pragmatismo más extremo, a riesgo de incumplirlos o realizarlos deficientemente, pero logrando glorias coyunturales.
Tales procederes, en un país democrático, son altamente peligrosos por su incidencia sistémica y trascendente en el bien común: al desvío de recursos públicos (que empobrece los servicios que debe brindar el Estado) se asocian el destino del mercado electoral y el futuro de la conducción de los asuntos públicos desde que, al interior del mercado de la corrupción, se generan grupos de presión, socioeconómica o políticamente poderosos, que cooperan entre sí, a fin de tornar más rentable, más estable y más oculta su actuación.
En ese escenario blindado de intereses correlacionados, quienes aisladamente hemos intentado perseguir la corrupción hemos encontrado rostros fruncidos y enojados, y casi todas las puertas cerradas. No ha sido raro escuchar expresiones ofendidas de los que sin "mala conciencia" se precipitan a veces sin saberlo en la corrupción, empujados por un "pragmatismo sin principios", como Deng Xiaoping, seguido por Felipe González y varios otros gobernantes afines, declarando: "¿Qué importa que el gato sea blanco o negro, siempre que cace ratones?", para justificar el uso de dineros sucios o lavados. No son raras las veces en que la negación de la corrupción es sólo un modo de defender la propia gestión o la propia incapacidad de enderezar lo tortuoso.
Fuente:el mercurio
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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