¿QUIEN APROBARÌA UN PROYECTO QUE VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES Y CIUDADANOS DE 5 MILLONES DE CIUDADANOS ?
En punto cero acuerdo con la derecha
Transantiago con lomos de toro en la Cámara
Para el ministro Cortázar no ha sido fácil convencer a la oposición de que el subsidio podría terminar con el déficit que hasta ahora se ha ido generando mes a mes. Tampoco ha podido cuadrar, hasta ahora, a la Concertación, ya que algunas bancadas como la del PPD está condicionando su apoyo. Lejos de lo que se pensaba cuando René Cortázar asumió la cartera, el secretario de Estado ha perdido credibilidad y confianza a tal punto que según la última encuesta Adimark es el peor evaluado del gabinete de Bachelet.
Claudia Rivas A.
Claudia Rivas A.
Poco más de un año después que el recién instalado ministro de Transportes y Telecomunicaciones, René Cortázar, se comprometiera a introducir mejoras al sistema de transporte capitalino al punto de no volver a necesitar que el Congreso le apruebe fondos extras, no parece que hubiera pasado el tiempo. El escenario sigue tan complicado como hace un año, con el agravante de que incluso parlamentarios oficialistas ven con desconfianza la nueva propuesta del secretario de Estado que plantea la creación de un subsidio. El resultado es tanto o más incierto que el año pasado, pero se le suman importantes costos políticos propios de una etapa electoral.
En la derecha el escenario tampoco está tan claro. Incluso un alto dirigente de RN admitió que no se atreve a asegurar que la bancada vaya a rechazar unánimemente el proyecto que crea un "subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros". Ello, porque estima que la iniciativa ideada por el gobierno coloca en una disyuntiva a "la gente de regiones", al entregarle similar cantidad de recursos que a Santiago.
De allí que el tema esté entrampado y la situación no haya mejorado mucho, ayer, después de la presentación de Cortázar ante la comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
Qué desató la atmósfera actual. Que las expectativas generadas con la llegada de Cortázar a Transportes se fueron diluyendo cada vez que, mes a mes, el ministro se veía en la necesidad de reconocer un déficit que lejos de disminuir ha ido creciendo hasta llegar a 52 millones de dólares mensuales. A eso se suma el hecho, "evidente" para la oposición, de que la calidad del servicio tampoco mejora. Algo que también deja de manifiesto la última encuesta Adimark, según la cual la aprobación a la forma como el equipo de gobierno está manejando el Transantiago bajó de 15 a 10 puntos. Mientras que Cortázar resulta ser el ministro peor evaluado, con un 57,1 por ciento de los consultados que rechaza su gestión.
Este es el cuadro con que el ministro tendrá que lidiar para conseguir la mayoría simple que se exige para la aprobación del subsidio. La postura oficial de la Concertación en el Congreso es que "todas las bancadas están cuadradas con el gobierno". Aunque en todas ellas hay algún legislador que espera sacar una tajada o llegar a algún acuerdo extra por asegurar uno más de los esquivos votos.
Subsidio en juego
El pasado 30 de abril, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que crea un subsidio para el transporte público en todo el país. Este considera una parte permanente y otra transitoria.
El subsidio permanente alcanza los 210 millones de dólares al año para Santiago y un monto equivalente para regiones, y está ligado al pasaje escolar. Hoy los estudiantes pagan menos que los adultos, pero las empresas lo compensan aumentando el costo del pasaje a estos últimos, por lo que en la iniciativa se propone que sea el Estado el que subsidie la diferencia entre el pasaje escolar y el pasaje adulto, de modo que los adultos no paguen más como consecuencia del beneficio que reciben los escolares.
Según explican en el ministerio de Transportes, el subsidio permite que tanto la tarifa adulta como la escolar sean menores a las que se tendrían si no existiera este mecanismo. Si bien, el beneficio será para todo el país, en Santiago permitirá enfrentar el déficit del sistema, manteniendo la tarifa fija durante el presente año. Y en las demás ciudades y zonas rurales, los recursos se destinarán a beneficios tarifarios, inversión en mejoramiento del transporte público y distintos apoyos al transporte local.
El subsidio transitorio, en tanto, llega a los 135 millones de dólares al año para Santiago, y un monto equivalente para regiones, por un período de 3 años, a partir del 2009. Este se destinará al mejoramiento del Transantiago.
La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados y que se encuentra siendo debatida en la comisión de Hacienda, se resume entonces en que "el presente proyecto de ley propone un nuevo sistema de financiamiento, en el que el Estado crea un mecanismo de subsidio para financiar las franquicias existentes, permitiendo mantener el beneficio de una tarifa rebajada a los estudiantes y eliminar el impacto que la aplicación de la tarifa escolar tiene en el valor del pasaje regular a los demás usuarios, siendo ésta una ayuda concedida por el Estado para cubrir una necesidad social y económica, y a su vez, incentivar y fomentar el uso de transporte público para la población no estudiante".
¿Quién paga?
La inseguridad que provoca en RN que algún parlamentario de regiones o de comunas vulnerables de la Región Metropolitana se sensibilice con la iniciativa del gobierno y termine entregando sus votos, motivó a que la bancada analizara ayer con la secretaria general del partido, Lily Pérez, una salida de punto intermedio que "haga justicia con las regiones".
Lo que la tienda de Antonio Varas evalúa es que dado que las negociaciones con Transportes están en punto cero, se podría plantear, en la Sala, votar por separado el subsidio para Santiago del que favorece a las regiones. Aunque los más pesimistas no creen que sea viable, ya que "el gobierno lo quiere todo". De lo contrario, insistirán en que La Moneda eche mano al 2 por ciento constitucional.
La UDI está en una postura más radical. En calle Suecia, en la sesión del lunes la Comisión Política se inclinó por unanimidad por el rechazo al proyecto. Las razones son las mismas que las de sus socios y de algunos díscolos de la Concertación: Que el Transantiago es un barril sin fondo; que Cortázar no ha logrado mejorar el sistema pese al compromiso adquirido cuando asumió el cargo; que la evasión sigue siendo demasiado alta; y, que el sistema antiguo se autofinanciaba.
Y no faltan los que van más allá, planteando derechamente que no están de acuerdo con subsidiar el transporte público, pese a que en casi todo el mundo es así, porque entre otras cosas inhibe la posibilidad de generar empresa.
El jefe de la bancada de la DC, Eduardo Saffirio, tiene la convicción de que el oficialismo respaldará al gobierno en la Sala. Y que la actuación de la derecha demuestra que en su seno "se impuso la tesis de la derecha más ultra en el trato con el gobierno. La del desalojo". Incluso estima que el rechazo de la Alianza al subsidio podría terminar convirtiéndose "en un boomerang" para el sector, "porque la gente se va dar cuenta que se le está negando la plata a las regiones".
Según Saffirio, el rechazo de este proyecto "podría terminar significando un costo para la derecha en las municipales e incluso en las presidenciales, porque da la impresión que la estrategia del desalojo es conseguir el poder a cualquier precio", incluso si en el trayecto se perjudica a la ciudadanía, explica el legislador.
Incluso cree que si La Moneda se viera en la obligación de utilizar el 2 por ciento constitucional –a lo que algunos se cierran de plano en el gobierno, mientras que otros no lo descartan- también podría ser la derecha la que terminara pagando el costo, por haber provocado una situación extrema.
Pese a la certeza de Saffirio, la bancada PPD condicionó oficialmente su voto a mejorías en materia de medio ambiente. Así, el panorama no es fácil para el ministro Cortázar, quien además debió afrontar la acusación de la derecha de que aún cuando se apruebe el subsidio, a partir de enero del 2009 el pasaje del Transantiago aumentará en un máximo de 20 pesos por mes. Cosa que el secretario de Estado no pudo desmentir.
En la derecha el escenario tampoco está tan claro. Incluso un alto dirigente de RN admitió que no se atreve a asegurar que la bancada vaya a rechazar unánimemente el proyecto que crea un "subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros". Ello, porque estima que la iniciativa ideada por el gobierno coloca en una disyuntiva a "la gente de regiones", al entregarle similar cantidad de recursos que a Santiago.
De allí que el tema esté entrampado y la situación no haya mejorado mucho, ayer, después de la presentación de Cortázar ante la comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
Qué desató la atmósfera actual. Que las expectativas generadas con la llegada de Cortázar a Transportes se fueron diluyendo cada vez que, mes a mes, el ministro se veía en la necesidad de reconocer un déficit que lejos de disminuir ha ido creciendo hasta llegar a 52 millones de dólares mensuales. A eso se suma el hecho, "evidente" para la oposición, de que la calidad del servicio tampoco mejora. Algo que también deja de manifiesto la última encuesta Adimark, según la cual la aprobación a la forma como el equipo de gobierno está manejando el Transantiago bajó de 15 a 10 puntos. Mientras que Cortázar resulta ser el ministro peor evaluado, con un 57,1 por ciento de los consultados que rechaza su gestión.
Este es el cuadro con que el ministro tendrá que lidiar para conseguir la mayoría simple que se exige para la aprobación del subsidio. La postura oficial de la Concertación en el Congreso es que "todas las bancadas están cuadradas con el gobierno". Aunque en todas ellas hay algún legislador que espera sacar una tajada o llegar a algún acuerdo extra por asegurar uno más de los esquivos votos.
Subsidio en juego
El pasado 30 de abril, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que crea un subsidio para el transporte público en todo el país. Este considera una parte permanente y otra transitoria.
El subsidio permanente alcanza los 210 millones de dólares al año para Santiago y un monto equivalente para regiones, y está ligado al pasaje escolar. Hoy los estudiantes pagan menos que los adultos, pero las empresas lo compensan aumentando el costo del pasaje a estos últimos, por lo que en la iniciativa se propone que sea el Estado el que subsidie la diferencia entre el pasaje escolar y el pasaje adulto, de modo que los adultos no paguen más como consecuencia del beneficio que reciben los escolares.
Según explican en el ministerio de Transportes, el subsidio permite que tanto la tarifa adulta como la escolar sean menores a las que se tendrían si no existiera este mecanismo. Si bien, el beneficio será para todo el país, en Santiago permitirá enfrentar el déficit del sistema, manteniendo la tarifa fija durante el presente año. Y en las demás ciudades y zonas rurales, los recursos se destinarán a beneficios tarifarios, inversión en mejoramiento del transporte público y distintos apoyos al transporte local.
El subsidio transitorio, en tanto, llega a los 135 millones de dólares al año para Santiago, y un monto equivalente para regiones, por un período de 3 años, a partir del 2009. Este se destinará al mejoramiento del Transantiago.
La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados y que se encuentra siendo debatida en la comisión de Hacienda, se resume entonces en que "el presente proyecto de ley propone un nuevo sistema de financiamiento, en el que el Estado crea un mecanismo de subsidio para financiar las franquicias existentes, permitiendo mantener el beneficio de una tarifa rebajada a los estudiantes y eliminar el impacto que la aplicación de la tarifa escolar tiene en el valor del pasaje regular a los demás usuarios, siendo ésta una ayuda concedida por el Estado para cubrir una necesidad social y económica, y a su vez, incentivar y fomentar el uso de transporte público para la población no estudiante".
¿Quién paga?
La inseguridad que provoca en RN que algún parlamentario de regiones o de comunas vulnerables de la Región Metropolitana se sensibilice con la iniciativa del gobierno y termine entregando sus votos, motivó a que la bancada analizara ayer con la secretaria general del partido, Lily Pérez, una salida de punto intermedio que "haga justicia con las regiones".
Lo que la tienda de Antonio Varas evalúa es que dado que las negociaciones con Transportes están en punto cero, se podría plantear, en la Sala, votar por separado el subsidio para Santiago del que favorece a las regiones. Aunque los más pesimistas no creen que sea viable, ya que "el gobierno lo quiere todo". De lo contrario, insistirán en que La Moneda eche mano al 2 por ciento constitucional.
La UDI está en una postura más radical. En calle Suecia, en la sesión del lunes la Comisión Política se inclinó por unanimidad por el rechazo al proyecto. Las razones son las mismas que las de sus socios y de algunos díscolos de la Concertación: Que el Transantiago es un barril sin fondo; que Cortázar no ha logrado mejorar el sistema pese al compromiso adquirido cuando asumió el cargo; que la evasión sigue siendo demasiado alta; y, que el sistema antiguo se autofinanciaba.
Y no faltan los que van más allá, planteando derechamente que no están de acuerdo con subsidiar el transporte público, pese a que en casi todo el mundo es así, porque entre otras cosas inhibe la posibilidad de generar empresa.
El jefe de la bancada de la DC, Eduardo Saffirio, tiene la convicción de que el oficialismo respaldará al gobierno en la Sala. Y que la actuación de la derecha demuestra que en su seno "se impuso la tesis de la derecha más ultra en el trato con el gobierno. La del desalojo". Incluso estima que el rechazo de la Alianza al subsidio podría terminar convirtiéndose "en un boomerang" para el sector, "porque la gente se va dar cuenta que se le está negando la plata a las regiones".
Según Saffirio, el rechazo de este proyecto "podría terminar significando un costo para la derecha en las municipales e incluso en las presidenciales, porque da la impresión que la estrategia del desalojo es conseguir el poder a cualquier precio", incluso si en el trayecto se perjudica a la ciudadanía, explica el legislador.
Incluso cree que si La Moneda se viera en la obligación de utilizar el 2 por ciento constitucional –a lo que algunos se cierran de plano en el gobierno, mientras que otros no lo descartan- también podría ser la derecha la que terminara pagando el costo, por haber provocado una situación extrema.
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RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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