PAMELA ARAVENA BOLÍVAR Una sorpresiva e inesperada inyección de recursos recibió a mediados del año pasado el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). A fines de junio, al iniciarse las primeras trifulcas por la campaña municipal, el Ministerio de Hacienda les anunció un aumento presupuestario de $1.812 millones 222 mil. Tanto asombro causó la nueva partida, que el Consejo debió crear un programa especial -al que llamaron "Programa de Extensión Cultural"-, que nunca estuvo contemplado en el presupuesto 2008, para financiar espectáculos y eventos artísticos masivos en distintas comunas de Chile, mayoritariamente concertacionistas.
Los primeros indicios de esta partida se conocieron en la auditoría del 29 de agosto, la misma donde la Contraloría Regional de Valparaíso recomendó sancionar al ex subdirector Arturo Barrios -quien sigue siendo investigado - por el uso indebido de viáticos y del auto fiscal. En dicho informe se detectó también que gran parte de los millonarios fondos entregados por Hacienda se gastaron de manera irregular.
Por ello, ordenó una nueva auditoría, cuyo pre-informe ya estaría terminado y en etapa de revisión. En los próximos días sus conclusiones (y eventuales "acusaciones") serán notificadas al CNCA.
Cuando las reciba su presidenta, Paulina Urrutia, el Consejo tendrá 10 días hábiles para hacer sus descargos, prorrogables por otros 10 días más. Quienes han seguido de cerca el proceso estiman que a mediados de noviembre, la Contraloría estará en condiciones de elaborar el informe final, que será público, donde puede proponer nuevas sanciones. La pregunta es si el dictamen se conocerá antes o después de las elecciones del 14 de diciembre. O si verá la luz durante la eventual segunda vuelta.
El problema más delicado es que Urrutia, a pesar de tener el título de ministra, no lo es. Ante la ley es una jefa de servicio, por lo cual, de caberle eventuales responsabilidades administrativas, está obligada a responder por ellas (ver recuadro).
El tema ha desvelado tanto al Consejo, que su presidenta y otros directivos han tenido permanente contacto con la contralora regional de Valparaísoparaíso -donde tiene su domicilio legal el Consejo-, Dorothy Pérez, y el contralor general, Ramiro Mendoza. De hecho, el subdirector y suplente de Arturo Barrios, Eduardo Muñoz, tuvo cuatro audiencias telefónicas con la contralora regional: el 27 y 30 de marzo, el 14 de abril y el 7 de mayo, y otras dos audiencias personales: el 17 de mayo y el 16 de junio, las seis en calidad de ministro subrogante.
Paulina Urrutia, en tanto, tuvo una audiencia telefónica con Dorothy Pérez el 8 de enero, y dos personales con Ramiro Mendoza, el 1 de abril y el 10 de septiembre. Este mismo día, la contralora de Valparaíso recibía a la asociación nacional de funcionarios del CNCA.
Infracciones en 87% de los montos auditados
Los datos más relevantes del único informe público conocido hasta hoy, del 29 de agosto, son los siguientes:
-El dinero nunca fue solicitado por el Consejo. Hacienda simplemente le inyectó dineros frescos. De hecho, un grupo de diputados envió un oficio al ministro Andrés Velasco pidiendo antecedentes que expliquen este aumento presupuestario, la habitualidad de esta práctica y si se aplicaron los exámenes de legalidad correspondientes. El oficio aún no ha sido contestado.
-Para gastar el dinero, se creó el "Programa de Extensión Cultural", que no existía.
-A pesar de reiterados requerimientos de la Contraloría Regional, el CNCA no entregó un programa formal de esta iniciativa donde explicara sus objetivos, beneficiarios o productos esperados, cronograma de actividades ni montos programados para ellas, lo que dio motivo a ser seleccionado para esta nueva auditoría. Además, se ordenó un sumario administrativo por falta de documentación legal que respaldara las contrataciones de artistas o por incumplimiento de la normativa de la Ley 19.886 sobre Compras Públicas.
-La cifra inicial de $1.812 millones 222 mil fue modificada en diciembre, quedando en definitiva en $1.741.882.835.
-La Contraloría examinó selectivamente el gasto del 25% del monto transferido por Hacienda; es decir, de $437 millones 605 mil, constatando irregularidades en el uso de 87,05% de ese dinero.
-Por ejemplo, la Contraloría verificó que se contrataron 27 servicios artísticos (26 de los cuales fueron contrataciones directas) por un total de $86 millones 222 mil, que no se sometieron a las normas de la Ley de Compras Públicas, pues no fueron publicados en el portal ChileCompras en el plazo que correspondía.
-En otras 14 transacciones por $212 millones 736 mil, las órdenes de compra, resoluciones y contratos se emitieron con fecha posterior a la prestación de los servicios y se regularizaron extemporáneamente.
-En 13 comprobantes de egresos, por $84 millones 192 mil, las resoluciones que aprueban los contratos registran el timbre "Documento totalmente tramitado", con fechas posteriores a la realización de los eventos, "situación que, a juicio de la Contraloría Regional, vulnera las norma de buena administración y lo preceptuado en la ley 18.575, artículo 62, N°8, posibilitando una eventual infracción a los principios de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen los actos públicos".
Montos abultados
La diputada Marisol Turres, quien acompañó a una de las funcionarias que denunciaron parte de estas irregularidades -las cuatro personas que aportaron datos a la Contraloría Regional fueron exoneradas este año del servicio, al no renovárseles sus contratos-, se ha reunido en dos ocasiones con la contralora Dorothy Pérez, la última vez el 21 de septiembre. Hoy asegura que los sumarios y el nuevo informe están en etapa avanzada.
De acuerdo a los antecedentes que le han aportado los funcionarios exonerados, la orden que recibieron fue que el presupuesto extra debía gastarse entre julio y octubre, justo antes de las elecciones municipales.
"Ésta es una forma de desviar dineros a campañas políticas. La mayoría de las comunas donde se hicieron los eventos eran concertacionistas. Se contrataron servicios directamente, sin licitación, y muchas veces por precios mayores al que correspondía. Es el caso de la 'rancherita' María José Quintanilla. Ella probablemente ni siquiera lo sabe, pero si sus servicios costaban poco más de dos millones de pesos, se ordenó el pago de tres eventos por un monto cercano a los 14 millones (ver recuadro)", afirma la diputada UDI.
Otros artistas contratados para estos eventos masivos son de reconocida trayectoria, como Illapu, Los Jaivas, El Temucano, la Sonora Palacios, Buddy Richard , Los Charros de Lumaco y Javiera Parra. En el caso de Producciones Artísticas Inti Illimani Ltda., se contrataron varias veces sus servicios, una de ellas por $20.215.000 para producir el evento "100 años, 100 canciones para Allende". El acto se realizó el 21 de septiembre, pero el contrato se firmó recién el 25 de septiembre. Mientras, la resolución que aprobó dicho contrato se timbró como "totalmente tramitado" el 20 de octubre.
En una arista diferente dentro de la investigación de la Contraloría a la misma repartición pública, se está desarrollando un sumario por la contratación de personal directivo a honorarios. También se investiga el caso de una persona que prestó servicios como evaluador y seleccionador de proyectos del Fondart 2008 y paralelamente ganó, en el mismo proceso, un Fondo de la Música por $7.492.490.
Este punto también inquieta a Paulina Urrutia, quien pidió a la Contraloría General un pronunciamiento acerca de cómo se aplican las normas de probidad a las personas a honorarios o ad honorem. El contralor Ramiro Mendoza dictaminó el 8 de septiembre que quienes realizan labores, aunque sea ad honorem, no pueden participar en concursos que se financien con fondos administrados por el Consejo.
Las boletas no pagadas a María José QuintanillaEl 22 de agosto de 2008 a las 19:00 horas en el Gimnasio Municipal de Machalí -cuyo alcalde era el PPD Juan Abud-, se presentó la ex cantante de "Rojo", María José Quintanilla, contratada por el Consejo Nacional de la Cultura.
El concierto era parte de un trío de presentaciones, que también incluían otras dos comunas de la VI Región, Graneros y Pichidegua. El primer concierto se realizó en su momento, y los otros dos debieron ser postergados tras la muerte del padre de la cantante.
Entre los hechos expuestos ante la Contraloría Regional de Valparaíso por funcionarios del propio Consejo -específicamente de la jefatura de Administración General (de la que dependen Adquisiciones y Presupuesto)-, afirman que rechazaron el pago de dichos conciertos porque la contratación de Quintanilla no había cumplido con las normas legales, además de constatar que los montos estaban abultados. La cantante cobra habitualmente $ 2 millones 600 mil por presentación y, en este caso, la orden de pago era por cerca de $14 millones por las tres actuaciones.
A fines del año pasado, fue la propia Paulina Urrutia quien intervino para que se le pagara a Producciones y Eventos MJQ Ltda. por su concierto en Machalí. En su resolución exenta 05103 del 28 de noviembre, Urrutia reconoce que efectivamente los servicios artísticos de la cantante, por razones que se investigarán en el proceso disciplinario respectivo, "fueron contratados sin sujeción a las normas de contrataciones públicas".
De todas maneras, solicita una serie de medidas, entre ellas, que se certifique que se hayan prestado los servicios, para luego proceder al pago y, posteriormente, instruir su publicación en el dispositivo de Gobierno Transparente del portal web de la CNCA.
Quintanilla hizo noticia hace pocos días, tras ser invitada a La Moneda junto a un grupo de mariachis, a cantarle "Las mañanitas" a la Presidenta Bachelet en su cumpleaños.
Paulina Urrutia FernándezProfesión: Actriz de la Universidad Católica.
Edad: 40 años
Estado civil: Soltera, pareja de Augusto Góngora desde hace 12 años.
Obras de teatro: "Esperando la carroza".
Cine: "Johnny cien pesos", "La rubia de Kennedy", "Fuga".
TV: "Teresa de Los Andes", "Marrón Glacé", "Fuera de control", "El amor está de moda", "Puertas adentro".
Otras labores: ex miembro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y ex presidenta del Sindicato de Actores.
Urrutia no es ministra y se le pueden formular cargosEn el marco de las diversas fiscalizaciones y sumarios administrativos al Consejo de la Cultura, la Contraloría Regional de Valparaíso consultó a la Contraloría General cuál es la naturaleza del cargo que ostenta su presidenta -en este caso, Paulina Urrutia- y las consecuencias jurídicas que de ello se derivan.
En su dictamen N° 26.262 del 20 de mayo de este año, la Contraloría aclara que el artículo 5° de la ley que creó el Consejo afirma que su presidente "tendrá el rango de ministro de Estado y será el jefe superior del servicio".
Pero advierte que, según se colige de la historia fidedigna de la ley, se le otorgó tal rango para reforzar su representatividad e interlocución igualitaria, en el orden interno, con quienes ejercen como ministros de Estado y con quienes ocupan cargos similares en otros países. Pero que, en los hechos, "no le asisten atribuciones propias de los ministros del Estado", tanto así que los actos administrativos del Consejo deben ser expedidos a través del Ministerio de Educación. Agrega que el propio Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de un decreto supremo, por estar firmado por el presidente del Consejo, siendo que los jefes de servicio carecen de esa potestad.
La Contraloría dictamina que el presidente del CNCA, en verdad, posee el carácter de "funcionario público" y se encuentra afecto a responsabilidad administrativa. Y concluye: "las investigaciones a que se refiere la Contraloría Regional de Valparaíso pueden considerar también las posibles infracciones en que aquél podría haber incurrido en el desempeño de su cargo y, en tal sentido, resulta plenamente procedente que se le tome declaración, se formulen los cargos a que hubiere lugar en su contra, y se proponga las medidas que en derecho procedan"
De hecho, Paulina Urrutia prestó ya testimonio en la primera auditoría que realizó el ente contralor al Consejo.
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