Segregación y financiamiento compartido: Disparo equivocado
Andrés Allamand: "¿Quién entiende la lógica? Prohibir los aportes voluntarios para reemplazarlos por recursos públicos que debieran destinarse a prioridades acuciantes como las que existen en la educación parvularia y técnico-profesional..."
El centro de estudios Espacio Público señala acertadamente que uno de los desafíos de nuestro sistema escolar es reducir la alta segregación. Sin embargo, a la hora de explicar tal fenómeno, su diagnóstico es, a la vez, correcto y equivocado.
Es correcto cuando señala que el incumplimiento de la ley en cuanto a la prohibición de seleccionar hasta sexto grado no se cumple ni se fiscaliza. La ley es clara: "En ningún caso se podrá considerar en cada uno de estos cursos el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante". Y es equivocado cuando sindica al Financiamiento Compartido (FC) como gran responsable de la segregación.
¿Qué dice la evidencia? De acuerdo con la base de datos del Mineduc, al año 2014, solo el 36,1% de los establecimientos particulares subvencionados tenían FC. ¿Y cuánto representa esa cifra sobre el total de colegios? Un 19,8%. Chile tiene 364 comunas, y en 73 de ellas no hay establecimientos particulares subvencionados. A su vez, en 184 comunas no hay establecimientos que reciban FC. Por ende, solo en 180 comunas hay establecimientos que reciben aportes de los padres y apoderados.
¿A cuánto ascienden tales aportes? En el 44,5% de los casos a menos de $10.025 y en la mitad de ellos, a menos de $5.000. En el 65,7% a menos de $20.055, y en el 87,5% a menos de $40.110. El 12,5% restante cobra entre $40.110 y $80.220 y el porcentaje que se acerca al máximo permitido es no mayor al 1%.
Es efectivo que a la educación estatal municipal asisten niños de familias con un ingreso inferior a los que concurren a la educación particular subvencionada, pero es igualmente cierto que el FC es un factor marginal en tal brecha.
En cualquier caso, el FC puede ser, a diferencia de lo que piensa Espacio Público, un eficaz factor de integración escolar. Para ello bastaría aplicar la norma legal que exige a los establecimientos adscritos al sistema incorporar un 15% de alumnos vulnerables a los mismos (norma que tampoco se cumple mediante un resquicio legal) y hacer obligatoria la subvención escolar preferencial (que impide cobrar a los alumnos que la reciben).
El FC, en un contexto como el señalado, puede, además de lo expuesto, generar un compromiso mayor de los padres con la educación de sus hijos, impulsar la calidad y, sobre todo, hacer posible la diversidad de proyectos educativos, un factor que habitualmente se ignora pero que es el que hace efectiva la libertad de enseñanza. Pero no solo eso: Aun los más enconados adversarios ideológicos del FC (muchos de los cuales son "conversos" que lo apoyaron hasta hace poco) coinciden en que para suprimirlo el Estado debe "compensar" los aportes de los padres. ¿Quién entiende la lógica? Prohibir los aportes voluntarios para reemplazarlos por recursos públicos que debieran destinarse a prioridades acuciantes como las que existen en la educación parvularia y técnico-profesional.
En la argumentación de Espacio Público se advierte un claro sesgo antieducación particular subvencionada, una de cuyas expresiones es el rechazo al FC. Es otra ola de la marea ideológica que algunos quisieran instalar como núcleo del debate educacional. En todo caso, lo que la ideología no explica es por qué un sistema que supuestamente "segrega", "selecciona", "descrema", "expulsa arbitrariamente" y además cobra, es consistentemente preferido por la mayoría de los padres y apoderados.
Ciertamente la reconocida seriedad de los académicos de Espacio Público debiera llevarlos a rechazar la simplista y descalificatoria explicación del ministro Eyzaguirre que considera que ello se debe a sostenedores que "embaucan" a familias "incautas".
Andrés Allamand
Senador
Es correcto cuando señala que el incumplimiento de la ley en cuanto a la prohibición de seleccionar hasta sexto grado no se cumple ni se fiscaliza. La ley es clara: "En ningún caso se podrá considerar en cada uno de estos cursos el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante". Y es equivocado cuando sindica al Financiamiento Compartido (FC) como gran responsable de la segregación.
¿Qué dice la evidencia? De acuerdo con la base de datos del Mineduc, al año 2014, solo el 36,1% de los establecimientos particulares subvencionados tenían FC. ¿Y cuánto representa esa cifra sobre el total de colegios? Un 19,8%. Chile tiene 364 comunas, y en 73 de ellas no hay establecimientos particulares subvencionados. A su vez, en 184 comunas no hay establecimientos que reciban FC. Por ende, solo en 180 comunas hay establecimientos que reciben aportes de los padres y apoderados.
¿A cuánto ascienden tales aportes? En el 44,5% de los casos a menos de $10.025 y en la mitad de ellos, a menos de $5.000. En el 65,7% a menos de $20.055, y en el 87,5% a menos de $40.110. El 12,5% restante cobra entre $40.110 y $80.220 y el porcentaje que se acerca al máximo permitido es no mayor al 1%.
Es efectivo que a la educación estatal municipal asisten niños de familias con un ingreso inferior a los que concurren a la educación particular subvencionada, pero es igualmente cierto que el FC es un factor marginal en tal brecha.
En cualquier caso, el FC puede ser, a diferencia de lo que piensa Espacio Público, un eficaz factor de integración escolar. Para ello bastaría aplicar la norma legal que exige a los establecimientos adscritos al sistema incorporar un 15% de alumnos vulnerables a los mismos (norma que tampoco se cumple mediante un resquicio legal) y hacer obligatoria la subvención escolar preferencial (que impide cobrar a los alumnos que la reciben).
El FC, en un contexto como el señalado, puede, además de lo expuesto, generar un compromiso mayor de los padres con la educación de sus hijos, impulsar la calidad y, sobre todo, hacer posible la diversidad de proyectos educativos, un factor que habitualmente se ignora pero que es el que hace efectiva la libertad de enseñanza. Pero no solo eso: Aun los más enconados adversarios ideológicos del FC (muchos de los cuales son "conversos" que lo apoyaron hasta hace poco) coinciden en que para suprimirlo el Estado debe "compensar" los aportes de los padres. ¿Quién entiende la lógica? Prohibir los aportes voluntarios para reemplazarlos por recursos públicos que debieran destinarse a prioridades acuciantes como las que existen en la educación parvularia y técnico-profesional.
En la argumentación de Espacio Público se advierte un claro sesgo antieducación particular subvencionada, una de cuyas expresiones es el rechazo al FC. Es otra ola de la marea ideológica que algunos quisieran instalar como núcleo del debate educacional. En todo caso, lo que la ideología no explica es por qué un sistema que supuestamente "segrega", "selecciona", "descrema", "expulsa arbitrariamente" y además cobra, es consistentemente preferido por la mayoría de los padres y apoderados.
Ciertamente la reconocida seriedad de los académicos de Espacio Público debiera llevarlos a rechazar la simplista y descalificatoria explicación del ministro Eyzaguirre que considera que ello se debe a sostenedores que "embaucan" a familias "incautas".
Andrés Allamand
Senador
Fuente:
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU(
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