Un médico cirujano que denunció hostigamiento laboral por parte de un superior, ganó una demanda al fisco de Chile, razón por la que deberá ser indemnizado en la suma de 100 millones de pesos.
El fallo de la Corte de Apelaciones favoreció al facultativo local Luis Ulloa Domínguez, quien por espacio de 12 años prestó funciones para la Fuerza Aérea de Chile en Punta Arenas.
La sentencia que dio lugar a la demanda, revocó lo resuelto por el titular del Tercer Juzgado de Letras, Marcos Kusanovic, quien había denegado en primera instancia la pretensión de Ulloa Domínguez.
Según acreditó el tribunal superior, el facultativo soportó actos de hostigamiento laboral de parte de su superior jerárquico directo.
Desde el 1 de abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2010, el doctor Ulloa se desempeñó en horario de la tarde de la Base Chabunco, como también en el Policlínico de la institución de la Cuarta Brigada Aérea en Punta Arenas.
El médico apuntó sus dardos en contra del comandante de grupo de la Fach, Jaime Sandoval, su superior jerárquico, a quien responsabilizó de una serie de actos de hostigamientos, que se tradujeron en la modificación de su jornada de trabajo, la repetición de los trabajos e informes dispuesta por su superior directo, el cuestionamiento por parte de dicha jefatura de los diagnósticos del médico, la prohibición del superior directo de la recepción de las licencias médicas presentadas por el doctor Ulloa, y el padecimiento de éste de un cuadro de trastorno depresivo angustiante persistente, durante los últimos 3 años de servicios en la institución armada.
De acuerdo a lo establecido por la Corte de Apelaciones, "estas conductas, hechos y actos acontecieron en su lugar de trabajo y fueron abusivos, múltiples y constantes episodios en un lapso tiempo prolongados, destinados a excluirlo del ambiente laboral, causándole daños en derechos fundamentales de la persona en cuanto su integridad psíquica, derechos laborales y garantía de juicio justo, en suma, vejatorios para su dignidad. Fueron antijurídicos, contrarios a la Constitución Política que protege tales derechos y contrarios a la ley porque excedieron los términos y el espíritu de las prerrogativas jerárquicas".
Enseguida se sostiene que "el acoso laboral ha causado daño, toda vez que ha quedado de manifiesto, en primer lugar que afectó su dignidad en cuanto a su expresión de personalidad jurídica resultando dañados la salud psíquica del médico por un largo período, lo que debe ser ponderado como daño moral".
La ministra redactora Marta Pinto planteó en su fallo que el derecho comparado, existe legislación que ha definido la figura que se da en este caso, como "acoso laboral", así, en Colombia, la Ley 1010 de 23 de enero de 2006, que en su artículo 2 dispone: "Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo".
Contrariamente a la conclusión arribada por el juez de primer grado, Marcos Kusanovic, quien, en su opinión, el demandante "no se valió de ningún medio de prueba adicional para sustentar su postura sobre el hostigamiento que acusa", la Corte de Apelaciones le dio la razón al médico y condenó al fisco de Chile a pagar la suma de 100 millones de pesos a título de daños emergente y moral.
El doctor Luis Ulloa había demandado al fisco en la suma de 1.144 millones de pesos.
El fallo -de fecha 22 de julio- podría ser eventualmente apelado ante la Corte Suprema por parte de la demandada.
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