Oposición pone en jaque acuerdo que permite destrabar ley del lobby
Concertación insistirá en reponer registro nacional de lobbistas, lo que ha estancado trámite de ley. La semana pasada se había sellado un acuerdo en la Comisión de Constitución de la Cámara.
por Francisco Artaza - 17/06/2013 - 07:20
Diputados y senadores de la oposición se manifestaron ayer en contra del acuerdo alcanzado la semana pasada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja para destrabar la ley que regula el lobby.
La iniciativa fue apoyada por parlamentarios de todos los partidos en la comisión. Pese a ello, los jefes de los comités de la DC y el PS en la Cámara de Diputados, Ricardo Rincón y Fidel Espinoza, respectivamente, señalaron que el pacto alcanzado es "insuficiente" y que no representa los planteamientos de las colectividades de oposición en esta materia.
El diputado Espinoza planteó que al momento de discutirse el proyecto en el hemiciclo -lo que podría ocurrir a mediados de julio, si es que el gobierno mantiene la suma urgencia en la tramitación- presentarán indicaciones para modificar el texto aprobado por la Comisión de Constitución.
Los reparos de los diputados opositores coinciden con la postura que manifestaron algunos senadores de la Concertación, lo que hace aún más complejo el escenario para esta ley.
El senador PS Camilo Escalona también criticó al gobierno por no incluir un registro de lobbistas, y el actual presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, planteó que aún no existe un acuerdo sellado entre el oficialismo y la oposición para sacar adelante la ley.
Las diferencias de criterio respecto de las definiciones y alcances que debe tener un registro nacional de lobbistas fueron, precisamente, la causa de que el proyecto de ley que presentó el gobierno de Ricardo Lagos en 2003 fracasara, tras cinco años de tramitación, y que el proyecto siga estancado.
El nuevo texto enviado por el ministro Cristián Larroulet pone el énfasis en la obligación de las autoridades y funcionarios del Estado de transparentar las audiencias y gestiones que son objeto de lobby.
Para destrabar las diferencias entre el oficialismo y la oposición, Larroulet negoció durante dos meses un acuerdo con un grupo de "mandatados" de la Comisión de Constitución de la Cámara.
En las tratativas, el gobierno aceptó respaldar varias indicaciones de la oposición, que apuntaban a ampliar las autoridades y personeros que están obligados a transparentar sus agendas de reuniones. También, una medida que obliga a la Segpres a actualizar semestralmente, en una página web, un listado de todas estas citas y de quiénes las solicitan, lo que en la práctica, según señaló el diputado DC y miembro de la Comisión de Constitución, Jorge Burgos, permitiría construir un registro de lobbistas.
Además, el gobierno aceptó aumentar las penas y sanciones a quienes cometan cohecho y a las autoridades que oculten actos de lobby. El miércoles pasado, con este acuerdo en la mano, la Comisión de Constitución aprobó en forma unánime el proyecto de ley. Ahora, la iniciativa debe ser revisada por la Comisión de Hacienda de la Cámara y su futuro es incierto, incluso si logra pasar al Senado.
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