Los estudios de opinión pública muestran un creciente distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones políticas y sus actores. Aunque no es un fenómeno sólo chileno, y en parte tiene relación con tendencias sociales más allá de la arquitectura de un sistema político en particular, es necesario revisar qué aspectos de esas estructuras merecen adaptarse en función de tales tendencias.
En el caso chileno, existe amplio consenso en que el sistema vigente requiere abrir mayores espacios de participación ciudadana y de competencia, haciéndolo menos cupular y más representativo de la actual diversidad social. ¿Se puede lograr esto sin poner en riesgo la estabilidad que otorga la existencia de grandes fuerzas parlamentarias, que ha sido la experiencia nacional de las últimas dos décadas? Es lo que el Gobierno busca mediante un conjunto de reformas políticas que ha ido presentando al Congreso, las que, sin tocar el sistema electoral, abordan materias tan relevantes como la reelección y el reemplazo de parlamentarios, los plebiscitos comunales, las elecciones primarias voluntarias y vinculantes -ya aprobadas-, la elección directa de consejeros regionales, y el gobierno interno de los partidos, todo lo cual se suma a la ley de inscripción automática y voto voluntario, que por primera vez se aplicará en las próximas elecciones municipales.
Entre estas reformas, lo tocante a los partidos políticos es especialmente sensible, pues se trata de las instituciones políticas peor evaluadas -independientemente de su signo- y porque afecta el modo de organizarse y de distribuir el poder en el interior de colectividades con identidades propias y diferentes.
El proyecto que propone el Ejecutivo apunta al reforzamiento de dos valores cada vez más relevantes para la legitimidad de los partidos ante sus propios militantes y la ciudadanía: transparencia y participación. Así, los principales aspectos que el Gobierno quiere mejorar en el actual sistema incluyen la implantación de mecanismos de control y fiscalización, la aplicación de normas disciplinarias internas que garanticen el respeto a los derechos de los afiliados, el otorgamiento de mayor protagonismo a los tribunales supremos, la instauración de un gobierno corporativo que promueva la consistencia ideológica y programática, y la instauración de medidas e instrumentos de transparencia en el uso de los recursos. No se prevé el financiamiento público de los partidos, aunque probablemente sea usado como moneda de cambio para contrarrestar las naturales resistencias que este proyecto encontrará en los parlamentarios, muchos de los cuales verán amenazadas sus cuotas de poder y autonomía.
En general, son cambios bien orientados y en línea con la experiencia comparada, que ha puesto énfasis en el modo como los partidos funcionan internamente. Si bien durante mucho tiempo se les otorgaba poca importancia a los mecanismos de toma de decisiones y a quienes participaran en ellas -básicamente porque no condicionaban el resultado electoral-, en los últimos años este tema ha estado presente en la agenda de las reformas políticas de al menos seis países de la región latinoamericana, entre ellos Chile. Está en juego cómo los partidos dan respuestas a los cambios del entorno, y cómo se adaptan a las transformaciones sociales, económicas y políticas, y a la exigencia ciudadana de coherencia entre su funcionamiento interno y el discurso que comunican.
Con todo, el cambio en la arquitectura no asegura un cambio en la cultura, que es la que debe ser tocada para avanzar hacia un sistema de partidos más participativo y transparente. Al respecto, el liderazgo de las principales figuras políticas será decisivo para acortar la preocupante brecha que hoy existe entre ciudadanía y política.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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