Pablo Rodríguez Grez
Decano Facultad de Derecho
Universidad del Desarrollo
El "Estado de Derecho", como máxima creación jurídica, descansa en la premisa de que todos los conflictos que surgen en la vida social deben resolverse mediante la aplicación del sistema normativo (conjunto jerarquizado y orgánicamente estructurado de normas de carácter coercitivo). La fuerza, en este marco conceptual, es monopolio del Estado y sólo puede emplearse para hacer cumplir la ley. Si no existe norma expresa que resuelva el problema que se ha suscitado, el sistema arbitra la forma en que debe integrarse el ordenamiento jurídico, de modo que siempre se contará con un mandato válido, emanado de autoridad reconocida en la Constitución y la ley, que resuelva la controversia planteada. Por otro lado, la circunstancia anotada permite asegurar, a todos los integrantes de la sociedad, que sus actos están previamente calificados por el derecho y que pueden, por lo mismo, tener la certeza de que serán amparados ante tropelías o abusos. El castigo (penal o civil) sólo recaerá en quien transgrede la legalidad, previo juzgamiento por un tribunal imparcial y la substanciación de un procedimiento racional y justo (certeza jurídica).
Todos estos conceptos, fuertemente arraigados en la conciencia de la mayoría de los chilenos, están siendo sobrepasados diariamente por la comisión de actos ilícitos que quedan sin sanción, o la sanción que se impone constituye casi un formalismo sin la menor consecuencia reparatoria. ¿Qué ocurre en la Octava y Novena Región del país? ¿Qué ocurre en muchos barrios de Santiago en los cuales no pueden entrar ni siquiera los efectivos policiales? ¿Qué ocurre con miles de personas que han visto destruidos sus bienes y enseres por efecto de manifestaciones de la más diversa índole? ¿Qué ocurre con la destrucción sistemática de bienes públicos y privados luego de cada triunfo o derrota deportiva? ¿Qué ocurre con los daños y la destrucción de establecimientos educacionales "tomados" por los alumnos en huelga? Lo cierto es que todos estos actos confluyen en una sola dirección: la destrucción del Estado de Derecho a pretexto de que se trata de manifestaciones sociales democráticas que deben respetarse.
Tengo la impresión de que la autoridad se empeña en restar importancia a estos hechos ("bajarles el perfil"), porque todo ello, injustamente, se vuelve en contra de quienes detentan el poder. De aquí las recíprocas imputaciones entre la Corte Suprema, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. En la medida en que se eluda la responsabilidad, con razones o con argucias, se está haciendo un pésimo servicio a Chile, porque esta situación debe encararse resueltamente, en todos los frentes (Gobierno, Tribunales de Justicia y Fiscalías), empleando los medios de que dispone el Estado en defensa de quienes han sufrido destrucción y vejamen.
Ante esta realidad, que se arrastra desde hace varios años y que fue objeto de debates y promesas electorales, sólo cabe endurecer la tarea de los fiscales -atenuando sus convicciones garantistas-; aumentar la eficiencia del Gobierno para asignar los medios que faciliten la acción de la fuerza pública y el cumplimiento efectivo de las sanciones y las medidas cautelares; y mejorar el desempeño de los jueces porque, en definitiva, la impunidad es el mejor caldo de cultivo de la delincuencia.
Parece corresponder al ADN de los chilenos la ninguna capacidad para prevenir los males y perjuicios que nos acechan. Nunca tomamos medidas anticipándonos a catástrofes, crisis o conflictos que, muchas veces, parecen inminentes. Lo que sucede en este momento puede transformarse a corto plazo en la antesala de una grave ruptura del Estado de Derecho, a la que se llega por el camino de una reivindicación histórica (mapuches), de una reforma educacional (estudiantes), de la descomposición moral (narcotraficantes), del descontento juvenil (grupos antisistémicos), etcétera. Es hora de reaccionar, sin desgastarse buscando responsables, más allá de aprovechamientos electorales y de excusas pueriles.
El deber primordial del Estado es la preservación e imperio de la juridicidad, esto es, el respeto a la legalidad. Todos los medios de que dispone la Administración deben aplicarse a este fin, porque tolerar su quebrantamiento persistente y progresivo, como está ocurriendo entre nosotros, conduce inefablemente a la destrucción de la institucionalidad y el caos social.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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