se nota la mano de Allamand
Modernización en Defensa: retomando el camino
Orlando Guastavino
La transparencia en materia de evaluación de necesidades, determinación de requerimientos, diseño de proyectos y materialización de gastos e inversiones con recursos fiscales es un requisito de buena práctica en la gestión de políticas pública que nadie discute. La búsqueda de fórmulas que garanticen una eficiente y racional asignación de recursos es motivo de preocupación académica, política e institucional a nivel mundial. Es un requisito para la buena gestión, pero también para el buen ejercicio del poder político en democracia.
Nuestro país no es, por cierto, la excepción. Cada cierto tiempo ocurren eventos que activan el debate, lo que cruza transversalmente toda la actividad del sector público.
En materia de políticas de defensa, el tema adquiere ribetes especialmente particulares, en tanto existe la percepción que tanto por su volumen como por los mecanismos de decisión, existen aún espacios para mayores niveles de eficiencia y transparencia.
El nuevo ministro de Defensa ha dado inequívocas señales en la línea de abordar y profundizar este tema, en paralelo con implementar medidas administrativas de corto plazo para enfrentar temas coyunturales. Ambas concurren a un mismo fin, cual es avanzar en mejorar procesos, y así, facilitar el desarrollo de las capacidades militares necesarias para que las instituciones de la defensa continúen implementando sus programas de inversiones en sistemas de armas y su consecuente operación.
En este contexto se entienden los esfuerzos de la autoridad por profundizar las iniciativas de sus predecesores, particularmente hasta los dos tercios de la administración anterior, en la línea de desarrollar metodologías de evaluación de proyectos, diseños presupuestarios y sistemas de auditoria y control de gestión, los que deben desenvolverse en el marco de coordinaciones armoniosas y simétricas entre los diferentes actores civiles y militares que las diseñan y ejecutan.
En lo inmediato se releva el aclarar la forma en que se decidieron e implementaron inversiones como por ejemplo, el puente Mecano para el Biobío, el que, superada la necesidad por la emergencia del terremoto de febrero de 2011, debiera cumplir funciones al servicio de las capacidades operativas de las fuerzas terrestres.
Asimismo, se reconoce en todo su mérito la decisión de asignar la responsabilidad del manejo financiero de los saldos acumulados en la cuarta cuenta de la Ley del Cobre. El actual esquema que se sustituye, responde a un modelo obsoleto de gestión administrativa y financiera, muy lejano de los estándares de eficiencia y transparencia que se requiere en el actual y futuro institucional del país. El solo hecho de asignar esta responsabilidad a organismos independientes y técnicamente altamente calificados es un mensaje categórico de transparencia, modernidad y calidad de gestión.
Paralelamente se ha anunciado la creación de un Consejo de Inversiones en Defensa (CID) con participación de los dos subsecretarios de la cartera y los altos mandos institucionales y el EMCDN. La idea es actuar respecto de todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto: idea, evaluación, materialización, operación y baja de los equipos. Esta iniciativa, complementaria a la referida a la administración financiera de los saldos, implica el inicio del término del Consudena, organismo que alcanzó el control de todo el proceso de inversiones y adquisiciones.
Las tres medidas mencionadas se han materializado en plazos particularmente breves a través de medidas administrativas. Ejemplo notable de voluntad política e interés real por buenas prácticas en la gestión pública.
El país será testigo de debates en torno a la mejor fórmula para financiar las inversiones que se requieren para comprar y operar los sistemas necesarios para cubrir las capacidades militares requeridas. El gobierno ha comunicado lo esencial de la doctrina: diseño político – estratégico, consecuente requerimiento de capacidades, financiamiento multianual, seguimiento vía análisis presupuestario anual. Se aboga por una buena combinación de consenso político en la Política de Defensa, calidad técnica y eficiencia económica.
Por cierto los riesgos del avance de la iniciativa no se visualizan respecto de la necesidad de las modificaciones, sino de la forma de abordar técnicamente la solución.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN .
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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