DAVID MUÑOZ EMOL
Con el respaldo de cinco diputados de la Alianza y el solitario voto en contra del PPD Joaquín Tuma, la comisión investigadora de la Cámara que investigó irregularidades en el programa Orígenes de la Conadi, aprobó la tarde del miércoles las conclusiones de su informe final, en el que apunta sus principales dardos en contra el ex ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo.
El documento, que ahora deberá ser votado en la sala, establece que se cometieron una serie de irregularidades en la aplicación de los programas de la entidad vinculados a la compra y entrega de tierras a comunidades indígenas, tales como Orígenes y el Fondo de Tierras y Aguas.
Junto con enjuiciar el manejo de las ex autoridades de la entidad, en su mayoría por "anomalías en la administración de los recursos públicos", la comisión investigadora aprovechó de formular "cuestionamientos políticos" a quien, durante la última etapa de la administración Bachelet, fue el principal responsable de la política indígena: el ex ministro de la Segpres.
El principal reproche de los diputados es que, según la investigación, el ex secretario de Estado actuó con "irresponsabilidad", generando falsas expectativas a comunidades mapuches respecto de la compra de tierras. A renglón seguido, señalan que esta situación "es una de las causales que ha aumentado la violencia en la Araucanía durante el año 2010".
En este sentido se cuestiona a Viera-Gallo por firmar, entre noviembre de 2009 y enero de 2010, convenios para entrega de tierras con 82 comunidades, sin consultar a los propietarios, y además, con comunidades que contaban entre sus filas a varios comuneros imputados por hechos de violencia en la Araucanía, en contra de quienes el propio Gobierno había invocado la Ley Antiterrorista.
"La comisión concluyó que se crearon expectativas en ciertas comunidades conflictivas, las que con el compromiso de un ministro de Estado, se tomaron terrenos y fundos, sin la consulta a los propietarios. Y hablo de la comunidad Temucuicui y el fundo La Romana, uno de los puntos de mayor conflicto", dijo ayer el presidente de la instancia, José Manuel Edwards (RN).
Ayer "El Mercurio" contactó al ex ministro Viera-Gallo, quien rechazó las acusaciones, atribuyéndolas a "motivaciones políticas y sin sustento".
"El conflicto en la Araucanía tiene raíces tan profundas e históricas, que si dependiera de la actuación de una sola persona, sería simplifcar demasiado las cosas", dijo el actual integrante del Tribunal Constitucional.
El ex secretario de Estado explicó que los beneficios se concretaron de acuerdo al compromiso de la ex Mandataria de entregar tierras a 120 familias mapuches de la región de la Araucanía, lo que motivó incluso a acelerar este proceso durante los últimos meses de su mandato.
En este contexto, señaló que no se beneficiaba a personas involucradas en hechos de violencia, ni formalizadas por la Ley Antiterrorista, sino que a sus comunidades.
El informe de la comisión fue aprobado con los votos de los diputados Edwards, René Manuel García (RN), Gonzalo Arenas (UDI), Iván Norambuena (UDI), y Gastón von Muhlembrock (UDI).
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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