La secuela del caso Apablaza
Lejos de enfriarse, la controversia con Chile lamentablemente sube a diario un peldaño más en su escalada.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, declaró que Chile no aportó pruebas suficientes para justificar la extradición de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, en lo que constituye un cuestionamiento al vecino país y a la decisión de la Corte Suprema de autorizar la entrega del ex guerrillero a la justicia trasandina. Esta resolución fue la que precipitó al Gobierno, por medio de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), de concederle a Apablaza la condición de refugiado político.
Lo cierto es que Argentina pareciera buscar en cada problema un conflicto que en vez de ayudar a encontrar la solución, ensancha las diferencias. El cuidado en la expresión del lenguaje y de las formas son principios que caracterízan el ejercicio de la diplomacia. Por eso resulta penoso que el canciller Héctor Timmerman califique de "payasada\'\' a los dichos del senador chileno Andrés Chadwick, quien señaló que el refugio fue una concesión a los planteos de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
El presidente Sebastián Piñera le había reclamado a Cristina de Kirchner la entrega del ex guerrillero, que está en Argentina desde 2004. Los elementos que valoró el Gobierno para otorgarle el estatus de refugiado político a Apablaza fueron, que es "un militante político, un luchador contra la dictadura\'\', e incluso que "no es un ciudadano común\'\'. Cuando llegó a la Casa Rosada, en 2003, Néstor Kirchner fue persuadido de que la bandera de los derechos humanos, por la cual hasta ese momento no se preocupó mayormente, podía devolverle a la Argentina parte del prestigio internacional perdido. Hoy, su esposa ha dejado al descubierto que las cuestiones meramente ideológicas y el oportunismo político están por encima de los valores y principios jurídicos.
¿Con qué autoridad moral puede pedir Cristina Kirchner la extradición de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA? Resulta paradójico que la presidenta no mencione ahora, como lo hizo en reiteradas ocasiones en los Estados Unidos al referirse a Irán y la AMIA, la necesidad de "contribuir a dar verdad para todos\'\' ni "las garantías que da un sistema democrático a aquellos ciudadanos que han sido acusados\'\'. Si el Gobierno busca ser reconocido como líder defensor de los derechos humanos, con esta actitud se contradice plenamente.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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