A. Sierra y G. Faúndez emol
Estudios asignados por "trato directo". Contratos iniciados antes de que se firmara el decreto que los aprobara. Informes cuyo contenido fue plagiado en 90% de documentos extranjeros.
Éstas son sólo algunas de las conclusiones de un informe final de Contraloría, fechado el 4 de noviembre. El órgano fiscalizador realizó una auditoría a los pagos efectuados por la Subsecretaría de Guerra a la Corporación de Estudios Estratégicos (Cees), vinculada al ex ministro de esa cartera Patricio Rojas.
Tras comprobar irregularidades, las que fueron denunciadas por los diputados RN Cristián Monckberg y Alberto Cardemil, Contraloría decidió enviar los antecedentes del caso al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.
Contratos sin decretos
El órgano fiscalizador revisó los siete estudios encomendados por el Ministerio de Defensa entre 1997 y 2007 al Cees, convenios por los que el gobierno canceló $94 millones.
Según revela la auditoría, cuatro de esos trabajos -que totalizaron $69 millones- fueron adjudicados a la entidad de Rojas antes de que se emitiera el decreto que los aprobó, "en contravención a las normas que rigen la materia", señaló Contraloría.
Entre ellos se encuentran estudios autorizados por el entonces ministro Jaime Ravinet (el único de los secretarios de Estado de la época que firma contratos) y los subsecretarios de Guerra Mario Fernández, Gabriel Gaspar y el actual jefe de esa repartición, Gonzalo García.
Dos de esos mismos documentos, los firmados por Gaspar y García, fueron asignados por "trato directo" y "sin que exista constancia de la resolución que autorice la procedencia de dicha modalidad de contratación", de acuerdo al órgano fiscalizador.
Además, otros dos estudios, por $1 millón cada uno, "no se formalizaron a través de un contrato".
Plagios
La Contraloría, además, hace fuertes cuestionamientos al modo en que operaba el Ministerio de Defensa con la Corporación. Así, apunta al hecho de que la cartera en ninguna oportunidad dejó estipulada una cláusula de garantía que asegurara el "fiel y oportuno" cumplimiento de los servicios pactados, "dejando de manifiesto la falta de resguardo de los recursos públicos". Pese a ello, en cinco de los siete contratos auditados se entregó al Cees recursos anticipados que oscilaban entre el 25 y el 50% de los montos pactados.
Otro de los alcances más severos del órgano fiscalizador está relacionado con el cumplimiento de los servicios por los que se contrató a la Corporación.
En el caso del estudio denominado "Estudio de los Ministerios de Defensa de Alemania, Francia, España, Gran Bretaña e Italia", que tuvo un costo de $23 millones, se señala que "no contempla ninguna mención o antecedente referida a Italia", y, además, "no presenta una comparación de las experiencias estudiadas, ni hace una conexión entre sí de los ministerios abordados, aspectos que fueron específicamente señalados en el contrato suscrito al efecto".
En el estudio "Nuevo escenario Mundial después del 11 de septiembre de 2001" -que tuvo un costo de $24 millones y que fue firmado por el ex ministro Ravinet-, el órgano fiscalizador detectó que la primera parte del paper denominada "La Transformación Militar en USA" "corresponde en un alto porcentaje (90%) a una traducción textual del documento Military Transformation A Strategic Approach, perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, publicado en 2003, del cual no se hace referencia alguna en el informe".
También, la Contraloría detectó que en al menos una oportunidad la Corporación entregó dos estudios con "un alto porcentaje a una copia de otro elaborado por la misma Cees" titulado Estudio de carrera militar a plazo en Alemania y USA, con un costo de $24 millones".
En abril, la comisión investigadora del caso Mirage citó al ministro de Defensa, Francisco Vidal, para que explicara los contratos entre dicha cartera y el Cees. La inquietud de los diputados: varios nombres mencionados en la indagación por el recibo de comisiones ilegales en la compra de aviones a una empresa belga se repetían como integrantes de la corporación del ex ministro DC.
Un mes después, el juez Omar Astudillo, a cargo del caso Mirage, ordenó incautar documentación financiera sobre el Cees en las oficinas de Patricio Rojas.
Entre los nombres en común aparece el del ex comandante en jefe de la Fach Ramón Vega, quien fue presentado por el CEES como investigador adjunto en 1997 y que fue procesado por Astudillo por malversación de caudales públicos y por recibir US$ 2,8 millones en comisiones ilegales; el de Alejandro Dezerega, asesor de Rojas en Defensa e hijo de Bartolomé Dezerega, quien -según la indagación de Astudillo- recibió US$ 3 millones vinculados a las comisiones ilegales y el del ex subsecretario Marcos Sánchez, socio fundador del CEES y que es investigado como nexo entre la empresa belga y funcionarios del gobierno chileno.
Según el diputado Cristián Monckeberg, el informe de Contraloría "demuestra que esta corporación se constituyó efectivamente como caja recaudadora y con esto surgen más sospechas de que tengan relación con el pago de las comisiones de la venta de aviones Mirage".
(90%) a una traducción textual del documento Military
Transformation A Strategic Approach, publicado
en 2003, del cual no se hace referencia alguna".
''Cuatro informes fueron asignados por la Subsecretaría
de Guerra a través de "trato directo" y "sin
que exista constancia de la resolución que autorice la
procedencia de dicha modalidad de contratación".
''El documento 'Experiencias comparadas de Ministerios
de Defensa Nacional' no presenta una comparación
ni hace una conexión, aspectos que fueron
específicamente señalados en el contrato".
En 1994, el entonces subsecretario de Justicia Marcos Sánchez autorizó el decreto que dio personalidad jurídica a la Corporación de Estudios Estratégicos (CEES). Al mismo tiempo, Sánchez era parte del directorio de la entidad, creada por Patricio Rojas en febrero de ese año, un mes antes de dejar su cargo como ministro de Defensa.
Otros ex colaboradores de Rojas en esa cartera se sumaron al proyecto: los ex subsecretarios de Carabineros, Jorge Kindermann, y de Aviación, Mario Fernández (quien ha dicho que sólo se mantuvo algunos meses vinculado a la entidad) y los ex asesores en Defensa María Eugenia Navarrete y Claudio Troncoso, actual director jurídico de la Cancillería.
CONSULTEN, ESCRIBAN OPINEN LIBREMENTE
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
DIPLOMADO EN GESTION DEL CONOCIMIMIENTO DE ONU
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