- popularidades presidenciales no son traspasables
- apoyos voluntarios y forzados
Sin embargo, es sabido que las popularidades presidenciales no son traspasables a los candidatos oficialistas, tanto menos cuanto que la población distingue nítidamente entre el Gobierno y la Concertación: el apoyo a esta última se ha resentido mucho en años recientes. No obstante, la Presidenta y el Gobierno han multiplicado los gestos de apoyo al senador Frei. Aunque tales gestos no siempre son bienvenidos por la opinión pública, no parece razonable negarles a las altas autoridades —que, después de todo, son políticos designados— el derecho a mostrar sus simpatías hacia el candidato gobiernista si respetan los instructivos dictados por la Contraloría para tales efectos.
El acto realizado por la Concertación —fuera del horario de trabajo de los funcionarios públicos— en la comuna de San Miguel para lanzar la red de voluntarios de la campaña de la Región Metropolitana podría interpretarse como coherente con las normas e instructivos vigentes. Sin embargo, hay reparos que tienen fundamentos evidentes. Desde luego, en esa reunión había no sólo ministros, sino también un número importante de funcionarios públicos que fueron instruidos por otros funcionarios respecto de las tareas que debían asumir en terreno, el que, además, estaba distribuido por ministerios. Cabe preguntarse por la autonomía efectiva que tienen muchos de estos funcionarios para sumarse a este trabajo y, por tanto, su grado de voluntariedad real. Esta duda es legítima, pues hay en nuestro Estado muchísimos funcionarios de exclusiva confianza, a contrata y a honorarios. En los gobiernos parlamentarios, en los que generalmente existe un servicio civil fuerte y extendido, sin espacio para muchos nombramientos de confianza, un acto de estas características no habría sido posible.
En Estados Unidos, que por su sistema presidencialista tiene más cargos de confianza en el aparato público, existen en esta materia regulaciones muy específicas respecto de las actividades políticas permitidas o vedadas para los funcionarios públicos, tanto dentro como fuera de los horarios laborales. Solicitar que se trabaje por un candidato —sobre todo cuando hay asuntos laborales de por medio, como es evidente en este caso— está estrictamente prohibido. Esta prohibición es independiente del horario, porque la relación contractual, obviamente, es de carácter permanente. Es adecuado que existan disposiciones de esta clase, porque es imposible distinguir entre apoyos voluntarios y forzados. No cabe duda de que nuestro país está aún lejos de haber definido normas razonables en este ámbito, que sean realmente respetuosas de los funcionarios públicos y su autonomía.
El planteamiento que se solicitó en el acto comentado también introduce un elemento que distorsiona fuertemente la función ministerial, aunque ella se lleve adelante en horarios no laborales: la idea de que sus funcionarios deban satisfacer metas electorales en comunas específicas obviamente perturba y aun condiciona su labor habitual. Es plausible presumir que sus funcionarios tenderán a concentrar sus tareas habituales en las zonas en que se les ha asignado trabajo político territorial, para facilitar la coordinación de ambas actividades. Así, se perjudica el carácter nacional que debe tener la función pública ministerial y se la confunde de manera inevitable con la política. Todo lo anterior desnaturaliza la labor del Estado, y es reprochable que se esté dispuesto a incurrir en estas prácticas. Es ésta una demostración evidente de que en nuestro Estado aún no hay una separación adecuada entre los intereses nacionales y los partidistas.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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