Fiscales regionales discrepan
Ministerio Público adquiere tecnología que centraliza intercepciones telefónicas de todo el país
Por Jorge Molina Sanhueza EL MOSTRADOR
El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, adquirió tecnología de última generación con el fin de centralizar las intercepciones telefónicas de todas las investigaciones de narcotráfico, crimen organizado y corrupción que se generen en el país.
Esta adquisición es uno de los puntos centrales que expondrá en los próximos días la autoridad ante el Congreso, en el marco de una iniciativa que busca fortalecer y coordinar la lucha contra este tipo de criminalidad.
La información consta en el acta de la última reunión que Chahuán sostuvo con los fiscales regionales, a la que tuvo acceso El Mostrador, donde se establecen los criterios de operatividad con se actuará frente a este tipo de criminalidad, a partir también de la un exposición hecha por la Unidad Nacional de Drogas que opera bajo la sigla CIT, Central de Intercepciones Telefónicas.
Básicamente, el aparato permite "bajar" la señal desde la compañía, ya sea de un teléfono fijo o celular, evitando de esta manera una aglomeración en las firmas.
Las dudas legales
Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de discrepancias. Según el documento, los fiscales de la Zona Oriente, Xavier Armendáriz y de la Sur, Alejandro Peña, manifestaron sus diferencias respecto de la centralización de las intercepciones. También se opuso, aunque en menor medida, el jefe de la Región de Arica y Parinacota, Jorge Valladares.
Básicamente, los argumentos de los dos primeros apuntaron a la existencia de casos que requieren urgencias como los secuestros y causas contra el crimen organizado, de cuya celeridad depende una operación, y donde se requiere evitar la burocracia. Esto pues existiría un problema de confidencialidad, ya que "en ciertos casos se aconseja que sólo esté en conocimiento el fiscal respectivo", señala el documento.
En la reunión, se explicó que la ventaja de esta iniciativa, que debe ser tratada por el parlamento, busca, entre otras cosas, tener un interlocutor único ante las compañías telefónicas para evitar que se crucen investigaciones, toda vez que, según las empresas que prestan el servicio, éste podría colapsar en el corto tiempo. Diariamente existe un promedio de 75 diligencias de este tipo.
Otra de las ventajas sería mantener un registro de todas las intercepciones y un archivo de las mismas, cuestión que hasta ahora se realizaba de forma disímil y no había un criterio común.
En todo caso, aún faltan los comentarios de los fiscales regionales para discutir algunos puntos. Lo que está claro es que algunos cuestionan la legalidad de la iniciativa, debido a que la Fiscalía Nacional, interpretan, no tiene facultades operativas.
Al mismo tiempo, sostienen que Sabas Chahuán no está en condiciones de dar "instrucciones particulares", es decir, ordenarles a las fiscalías regionales lo que deben hacer operativamente, cuestión que provocaría una contravención a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que otorga independencia a los fiscales regionales. Este punto podría provocar más de un roce, algo que, aunque ha sucedido en menor medida durante esta administración, sí ha causado un movimiento interno con el nuevo estilo de trabajo, basado en el ordenamiento nacional.
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Rodrigo González Fernández
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