P. O.
Jóvenes que no superan los 20 años, vestidos de hip-hoperos, reparten pequeños volantes con faltas de ortografía.
Son los informales promotores de una decena de oscuras y pequeñas oficinas que prometen solucionar todos los problemas de plata a cambio de una comisión.
Se trata de un antiguo y lucrativo negocio que resurge con la crisis y las dificultades de financiamiento que enfrentan los segmentos más pobres.
"El Mercurio" recorrió varias de estas agencias y constató cómo el flujo de potenciales clientes no cesa.
En un edificio de Ahumada que colinda con la Plaza de Armas, unas diez personas se instalan al final de un pasillo y van ingresando a una oficina de tres por tres metros.
Ahí, un desconocido que tiene tres celulares sobre su escritorio explica el modus operandi.
Antes que todo, eso sí, los afligidos jubilados y dueñas de casa que lo visitan deben pagar $14.500 para que el informal asesor les revise los datos y les entregue un sendo perfil de crédito.
Si alguien no da con el perfil, la plata se pierde bajo el concepto de "gastos de operaciones", como ellos lo llaman.
Si lo considera un potencial cliente, el "asesor" ofrece pagar la morosidad con plata de su propio bolsillo a cambio de una comisión, que es tan alta que puede doblar el monto en mora. Una vez cancelada la deuda, se gestionaría un crédito bancario que cubre la alta comisión del prestamista y que deja al consumidor más endeudado que antes de entrar a esta oficina.
No es nada nuevo, dicen en la Policía de Investigaciones, y en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), conocen perfectamente cómo operan estas redes que hoy toman fuerza ante la crisis, pero ambas coinciden en que resulta complejo perseguirlos, pues los montos involucrados en cada transacción son muy bajos y el delito de usura es difícil de pesquisar.
De hecho, no existe ninguna normativa que sancione el trabajo de los prestamistas, porque el Código Civil permite a cualquier persona prestar dinero, siempre y cuando los intereses no superen la tasa máxima convencional.
En respuesta a este vacío, la CCS articuló su propio equipo de prevención de estafas, compuesto por investigadores privados a cargo de detectar las redes más organizadas y por un grupo de empleados expertos en la identificación de documentos falsificados.
La web es otro de los canales que utilizan estos prestamistas. Basta con teclear en un buscador "créditos sin dicom" para que aparezcan decenas de avisos ofreciendo dinero rápido.
Pero también los clientes burlados utilizan la red para organizarse y denunciar a los estafadores. Abundan los foros donde cientos de víctimas los individualizan, revelan los nombres de las oficinas y advierten sobre los lugares en que operan.
Inmunes por bajos montos involucrados
A mediados de 2002, el diputado Antonio Leal denunció la existencia de estas redes. Siete años después, el negocio se muestra pujante.
Tal como advirtió a "El Mercurio" el subprefecto de la Brigada de Delitos Económicos, Jonás Moraga, estas actividades son antiguas y conocidas por la policía, pero es difícil perseguirlas dado el bajo monto involucrado.
"Esta gente sabe que cobrando menos de $32 mil, la Fiscalía no inicia acciones. Ahora, si hay varios afectados podríamos perseguirlos", dice.
Los modus operandi que se ofrecen a los endeudados
Préstamos con Dicom
Es el producto más requerido por los santiaguinos. La fórmula es la siguiente: el supuesto asesor realiza un perfil de crédito, por el que cobra una comisión de $14.500.
En realidad, lo que hace es revisar el boletín comercial, trámite que se puede hacer personalmente y cuyo valor formal es de sólo $2 mil. En el caso que la persona tenga morosidades por $500 mil, por ejemplo, el prestamista ofrecerá pagar esa deuda y, una vez limpios los antecedentes, le ayudará a conseguir un nuevo crédito bancario por $1 millón.
Con ese dinero, la persona le paga los $500 mil adeudados más una comisión de, por ejemplo, $100 mil (la que depende del perfil que haga el prestamista). En suma, el afectado se queda con los $400 mil restantes y una deuda de $1 millón. En el punto de partida, el afligido debía $500 mil.
Cambiar por efectivo
El cupo de las tarjetas de casas comerciales es otra opción. La mecánica es simple: cuando el cliente ya no tiene cupo para avances en efectivo, transforma en dinero el excedente que tiene para compras.
"El Mercurio" se contactó con uno de los financistas que operan en Huérfanos, quien ofreció $250 mil en efectivo a cambio de una tarjeta de multitienda cuyo tope de compras asciende a $500 mil.
Los juicios por prescripción
Constituyen una fórmula legal pero controvertida para extinguir deudas sin pagarlas.
La agencia Borrodicom, por ejemplo, promociona sus servicios reconociendo, abiertamente, que honrar las deudas puede resultar un mal negocio.
A través de su página, advierte que "no es la intención nuestra hacer juicios morales respecto a si una deuda debe ser pagada o no, ya que de hacer juicios de valor no tendríamos un solo cliente (...) en ocasiones, el pago de una deuda no genera ninguna ventaja respecto de usar otro método".
El modus operandi de estas agencias consiste en iniciar un juicio de prescripción. Para una deuda de $2 millones, por ejemplo, cobran una comisión de entre 250 mil y $300 mil.
El gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, Cristián García Huidobro, dice que la mayoría de estas agencias son conocidas en el gremio y que aunque consideramos que estas actividades son ilegítimas y utilizan expresiones poco felices para promover su negocio, son legales.
"Por ley, las anotaciones que se publican se eliminan automáticamente en 5 años, aunque no se haga nada. Estos señores hacen una pequeña trampita con el léxico: ofrecen borrar deudas prescritas sin pagar, lo que es una obviedad, porque las deudas prescritas no se pagan".
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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