La sensibilidad de las relaciones con Perú ha vuelto a quedar en evidencia y es un desafío para ambas diplomacias. Hace poco, expresiones del canciller chileno por las agraviantes declaraciones del anterior comandante general del Ejército del Perú, en relación con el retiro inmediato del militar, fueron interpretadas como una intromisión indebida en los asuntos internos de ese país. La áspera polémica resultante no contribuyó a una pronta solución de ese lamentable episodio. Ahora, dichos del canciller sobre el rechazo de la oposición nacionalista y toledista a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile han sido considerados como desafortunados por su par peruano y afectado la discusión interna sobre el acuerdo comercial. Asimismo, sectores peruanos han atribuido connotaciones no deseadas a declaraciones del ministro Secretario General de Gobierno chileno sobre estos incidentes. Finalmente, el canciller ha señalado que "no ha sido ni la intención ni el deseo interferir en temas de política interna del Perú. Si así se ha entendido, hay que decir que no era la intención".
Las polémicas oficiales ensombrecen los logros, el progreso y el potencial desaprovechado de los lazos entre vecinos, cuyo futuro se encuentra unido indisolublemente. Más aún, el debate aumenta el significativo obstáculo provocado por la improcedente demanda marítima peruana, en el umbral de formalizarse en la Corte Internacional de Justicia. Este trámite está a menos de dos semanas de cumplirse, aunque la sentencia debería materializarse con posterioridad al fin de los mandatos de los presidentes García y Bachelet. Mantener el contencioso dentro del cauce judicial y sin efectos colaterales durante el proceso debería ser una prioridad compartida. Parece claro que contribuiría a ello el que los encargados del proceso por la parte chilena le consagren a esa función, desde luego, dedicación exclusiva.
El advenimiento de ambos presidentes abrió una etapa promisoria en los vínculos bilaterales, afectados durante la gestión del Presidente Toledo por una seguidilla de desencuentros, algunos de ellos promovidos por sectores nacionalistas y populistas vecinos. Sorpresiva e inamistosa fue la presentación de la demanda de delimitación marítima en La Haya. El reclamo, hasta ahora, no ha afectado el vigoroso intercambio comercial, por montos respetables, aunque insuficientes y con un saldo favorable para Perú, superior a los 600 millones de dólares anuales. Asimismo, las inversiones nacionales en Perú superan los seis mil millones de dólares, y se han convenido empresas conjuntas de importancia. Todos esos negocios siguen y seguirán creciendo, seguramente a mayor ritmo con el TLC. Más importantes y destacables son la acogida, el reconocimiento de derechos y la regularización de varias decenas de miles de inmigrantes indocumentados peruanos que se han avecindado para incorporarse a las diferentes actividades productivas y sociales en el territorio nacional. Con agilidad y sin trámites superfluos u onerosos se otorgó la residencia y se reconoció igualdad de trato ante las leyes y acceso a los servicios educacionales y de salud a casi 100 mil peruanos, cuya residencia ilegal los exponía a discriminaciones, exclusiones y privaba a las familias de servicios esenciales. En fin, se mantienen en curso y se exploran variadas iniciativas de cooperación en beneficio mutuo por los sectores público y privado, que deberían densificar los lazos y favorecer los intereses recíprocos. Valores y principios compartidos, unidos a estabilidades políticas y económicas a ambos lados de la frontera, deberían garantizar el incremento de los entendimientos y facilitar la solución de las diferencias.
Desencuentros entre vecinos son esperables y solucionables. Para eso está la diplomacia, que debe abordar con oficio las discrepancias legítimas, las ilegítimas y hasta las embarazosas.
Rodrigo González Fernández
DIOPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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