La Contraloría ha rechazado las explicaciones del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y de las intendencias de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, Aisén y la Región Metropolitana ante las observaciones que ella hiciera al uso de recursos destinados a planes de empleo. Tal es el resultado del informe final de la fiscalización realizada al Programa Anual 2008 de las instancias referidas y al subprograma de Inversión en la Comunidad, que forma parte del programa pro empleo de la Subsecretaría del Trabajo.
En general, las objeciones se refieren a rendiciones de cuenta incompletas o inexistentes, dineros utilizados pero no justificados, y seguimiento a programas que registraron pérdidas. Lo pertinente ha sido denunciado al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Estas situaciones -que, lamentablemente, la opinión pública se ha acostumbrado a escuchar en los últimos años- van desde irregularidades administrativas y negligencia hasta el desvío de fondos para propósitos políticos o, simplemente, personales. Las reacciones de los personeros gubernamentales afectados muestran, una y otra vez, una gastada similitud. Algunos argumentan, cuando corresponde a sus primeras declaraciones en estas materias, que tales problemas son inaceptables; que se establecerán los sumarios correspondientes, y que ningún peso puede dejar de ser rendido. Otros -a menudo cuando han sido requeridos al respecto en más de una ocasión y ya han repetido las frases anteriores- argumentan que los procedimientos de la Contraloría son engorrosos y que, como se realizan ex ante, imponen un peso innecesario y una lentitud que entorpece la gestión del Gobierno. No se observa, sin embargo, una actitud enérgica y firme del Ejecutivo, que demuestre con una determinación a toda prueba que esto no puede seguir ocurriendo. La opinión pública esperaría que la Contraloría recibiese un enérgico apoyo del Ejecutivo, no sólo condenando las faltas, sino orientando su gestión hacia una mejor selección de los recursos humanos en el aparato estatal y una permanente mejoría en los procedimientos internos basados en las mejores prácticas internacionales. De lo contrario, la confianza ciudadana en el uso de los recursos públicos continuará decayendo -buena parte de los bajísimos índices de aprobación de los políticos tiene este origen-, lo que debilita la predisposición de los contribuyentes a colaborar con muchos programas que son efectivamente valiosos y que cuentan con el consenso de los distintos sectores políticos.
La oposición, por su parte, ha reaccionado por intermedio de parlamentarios que se han caracterizado por una mayor labor de fiscalización, como, entre otros, el diputado Nicolás Monckeberg (RN), quien ha dicho que convocará a una sesión extraordinaria de la Cámara para el primer día hábil de marzo, a la que se citará a la ministra y al subsecretario del Trabajo, para que expliquen este nuevo episodio de presuntos desórdenes y anomalías. Por desgracia, dada la experiencia en múltiples casos anteriores, la opinión pública tampoco cifra mayores expectativas en esta instancia.
Naturalmente, es posible que los procedimientos de la Contraloría admitan mejoramientos. Sin embargo, en el cuadro actual es evidentemente más prioritario asegurar a los contribuyentes que el aparato estatal es capaz de rendir cuenta satisfactoria de la gestión de los recursos que se le entregan. La administración actual dista de eso, lo cual desacredita a las instituciones. Convendría al sistema político en su conjunto que los ciudadanos cobrasen más cabal conciencia de que cada peso mal utilizado ha sido extraído de su patrimonio, por la vía de impuestos o de mala gestión de las entidades estatales, que supuestamente pertenecen y deben servir a todos los chilenos.
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Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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