La renuncia de Enrique Dávila a la gerencia general de Enap y su reemplazo por Rodrigo Azócar, más allá de las diferencias de personas, no aclaran el panorama estratégico de la empresa ni tampoco las dudas acerca de qué implican para su futuro las dificultades financieras y las pérdidas graves que ha estado experimentando.
La compañía se vio expuesta durante el año 2008 a variaciones sustantivas, tanto al alza como a la baja, del precio del petróleo -éste subió desde unos 90 hasta 147 dólares por barril para luego caer incluso por debajo de 40-, así como a las variaciones del precio del diésel y de otros derivados, que no siempre se correlacionan de manera exacta con el del petróleo. Todo aquello le produjo importantes pérdidas, las que se estiman en cerca de 900 millones de dólares, que básicamente se deben al fuerte descalce, especialmente en el último trimestre, entre el precio de compra promedio del barril (US$ 117) y su venta sesenta días más tarde (US$ 60).
Según lo que ha trascendido, sus operaciones estuvieron además orientadas a mantener un stock de diésel que permitiese el funcionamiento de las generadoras de electricidad con ese combustible y paliar así la falta de gas natural, además de colaborar, de manera indirecta, con el financiamiento del Transantiago.
Éstos son objetivos que no corresponden a los de una empresa productora o de servicios, que debe siempre orientarse a maximizar el valor de la compañía para sus accionistas. Si los objetivos del Estado son otros, éste debe procurarlos con fondos propios, transparentemente presentados a la opinión pública o con aprobación del Parlamento cuando corresponda, y no utilizar la plataforma de una empresa estatal para ello.
Esta confusión de roles obstaculiza controlar externamente la generación de pérdidas -no hay accionistas, analistas ni financistas que lo hagan de manera permanente e interesada- e impide distinguir si éstas se producen por tener objetivos incorrectos o por incompetencia financiera en la provisión de materias primas en un escenario con precios volátiles. En una empresa privada esa confusión de roles no ocurre, pero sí le puede pasar lo segundo -hay muchos ejemplos de ello-, sólo que en ese caso esas pérdidas las deben absorber los accionistas, quienes han tomado los riesgos de invertir en ella, y no la ciudadanía, que no ha tenido la oportunidad de decidir si quiere tomarlos o no.
Se hace urgente clarificar si Enap es una empresa que maximiza utilidades para el Estado, o es una repartición estatal que administra fondos con menos control que si fuera parte del aparato central, y en este último caso, es necesario determinar quién se hace responsable de sus problemas, el gerente o el gobierno.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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