Para la pasada elección municipal estaban inscritas sólo 655 mil personas de entre 18 y 29 años -apenas un cuarto del número de jóvenes que estaban inscritos para el plebiscito de 1988, y aproximadamente un quinto de la población que tenía esa edad en el momento de la elección-. Es altamente probable que ese grupo no quiera inscribirse, porque rechaza más la obligatoriedad del voto que las dificultades del proceso de inscripción, que no es complejo. Diversos estudios de opinión sugieren que los jóvenes rechazan la obligatoriedad del voto y aun la inscripción automática, porque parecen verlas como un camino al voto obligatorio. La baja inscripción ha sido interpretada por muchos analistas como un rechazo a la política nacional, pero los mismos estudios no permiten extraer tal conclusión: los jóvenes no inscritos no tienen opiniones demasiado distintas de los mayores inscritos y, además, manifiestan preferencias políticas similares a estos últimos. Por tanto, es difícil sostener que esa falta de participación pueda detonar una crisis de legitimidad de la democracia o de la política nacional.
Con todo, no es sano que un grupo tan grande renuncie a la posibilidad de votar en las elecciones de autoridades nacionales y locales. Eso invita a los políticos a concentrarse en el diseño de políticas que no están dirigidas a estos grupos, situación que dista de ser óptima desde el punto de vista social. Además, su presencia en los registros electorales haría más competitivas y menos predecibles las elecciones. Estas realidades hacen más saludable la vida política del país, porque mantiene más alerta a los representantes de la ciudadanía.
Es realista, pues, que, como señal de preocupación, la comisión de Constitución del Senado se haya ocupado de aprobar la inscripción automática y el voto voluntario, aun pasando por encima de que la inscripción es una manifestación mínima de deber cívico que se omite.
En esa instancia se registró la abstención del senador Chadwick, de la UDI, partido que ha mostrado reticencia frente a la inscripción automática, manifestando preferencia por voto e inscripción voluntarios. Dos parecen ser los argumentos centrales para ello. Por una parte, un grado de escepticismo respecto de la posibilidad de tener un sistema confiable de inscripción automática. Esta objeción no parece ser insalvable desde el punto de vista técnico, porque se pueden asegurar mecanismos que garanticen una inscripción automática eficiente y limpia. Por otra, hay temor a que termine aprobándose inscripción automática con voto obligatorio, idea ya rechazada en la Cámara Baja, pero que podría reponerse en el Senado. Varios de sus integrantes han manifestado compartir el voto obligatorio, estimando que el sufragio sería no sólo un derecho, sino también un deber. Una respetable tradición en la literatura de ciencia política defiende esta idea, en particular como un mínimo costo en el que se debe incurrir para asegurar la democracia y las libertades civiles. Pero pocos países aceptan esta idea, porque estiman que los votantes también deberían tener el derecho a no acudir a las urnas.
Es probable que avanzar hacia una inscripción automática con voto obligatorio sea muy mal recibido precisamente por los jóvenes que se quiere atraer a la política, produciendo -ahora sí- una desafección hacia los partidos y líderes políticos del país. Parlamentarios y políticos deberían hacer un nuevo esfuerzo para garantizar, en primer lugar, el voto voluntario y, sólo luego, una inscripción automática que dé certeza a todos los sectores de que no habrá espacios para que este proceso lleve a fraudes o cause inconvenientes para los nuevos inscritos.
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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