En las sociedades democráticas que se desarrollan y consolidan, típicamente se produce una expansión de organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas, las no gubernamentales (ONG) son particularmente fecundas, y muchas pueden convertirse en aliadas del Estado en la implementación de políticas públicas, en particular en el área social. La pobreza, sobre todo aquella más dura, tiene múltiples caras y a menudo obedece a factores específicos que las instituciones del gobierno central y aun local no pueden abordar de modo eficiente. Para encarar desafíos nacionales, regionales o locales, las instituciones estatales tienen y necesitan una estructura algo más pesada, que suele vedarles las capacidades particulares para abordar problemas muy específicos. En alguna medida es bueno que así sea, porque la multiplicación de especialidades finalmente burocratiza a dichas instituciones y las hace perder de vista sus objetivos centrales.
Es en este ámbito de las especificidades donde las ONG pueden ser un apoyo importante para el Estado. Pero, esporádicamente, estas instituciones también proveen bienes públicos, que el Estado o un gobierno en particular puede estimar beneficioso estimular. En tales casos, en general, parece pertinente realizar licitaciones para asegurar la provisión de esos bienes. En ciertos casos, las ventajas de una institución para proveer un bien público en particular son tan evidentes, que quizás pueda descartarse la licitación. Pero entonces debe haber transparencia y un convenio de desempeño, que especifique con claridad cuáles son los objetivos perseguidos y los beneficios directos o indirectos para la ciudadanía.
El Estado chileno, siguiendo una tendencia relativamente universal, está descansando de manera creciente en ONG para desarrollar algunas tareas de política social y proveer bienes públicos específicos. Sin embargo, está lejos de asegurar condiciones de transparencia, eficiencia, eficacia y acceso al uso de los fondos públicos que en esta materia se acostumbran en otros países.
Por cierto, no todo es negativo. En transparencia, algunos avances permiten acceder a muchas de las instituciones beneficiadas y los montos que reciben, pero aún se sabe muy poco de su impacto efectivo, y las condiciones en que muchos de esos recursos son entregados son demasiado blandas, sin rendiciones de cuentas acabadas. Los ciudadanos y contribuyentes necesitan estar mejor informados, dado que miles de millones de pesos fluyen por estas vías, y muchos de estos apoyos al Estado y a la provisión de bienes públicos pueden transformarse en maneras de triangular dineros a la política o financiar activismos políticos o de otra naturaleza.
En otros países, los criterios generales con que se distribuyen estos recursos incluyen, entre otros, una justificación de los proyectos desarrollados con los fondos públicos; una detallada narración de las tareas llevadas adelante por la institución receptora de los recursos; una rendición pormenorizada de los desembolsos efectuados; una cuenta de los costos administrativos del proyecto; una descripción del impacto del programa y de la población beneficiada, y una explicación de por qué es apropiado que los recursos públicos se canalicen a través de la ONG receptora. Estas condiciones se plasman típicamente en un convenio de desempeño.
Pocos -si alguno- de estos requisitos se cumplen en la mayoría de los proyectos financiados a las ONG en Chile. Se debe avanzar mucho en esta dirección para asegurar un buen uso de estos recursos públicos.
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Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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