Tres pilares del gobierno
(Este artículo pertenece a la publicación: La democracia en síntesis)
Es bien sabido que, por medio de elecciones libres, los ciudadanos de una democracia les confieren a sus líderes las facultades que la ley define. En una democracia constitucional, el poder del gobierno está dividido de modo que la legislatura dicta las leyes, la autoridad ejecutiva las aplica y la rama judicial se desempeña en forma casi independiente. Estas divisiones se describen a veces como "la separación de poderes". No obstante, en la práctica esas divisiones rara vez son precisas y, en la mayoría de los Estados democráticos modernos, los poderes se traslapan y son compartidos en la misma medida en que están separados. Las legislaturas pueden tratar de administrar programas mediante reglamentos detallados; oficinas del ejecutivo se involucran de ordinario en la creación de reglas minuciosas; y tanto los legisladores como los funcionarios del ejecutivo realizan audiencias al estilo judicial en torno de una amplia gama de asuntos.
La autoridad del ejecutivo
En las democracias constitucionales, la autoridad del ejecutivo duele estar limitada de tres maneras: por la separación de poderes que ya mencionamos entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno, donde el poder legislativo y el judicial pueden acotar el poder de la rama ejecutiva; por las garantías constitucionales a los derechos fundamentales, y por elecciones periódicas.
Una preocupación común de los partidarios de sistemas autoritarios y otros opositores es que, al carecer de poder para oprimir, las democracias tampoco tienen autoridad para gobernar. Esta opinión es esencialmente errónea, ya que las democracias requieren que sus gobiernos sean limitados, pero no que sean débiles.
En las democracias modernas, la autoridad ejecutiva se organiza de ordinario según uno de dos sistemas: el parlamentario o el presidencial.
En un sistema parlamentario, el partido de la mayoría en la legislatura (o una coalición de partidos que deseen gobernar juntos) constituye la rama ejecutiva del gobierno, encabezada por un primer ministro. Las ramas legislativa y ejecutiva en realidad no son diferentes entre sí en los sistemas parlamentarios, puesto que el primer ministro y los miembros del gabinete provienen del parlamento, pero aun así, el primer ministro es el dirigente del país.
En cambio, en el sistema presidencial se acostumbra que el presidente sea elegido por separado, respecto a los miembros de la legislatura. Tanto el presidente como la legislatura tienen sus propias bases de poder y sus electores políticos, con lo cual actúan recíprocamente como freno y contrapeso uno de la otra.
Cada sistema tiene sus propias fortalezas y debilidades institucionales
Entre las mayores pretensiones de los sistemas parlamentarios que hoy prevalecen en la mayoría de las democracias, figuran su capacidad de respuesta y su flexibilidad. Los gobiernos parlamentarios, sobre todo si son elegidos por el método de representación proporcional, tienden a propiciar sistemas de varios partidos en los cuales hasta las agrupaciones políticas relativamente pequeñas están representadas en la legislatura. El resultado es que aun las minorías pueden participar en el proceso político en los más altos niveles del gobierno. Si la coalición gobernante se desintegra o el partido más fuerte pierde su mando, el primer ministro renuncia y se forma un nuevo gobierno o se convoca a nuevas elecciones, todo lo cual suele ocurrir en un tiempo relativamente breve.
La principal desventaja de los parlamentos es el lado oscuro de la flexibilidad y del poder compartido: la inestabilidad. Las coaliciones de varios partidos pueden ser frágiles y se derrumban al primer indicio de una crisis política, lo cual se traduce en gobiernos que se mantienen en el cargo durante períodos relativamente cortos y no son capaces de abordar los asuntos políticos difíciles. Por otra parte, hay también sistemas parlamentarios que se estabilizan con la presencia de partidos mayoritarios fuertes.
Los sistemas presidenciales se precian ante todo de su responsabilidad directa, su continuidad y su fortaleza. Los presidentes elegidos por el pueblo para períodos fijos en el cargo pueden reclamar la autoridad que proviene de la elección directa, cualquiera que sea la posición de su propio partido político en el congreso. Al crear ramas de gobierno separadas pero teóricamente iguales, el sistema presidencial intenta establecer instituciones ejecutivas y legislativas fuertes, de modo que cada una de ellas reciba su autoridad del pueblo y tenga capacidad para ser un freno y un contrapeso de la otra.
El punto débil de la elección separada de presidentes y legislaturas es la posibilidad de que se anulen mutuamente. Es posible que el presidente no tenga suficientes aliados en la legislatura que lo apoyen con sus votos para aprobar las políticas que desea, pero al ejercer su poder de veto (el derecho del ejecutivo de anular en ciertos casos las leyes que la legislatura aprueba), puede impedir que ésta promulgue sus propios programas legislativos. El finado politólogo Richard Neustadt dijo que el poder del presidente en Estados Unidos "no sólo es el poder de mandar, sino el poder de convencer". Lo que Neustadt quiso decir es que cuando el presidente desea que el Congreso apruebe un programa legislativo de su preferencia (o que por lo menos impida que las leyes con las que no está de acuerdo sean aprobadas por sus opositores políticos), debe tener suficiente popularidad política frente al público y la capacidad de establecer alianzas eficaces en el Congreso.
El ámbito legislativo
Las legislaturas elegidas, lo mismo en un sistema parlamentario que en uno presidencial, son el principal foro de una democracia representativa para deliberar, debatir y aprobar leyes. No son parlamentos siempre anuentes que aprueban todas las decisiones de un líder autoritario.
Los legisladores pueden interrogar a los funcionarios del gobierno acerca de sus actos y decisiones, aprobar el presupuesto nacional y ratificar los nombramientos del ejecutivo para cargos en los tribunales y los ministerios. En algunas democracias, los comités legislativos representan el foro donde los legisladores realizan el examen público de los asuntos nacionales. Ellos pueden respaldar al gobierno en funciones o pueden actuar como una oposición política leal que propone otras estrategias y programas.
Los legisladores tienen la obligación de exponer sus puntos de vista con la mayor eficacia posible. Sin embargo, deben trabajar de acuerdo con la ética democrática de tolerancia, respeto y compromiso, para llegar a acuerdos que favorezcan el bienestar general de toda la población y no sólo de sus partidarios políticos. Cada legislador debe elegir por sí mismo su estrategia para equilibrar el bienestar general con las necesidades de los votantes que lo eligieron.
Al carecer de la separación de poderes que caracteriza al sistema presidencial, los sistemas parlamentarios tienen que depender mucho más de la dinámica política interna del propio parlamento para imponer frenos y contrapesos al poder del gobierno. Esto da lugar usualmente a un solo partido de oposición organizado que se vuelve "la sombra" del gobierno, o bien, a la competencia entre varios partidos de oposición.
Un poder judicial independiente
Los jueces independientes y profesionales son la base de un sistema de tribunales de justicia equitativo e imparcial que esté garantizado por la Constitución. Esa independencia no implica que los jueces puedan tomar decisiones según sus preferencias personales, sino que están en libertad de tomar decisiones conforme a la ley, aun cuando con ellas contradigan al gobierno o a intereses poderosos involucrados en los diversos casos.
En las democracias, la rama judicial del gobierno tiene garantizada su independencia con respecto a las presiones políticas, gracias a su propio prestigio y por la estructura constitucional que la protege. Así, los dictámenes judiciales pueden ser imparciales, estar basados en los hechos y los argumentos legales del caso, y en las leyes pertinentes, al margen de restricciones y de cualquier influencia indebida de la rama ejecutiva o la legislativa. Estos principios garantizan a todos la igualdad bajo la protección de la ley.
El poder de los jueces para analizar las leyes públicas y decidir si éstas violan la Constitución nacional hace las veces de un freno eficaz contra la posibilidad de que el gobierno abuse de su poder, aun cuando se trate de un gobierno elegido por la mayoría de la población. Sin embargo, este poder requiere que los tribunales sean esencialmente independientes, no partidistas y capaces de basar sus decisiones en la ley, no en consideraciones políticas.
Ya sea que hayan sido elegidos o designados, los jueces deben tener la permanencia en el cargo garantizada por la ley, para que así puedan tomar decisiones sin preocuparse de las presiones o los ataques de personajes dotados de autoridad. Como garantía de esa imparcialidad, la ética judicial exige que los jueces se abstengan (es decir, que se "recusen") de juzgar casos en los que puedan tener un conflicto de interés personal. La confianza en la imparcialidad del sistema de tribunales, por cuanto se los considera como la rama "no política" del gobierno, es una de las fuentes principales de su fuerza y su legitimidad.
En una democracia, los jueces no pueden ser destituidos por quejas menores ni en respuesta a críticas de tipo político. Su destitución sólo puede basarse en delitos o infracciones graves, y se lleva a cabo mediante un largo y difícil proceso de acusación política (presentando cargos en su contra), seguida de un juicio, ya sea en la legislatura o ante un tribunal de justicia por separado.
(El Servicio Noticioso desde Washington es un producto de la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://www.america.gov/es )
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(Este artículo pertenece a la publicación: La democracia en síntesis)
Es bien sabido que, por medio de elecciones libres, los ciudadanos de una democracia les confieren a sus líderes las facultades que la ley define. En una democracia constitucional, el poder del gobierno está dividido de modo que la legislatura dicta las leyes, la autoridad ejecutiva las aplica y la rama judicial se desempeña en forma casi independiente. Estas divisiones se describen a veces como "la separación de poderes". No obstante, en la práctica esas divisiones rara vez son precisas y, en la mayoría de los Estados democráticos modernos, los poderes se traslapan y son compartidos en la misma medida en que están separados. Las legislaturas pueden tratar de administrar programas mediante reglamentos detallados; oficinas del ejecutivo se involucran de ordinario en la creación de reglas minuciosas; y tanto los legisladores como los funcionarios del ejecutivo realizan audiencias al estilo judicial en torno de una amplia gama de asuntos.
La autoridad del ejecutivo
En las democracias constitucionales, la autoridad del ejecutivo duele estar limitada de tres maneras: por la separación de poderes que ya mencionamos entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno, donde el poder legislativo y el judicial pueden acotar el poder de la rama ejecutiva; por las garantías constitucionales a los derechos fundamentales, y por elecciones periódicas.
Una preocupación común de los partidarios de sistemas autoritarios y otros opositores es que, al carecer de poder para oprimir, las democracias tampoco tienen autoridad para gobernar. Esta opinión es esencialmente errónea, ya que las democracias requieren que sus gobiernos sean limitados, pero no que sean débiles.
En las democracias modernas, la autoridad ejecutiva se organiza de ordinario según uno de dos sistemas: el parlamentario o el presidencial.
En un sistema parlamentario, el partido de la mayoría en la legislatura (o una coalición de partidos que deseen gobernar juntos) constituye la rama ejecutiva del gobierno, encabezada por un primer ministro. Las ramas legislativa y ejecutiva en realidad no son diferentes entre sí en los sistemas parlamentarios, puesto que el primer ministro y los miembros del gabinete provienen del parlamento, pero aun así, el primer ministro es el dirigente del país.
En cambio, en el sistema presidencial se acostumbra que el presidente sea elegido por separado, respecto a los miembros de la legislatura. Tanto el presidente como la legislatura tienen sus propias bases de poder y sus electores políticos, con lo cual actúan recíprocamente como freno y contrapeso uno de la otra.
Cada sistema tiene sus propias fortalezas y debilidades institucionales
Entre las mayores pretensiones de los sistemas parlamentarios que hoy prevalecen en la mayoría de las democracias, figuran su capacidad de respuesta y su flexibilidad. Los gobiernos parlamentarios, sobre todo si son elegidos por el método de representación proporcional, tienden a propiciar sistemas de varios partidos en los cuales hasta las agrupaciones políticas relativamente pequeñas están representadas en la legislatura. El resultado es que aun las minorías pueden participar en el proceso político en los más altos niveles del gobierno. Si la coalición gobernante se desintegra o el partido más fuerte pierde su mando, el primer ministro renuncia y se forma un nuevo gobierno o se convoca a nuevas elecciones, todo lo cual suele ocurrir en un tiempo relativamente breve.
La principal desventaja de los parlamentos es el lado oscuro de la flexibilidad y del poder compartido: la inestabilidad. Las coaliciones de varios partidos pueden ser frágiles y se derrumban al primer indicio de una crisis política, lo cual se traduce en gobiernos que se mantienen en el cargo durante períodos relativamente cortos y no son capaces de abordar los asuntos políticos difíciles. Por otra parte, hay también sistemas parlamentarios que se estabilizan con la presencia de partidos mayoritarios fuertes.
Los sistemas presidenciales se precian ante todo de su responsabilidad directa, su continuidad y su fortaleza. Los presidentes elegidos por el pueblo para períodos fijos en el cargo pueden reclamar la autoridad que proviene de la elección directa, cualquiera que sea la posición de su propio partido político en el congreso. Al crear ramas de gobierno separadas pero teóricamente iguales, el sistema presidencial intenta establecer instituciones ejecutivas y legislativas fuertes, de modo que cada una de ellas reciba su autoridad del pueblo y tenga capacidad para ser un freno y un contrapeso de la otra.
El punto débil de la elección separada de presidentes y legislaturas es la posibilidad de que se anulen mutuamente. Es posible que el presidente no tenga suficientes aliados en la legislatura que lo apoyen con sus votos para aprobar las políticas que desea, pero al ejercer su poder de veto (el derecho del ejecutivo de anular en ciertos casos las leyes que la legislatura aprueba), puede impedir que ésta promulgue sus propios programas legislativos. El finado politólogo Richard Neustadt dijo que el poder del presidente en Estados Unidos "no sólo es el poder de mandar, sino el poder de convencer". Lo que Neustadt quiso decir es que cuando el presidente desea que el Congreso apruebe un programa legislativo de su preferencia (o que por lo menos impida que las leyes con las que no está de acuerdo sean aprobadas por sus opositores políticos), debe tener suficiente popularidad política frente al público y la capacidad de establecer alianzas eficaces en el Congreso.
El ámbito legislativo
Las legislaturas elegidas, lo mismo en un sistema parlamentario que en uno presidencial, son el principal foro de una democracia representativa para deliberar, debatir y aprobar leyes. No son parlamentos siempre anuentes que aprueban todas las decisiones de un líder autoritario.
Los legisladores pueden interrogar a los funcionarios del gobierno acerca de sus actos y decisiones, aprobar el presupuesto nacional y ratificar los nombramientos del ejecutivo para cargos en los tribunales y los ministerios. En algunas democracias, los comités legislativos representan el foro donde los legisladores realizan el examen público de los asuntos nacionales. Ellos pueden respaldar al gobierno en funciones o pueden actuar como una oposición política leal que propone otras estrategias y programas.
Los legisladores tienen la obligación de exponer sus puntos de vista con la mayor eficacia posible. Sin embargo, deben trabajar de acuerdo con la ética democrática de tolerancia, respeto y compromiso, para llegar a acuerdos que favorezcan el bienestar general de toda la población y no sólo de sus partidarios políticos. Cada legislador debe elegir por sí mismo su estrategia para equilibrar el bienestar general con las necesidades de los votantes que lo eligieron.
Al carecer de la separación de poderes que caracteriza al sistema presidencial, los sistemas parlamentarios tienen que depender mucho más de la dinámica política interna del propio parlamento para imponer frenos y contrapesos al poder del gobierno. Esto da lugar usualmente a un solo partido de oposición organizado que se vuelve "la sombra" del gobierno, o bien, a la competencia entre varios partidos de oposición.
Un poder judicial independiente
Los jueces independientes y profesionales son la base de un sistema de tribunales de justicia equitativo e imparcial que esté garantizado por la Constitución. Esa independencia no implica que los jueces puedan tomar decisiones según sus preferencias personales, sino que están en libertad de tomar decisiones conforme a la ley, aun cuando con ellas contradigan al gobierno o a intereses poderosos involucrados en los diversos casos.
En las democracias, la rama judicial del gobierno tiene garantizada su independencia con respecto a las presiones políticas, gracias a su propio prestigio y por la estructura constitucional que la protege. Así, los dictámenes judiciales pueden ser imparciales, estar basados en los hechos y los argumentos legales del caso, y en las leyes pertinentes, al margen de restricciones y de cualquier influencia indebida de la rama ejecutiva o la legislativa. Estos principios garantizan a todos la igualdad bajo la protección de la ley.
El poder de los jueces para analizar las leyes públicas y decidir si éstas violan la Constitución nacional hace las veces de un freno eficaz contra la posibilidad de que el gobierno abuse de su poder, aun cuando se trate de un gobierno elegido por la mayoría de la población. Sin embargo, este poder requiere que los tribunales sean esencialmente independientes, no partidistas y capaces de basar sus decisiones en la ley, no en consideraciones políticas.
Ya sea que hayan sido elegidos o designados, los jueces deben tener la permanencia en el cargo garantizada por la ley, para que así puedan tomar decisiones sin preocuparse de las presiones o los ataques de personajes dotados de autoridad. Como garantía de esa imparcialidad, la ética judicial exige que los jueces se abstengan (es decir, que se "recusen") de juzgar casos en los que puedan tener un conflicto de interés personal. La confianza en la imparcialidad del sistema de tribunales, por cuanto se los considera como la rama "no política" del gobierno, es una de las fuentes principales de su fuerza y su legitimidad.
En una democracia, los jueces no pueden ser destituidos por quejas menores ni en respuesta a críticas de tipo político. Su destitución sólo puede basarse en delitos o infracciones graves, y se lleva a cabo mediante un largo y difícil proceso de acusación política (presentando cargos en su contra), seguida de un juicio, ya sea en la legislatura o ante un tribunal de justicia por separado.
(El Servicio Noticioso desde Washington es un producto de la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://www.america.gov/es )
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CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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