| Documento establece responsabilidades jurídicas por el fracaso del plan: 
Novoa entrega denominado "libro negro" del Transantiago
* Los antecedentes serán entregados a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía Nacional Económica. Además se están analizando posibles acciones penales, de acuerdo a los méritos.
El senador UDI, Jovino Novoa, junto a un equipo jurídico liderado por el abogado Giovanni Calderón, y los diputados Claudia Nogueira, María Angélica Cristi y Patricio Melero, entregó un voluminoso informe sobre las responsabilidades constitucionales, administrativas y penales que les caben a quienes diseñaron e implementaron el Transantiago.
El senador por Santiago Poniente anunció que los antecedentes del documento –denominado "libro negro del Transantiago"- serán entregados a Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía Nacional Económica con el objetivo de perseguir a los responsables del fracaso del plan.
Novoa señaló que "este informe busca poner fin a la cultura de la irresponsabilidad que existe en el Gobierno. Nosotros vemos con desesperación que aquí ha habido una farra gigantesca y nadie responde"
Entre las conclusiones más relevantes, el informe indica que existieron graves incumplimientos y negligencias en la puesta en marcha del plan de transportes capitalino.
En primer lugar, señala que en el fracaso del Transantiago hay responsabilidades constitucionales más graves aún que las de la ex ministra de Educación, Yasna Provoste, en el caso subvenciones. Sin embargo, dado que las autoridades involucradas ya no ostentan cargos de gobierno no son susceptibles de ser acusados.
De acuerdo a los antecedentes, quienes implementaron el plan no sólo se saltaron el Congreso, creando un proyecto entero a través de decretos, sino que además, no cumplieron con las disposiciones legales necesarias. De acuerdo al Art. 3° de la Ley 18.686, el Ministerio de Transporte (MTT) para hacer cambios en el sistema de transporte público debió haber contado con un informe favorable de parte de las comunas involucradas y de la Secretaría Ministerial de Transporte correspondiente, cuestión que no ocurrió.
En segundo lugar, el informe indica que hay responsabilidades administrativas por parte de autoridades del MTT, las cuales provocaron un perjuicio económico al fisco. Esto por la condonación del aporte de los operadores a la Reserva Técnica (RT) y de las multas por incumplimiento. Tanto la RT como las multas fueron usadas por el ministerio como herramientas de negociación para modificar los contratos, con lo que se excedió en el ejercicio de sus facultades.
Algunas de las infracciones constitucionales y legales que podrían configurarse, según señaló Calderón, serían el de abuso de poder e inejecución de la ley.
En tercer lugar, en el ítem responsabilidades penales, el informe entrega antecedentes sobre la empresa Transpalitos, propiedad del padre del ex subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz. La empresa, que arrendó buses a los operadores del Transantiago, habría sido formada con conocimiento del déficit de buses que se generaría con el plan de transportes, lo cual configuraría el delito de tráfico de influencias.
También podrían constituirse delitos malversación de caudales públicos y de aplicación pública diferente. Este último, dado que "el Estado benefició arbitrariamente a un grupo de operadores de vías, al compensarlos y postergarles el pago de sus obligaciones, beneficio del que no gozaron los postulantes a la licitación que resultaron excluidos por este motivo".
Estos antecedentes serán entregados por el senador Novoa y el equipo jurídico a la Contraloría, para que se pronuncie sobre la validez de los actos realizados que excedieron las potestades legales; al Consejo de Defensa del Estado, para que investigue y persiga las responsabilidades pecuniarias de los funcionarios involucrados, y a la Fiscalía Nacional Económica, para que compruebe si hubo infracción al principio de igualdad de los proponentes en la licitación pública.
Además, el equipo –integrado por Irma Miranda, ex funcionaria de Contraloría, Jorge Jaraquemada, director del área legislativa de la FJG, Josefina Soto, directora del área municipal, y Cristián Valenzuela, abogado del área legislativa de la misma fundación, y Vladimir Mondaca, abogado querellante en el caso PGE,- seguirá recabando antecedentes y analizará si hay merito suficiente para iniciar acciones penales.
Por su parte, el diputado Patricio Melero aseveró que "este informe, no es otra cosa que el libro negro del Transantiago. La verdad no señalada hasta hoy de las responsabilidades administrativas, penales y patrimoniales en que se vio afectado el Estado de Chile por inejecución de la ley, por abuso de poder". Indicó que es complementario y continuador de la labor realizada por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que estableció las responsabilidades políticas por el fracaso del plan.
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