7 de Mayo de 2008
En octubre de 2007
En octubre de 2007
Lagos W. y Recart fueron informados de irregularidades en C. de las Américas
Una carta con todos los antecedentes, enviada por el director de Gestión de Finanzas de la entidad, alertó a la Segegob y a la subsecretaría de Hacienda de que algo no andaba bien con los fondos de administración de esa institución público-privada. Conozca el detalle de los préstamos y adelantos que el presidente, el secretario ejecutivo y el contralor de la entidad se hacían con cargo a la institución encargada de los fondos para el VIH en Chile.
Claudia Urquieta Chavarría
Claudia Urquieta Chavarría
Una suerte de banco personal, pero sin intereses, es el rol que algunos de sus ejecutivos dieron al Consejo de las Américas (CDLA), organismo a cargo de administrar los US$ 38,6 millones adjudicados por el Fondo Global contra el SIDA para combatir el VIH en el país.
De esa cifra, el 8,2 por ciento de los recursos son para la administración, que se divide en 7,8 por ciento para el Consejo y 0,4 por ciento para la Fundación Ideas, también a cargo del proyecto.
Y es en este ítem, donde se encuentran las irregularidades, que empezaron a hacer ruido luego de que Cristián Moscoso asumió el cargo de director de Gestión y Finanzas de la CDLA en agosto de 2005. Al hacerlo, ya venía advertido de que algo no andaba bien con las finanzas de la institución de Orrego Luco 011.
El propio contralor interno de la entidad, Marcelo Hidalgo, le explicó que el secretario ejecutivo del Consejo, Jorge Osorio, regularmente pedía adelantos de sueldo y préstamos a la entidad, los que eran entregados sin problemas por el anterior director de Gestión y Finanzas, Germán Appel, que fue quien lo integró a la institución en 1998.
Luego de asumir en el cargo, Osorio, le solicitó reiteradamente anticipos y préstamos, presentando cheques a fecha como garantía. Pero a poco andar, solicitó que no fueran depositados porque no tenían fondos.
Esto provocó que Moscoso solicitara una investigación interna que abordó el período agosto de 2004 y diciembre de 2005. Los resultados arrojaron que Osorio mantenía una deuda de $ 38 millones con la institución, información que fue remitida al Presidente del CDLA, Santiago Araya. Incluso, dentro de la deuda había un préstamo personal de Hidalgo, por un monto de $ 8.486.973, que fue pagado al contralor con recursos del consejo, a través de un cheque.
Como una forma de encubrir este pago, se pidió una boleta de honorarios sin retención por el mismo monto a un auditor externo de la institución.
Como consecuencia, se realizó un convenio privado para que Osorio comenzara a pagar las platas adeudadas a más tardar en agosto de 2007. Pero el convenio nunca se firmó.
Desde enero de 2006, los préstamos se suspendieron, pero el secretario ejecutivo continuó solicitando anticipos, cercanos al 100% de su sueldo, que le eran descontados mensualmente. Pero la deuda anterior no estaba incluida en estos descuentos.
Pero no sólo Osorio tenía de prestamista al Consejo. El propio presidente, Santiago Araya, solicitó préstamos institucionales en marzo y abril de 2006, por un monto total de $6.800.000, los que fueron autorizados por el secretario ejecutivo. Cuatro millones de estos eran para la Fundación Trafquin, de la que es el gerente general y el resto para uso personal.
A través de un cheque por $5.800.000 de la Fundación Trafquin, intentó pagar la deuda en junio de 2006. Pero este no tenía fondos.
La gota que rebasó el vaso
Pero las sorpresas continuaban. En julio de 2007, ad portas del vencimiento del plazo para que Osorio finiquitara sus deudas con el Consejo, se enteraron de otra irregularidad.
El CDLA había sido demandado por un particular, por el arriendo impago de la residencia de Osorio, que arrendó a nombre de la institución el 23 de julio de 2001.
Esto redundó en una sentencia que condenó al consejo a pagar, pero las partes llegaron a un acuerdo que no se cumplió, por lo que el juicio sigue vigente. Curiosamente, en el avenimiento el contralor interno emitió un cheque que fue protestado. Y no habría sido la única vez en que actuó como "prestamista" de Osorio. La situación habría sido omitida por el involucrado y el hasta la fecha asesor jurídico del consejo, Diego Carrasco.
Este nuevo antecedente fue la gota que rebalsó el vaso. Por ello, Moscoso solicitó una nueva investigación interna entre agosto de 2002 y julio de 2004. La elección de este período, se debió a que contaban con los registros desde ese año.
En la revisión, se encontraron posibles pagos no justificados o deudas no saldadas de Osorio por un monto estimativo de $ 94 millones, que incluyen los $ 38 millones mencionados anteriormente Allí se constatan inconsistencias entre el registro contable efectuado en el libro de banco y el libro mayor del sistema contable de la institución.
Ministerios se enteraron en octubre de 2007
Toda esta historia, con antecedentes incluidos, fueron entregados por Moscoso primero a algunos miembros del Consejo, el 31 de agosto de 2007. Pero nada pasó. Incluso, fuentes ligadas al caso explican que hubo un enorme hostigamiento hacia los empleados, incluido Moscoso, de parte de Araya y Osorio. Moscoso entonces presentó su renuncia al cargo el 10 de octubre.
Un día después informó de la situación a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), a través de una carta dirigida al entonces ministro vicepresidente del Consejo de las Américas, Ricardo Lagos Weber.
El mismo día se remitió una misiva idéntica a la subsecretaría de Hacienda, a nombre de María Olivia Recart. En ambas, se detallaban los antecedentes ya relatados -así como otros datos- y se solicitaba una investigación en profundidad del caso.
El día 12 de octubre fue recibido personalmente por el jefe de gabinete de Lagos Weber, Eduardo Jara, para respaldar lo señalado en la carta. El ministro fue informado por el jefe de la División Jurídica de la repartición, y ordenó realizar el sumario correspondiente, según fuentes de la cartera.
Posteriormente, en una conversación telefónica, la asesora de Recart, Paulina Ortega, le señaló que el caso sería manejado por la Segegob, decisión que habría sido tomada por los 4 ministerios miembros del Consejo: Segegob, subsecretaria de Hacienda, Conama y Bienes Nacionales.
Por su parte, Recart admite que recibieron esta información, a raíz de lo cual nombró a dos personas del ministerio para que se hicieran cargo del tema y verificaran los antecedentes. Y a fines de 2007 se solicitó que el consejo licitara una auditoría, "cuyos resultados fueron entregados en abril y nos llevó a establecer la querella contra Osorio y Moscoso", explica la subsecretaria.
Consultado al respecto, Lagos Weber aseguró que mandó a hacer la auditoría.
De esa cifra, el 8,2 por ciento de los recursos son para la administración, que se divide en 7,8 por ciento para el Consejo y 0,4 por ciento para la Fundación Ideas, también a cargo del proyecto.
Y es en este ítem, donde se encuentran las irregularidades, que empezaron a hacer ruido luego de que Cristián Moscoso asumió el cargo de director de Gestión y Finanzas de la CDLA en agosto de 2005. Al hacerlo, ya venía advertido de que algo no andaba bien con las finanzas de la institución de Orrego Luco 011.
El propio contralor interno de la entidad, Marcelo Hidalgo, le explicó que el secretario ejecutivo del Consejo, Jorge Osorio, regularmente pedía adelantos de sueldo y préstamos a la entidad, los que eran entregados sin problemas por el anterior director de Gestión y Finanzas, Germán Appel, que fue quien lo integró a la institución en 1998.
Luego de asumir en el cargo, Osorio, le solicitó reiteradamente anticipos y préstamos, presentando cheques a fecha como garantía. Pero a poco andar, solicitó que no fueran depositados porque no tenían fondos.
Esto provocó que Moscoso solicitara una investigación interna que abordó el período agosto de 2004 y diciembre de 2005. Los resultados arrojaron que Osorio mantenía una deuda de $ 38 millones con la institución, información que fue remitida al Presidente del CDLA, Santiago Araya. Incluso, dentro de la deuda había un préstamo personal de Hidalgo, por un monto de $ 8.486.973, que fue pagado al contralor con recursos del consejo, a través de un cheque.
Como una forma de encubrir este pago, se pidió una boleta de honorarios sin retención por el mismo monto a un auditor externo de la institución.
Como consecuencia, se realizó un convenio privado para que Osorio comenzara a pagar las platas adeudadas a más tardar en agosto de 2007. Pero el convenio nunca se firmó.
Desde enero de 2006, los préstamos se suspendieron, pero el secretario ejecutivo continuó solicitando anticipos, cercanos al 100% de su sueldo, que le eran descontados mensualmente. Pero la deuda anterior no estaba incluida en estos descuentos.
Pero no sólo Osorio tenía de prestamista al Consejo. El propio presidente, Santiago Araya, solicitó préstamos institucionales en marzo y abril de 2006, por un monto total de $6.800.000, los que fueron autorizados por el secretario ejecutivo. Cuatro millones de estos eran para la Fundación Trafquin, de la que es el gerente general y el resto para uso personal.
A través de un cheque por $5.800.000 de la Fundación Trafquin, intentó pagar la deuda en junio de 2006. Pero este no tenía fondos.
La gota que rebasó el vaso
Pero las sorpresas continuaban. En julio de 2007, ad portas del vencimiento del plazo para que Osorio finiquitara sus deudas con el Consejo, se enteraron de otra irregularidad.
El CDLA había sido demandado por un particular, por el arriendo impago de la residencia de Osorio, que arrendó a nombre de la institución el 23 de julio de 2001.
Esto redundó en una sentencia que condenó al consejo a pagar, pero las partes llegaron a un acuerdo que no se cumplió, por lo que el juicio sigue vigente. Curiosamente, en el avenimiento el contralor interno emitió un cheque que fue protestado. Y no habría sido la única vez en que actuó como "prestamista" de Osorio. La situación habría sido omitida por el involucrado y el hasta la fecha asesor jurídico del consejo, Diego Carrasco.
Este nuevo antecedente fue la gota que rebalsó el vaso. Por ello, Moscoso solicitó una nueva investigación interna entre agosto de 2002 y julio de 2004. La elección de este período, se debió a que contaban con los registros desde ese año.
En la revisión, se encontraron posibles pagos no justificados o deudas no saldadas de Osorio por un monto estimativo de $ 94 millones, que incluyen los $ 38 millones mencionados anteriormente Allí se constatan inconsistencias entre el registro contable efectuado en el libro de banco y el libro mayor del sistema contable de la institución.
Ministerios se enteraron en octubre de 2007
Toda esta historia, con antecedentes incluidos, fueron entregados por Moscoso primero a algunos miembros del Consejo, el 31 de agosto de 2007. Pero nada pasó. Incluso, fuentes ligadas al caso explican que hubo un enorme hostigamiento hacia los empleados, incluido Moscoso, de parte de Araya y Osorio. Moscoso entonces presentó su renuncia al cargo el 10 de octubre.
Un día después informó de la situación a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), a través de una carta dirigida al entonces ministro vicepresidente del Consejo de las Américas, Ricardo Lagos Weber.
El mismo día se remitió una misiva idéntica a la subsecretaría de Hacienda, a nombre de María Olivia Recart. En ambas, se detallaban los antecedentes ya relatados -así como otros datos- y se solicitaba una investigación en profundidad del caso.
El día 12 de octubre fue recibido personalmente por el jefe de gabinete de Lagos Weber, Eduardo Jara, para respaldar lo señalado en la carta. El ministro fue informado por el jefe de la División Jurídica de la repartición, y ordenó realizar el sumario correspondiente, según fuentes de la cartera.
Posteriormente, en una conversación telefónica, la asesora de Recart, Paulina Ortega, le señaló que el caso sería manejado por la Segegob, decisión que habría sido tomada por los 4 ministerios miembros del Consejo: Segegob, subsecretaria de Hacienda, Conama y Bienes Nacionales.
Por su parte, Recart admite que recibieron esta información, a raíz de lo cual nombró a dos personas del ministerio para que se hicieran cargo del tema y verificaran los antecedentes. Y a fines de 2007 se solicitó que el consejo licitara una auditoría, "cuyos resultados fueron entregados en abril y nos llevó a establecer la querella contra Osorio y Moscoso", explica la subsecretaria.
Consultado al respecto, Lagos Weber aseguró que mandó a hacer la auditoría.
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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