The Economist
Por largo tiempo considerado como el país con mejor gobierno de América Latina, Chile se ha visto empañado últimamente por casos de corrupción y el mal manejo de fondos públicos.
En un principio las cantidades involucradas eran tan pequeñas que parecían confirmar la reputación de rectitud del país. Hace seis años hubo gran alboroto cuando US$ 20 mil fueron a parar a los bolsillos equivocados en el Ministerio de Obras Públicas. Más tarde se encontró que la misma cartera utilizó contratos externos para elevar los sueldos de sus empleados. Desde entonces, no obstante, los escándalos se han vuelto más turbios, más inmorales y, en algunos casos, más sucios. Incluyen acusaciones de fraude, real o intento de éste, en la subsecretaría de Deportes, entidad a cargo de la promoción deportiva; en el servicio de ferrocarriles del Estado y, hace poco, en el Registro Civil.
Sin embargo, el golpe más grande a la confianza de los chilenos en sus instituciones públicas fue el descubrimiento a principios de este año de un agujero de $263 mil millones (US$ 560 millones), equivalente al 0,3% del PIB, en las cuentas del Ministerio de Educación en el período 2004-06. Esto condujo a la acusación constitucional (primera de un miembro del Gabinete desde la restauración de la democracia en 1990) de Yasna Provoste, la ministra de la cartera.
El caso de los fondos de educación desaparecidos realmente parece más incompetencia que fraude. Todo indica que gran parte del dinero se pagó, como debería haber sido, a las escuelas de la capital, Santiago. Pero la incapacidad de un ministerio que gasta alrededor de una quinta parte del presupuesto de gobierno para mantener sus cuentas en orden indica que la administración pública de Chile, la que hace sólo dos años fue descrita por el Banco Interamericano de Desarrollo como una de las más eficientes en la región, no está al nivel de su reputación.
"Estoy muy preocupado por los signos de fatiga en el aparato de Estado", admite Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior desde enero.
El problema fundamental, no obstante, es que el gasto público ha aumentado más rápido que la capacidad de la administración pública para gastar dinero en la forma debida. El presupuesto ha aumentado en seis veces desde 1990; alcanzó los US$ 36 mil millones este año. Mientras tanto, los empleados públicos no pueden deshacerse de las viejas tecnologías y procesos. El Ministerio de Educación es un caso en cuestión. Se han estado inspeccionando minuciosamente las prácticas contables de su división a cargo de los pagos a las escuelas en Santiago durante una década, pero fue sólo el año pasado cuando empezó a reemplazar los cheques firmados a mano por transferencias electrónicas.
Parte del problema se puede encontrar en la herencia de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973 a 1990). Ésta legó un nudo de leyes que han hecho difícil cambiar el funcionamiento del Estado y lo han atrincherado en la Constitución. A medida que el crecimiento económico sostenido aumentó el erario público, para el gobierno fue más fácil crear programas ad hoc que no necesitaban la aprobación del Congreso, en vez de intentar los desafíos legislativos de reestructurar el Estado de acuerdo con las exigencias actuales.
Dinero en todas partes
Este truco ha resultado ser tan conveniente, que algunos de estos programas ahora tienen un presupuesto más grande que muchas entidades de gobierno, señala Rosanna Costa, experta en materias fiscales del instituto de estudios Libertad y Desarrollo. Algunos de ellos hacen cosas buenas. Por ejemplo, el éxito del país en reducir la pobreza se debe en parte a Chile Solidario, uno de esos programas. Sin embargo, debido a que a menudo involucran a varios ministerios, ellos han tendido a debilitar los procedimientos normales de rendición de cuentas.
"El Estado ya no moja el campo de juego con una manguera, sino con rociadores desde los costados y, en el camino, pueden ocurrir filtraciones obviamente", manifestó Ramiro Mendoza, jefe de la institución autónoma a cargo de fiscalizar las cuentas del gobierno, en una entrevista en el periódico "La Tercera" a principios de este año.
Aun así, gran parte de la fatiga también se puede atribuir a la Concertación, la coalición de centroizquierda que ha gobernado el país desde 1990.
Ahora, en su cuarto período, la Concertación está tan acostumbrada al poder que la idea de gobierno como un fiduciario temporal del Estado se ha olvidado un poco. En privado, personeros reconocen que algunas de las entidades del Estado han sido capturadas por los partidos que conforman la coalición de gobierno; que las utilizan como una fuente de empleos para los miembros que por casualidad están temporalmente sin un cargo de gobierno; y las ven como una fuente potencial de fondos electorales.
Una ley aprobada en 2003 para crear una administración pública profesional redujo la cantidad de designados políticos. Cuando la Presidenta Michelle Bachelet asumió en 2006, pudo designar sólo 800 funcionarios (de un total de 160 mil en la administración del gobierno central), una cuarta parte del número que había designado seis años antes su predecesor, Ricardo Lagos; aunque los nuevos profesionales elegidos por méritos aún pueden ser despedidos si así se les antoja a sus jefes políticos.
Sin embargo, se necesita remodelar más el Estado si el Gobierno quiere poner en práctica una agenda que incluya una educación estatal de mejor calidad y una gran reforma de pensiones, la que debe entrar en vigor en julio. O, como parece cada vez más probable, los votantes en las elecciones presidenciales del próximo año tal vez concluyan que la Concertación es parte del problema más bien que la solución.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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